Según un comunicado de la formación, Vaquero registrará una batería de preguntas para saber qué tipo de controles realizó la consejera de Educación, Juventud y Deporte, Lucía Figar, y “cómo es posible que no se diera cuenta de que había una trama mafiosa en el interior de su departamento”.
“Mientras en Madrid se han despedido a profesores de la escuela pública, se han recortado las ayudas a las becas de comedor o libros de texto y no se han construido los colegios públicos que necesita la ciudadanía, se ha sembrado la región de colegios privados que nacían concertados y a los que se les ha regalado el suelo público a costa de que Granados se embolsara 900.000 euros por cada adjudicación”, ha manifestado la diputada regional de IU.
“Queremos saber, porque la ciudadanía tiene derecho a saber, si Figar tenía conocimiento y si tiene previsto abrir una comisión de investigación dentro de la Consejería de Educación para llegar hasta el final de las responsabilidades políticas y penales”, ha enfatizado.
A su juicio, se ha “expoliado a manos llenas la educación pública en beneficio de intereses privados”, mientras los interesados pagaban sus “favores” a los gestores políticos de la Comunidad de Madrid.
“Esto no es sólo una responsabilidad de Francisco Granados, es de todo el Gobierno regional y especialmente de la consejera de Educación, Lucía Figar, y de Esperanza Aguirre”, quien era presidenta del Ejecutivo cuando supuestamente tuvieron lugar estos hechos “vergonzosos, vergonzantes y que hablan de un PP podrido de arriba a abajo”, ha aseverado.
Vaquero ha recordado que Granados “encima tuvo la poca vergüenza de denunciar a la marea verde por lucro ilegal con la venta de camisetas verdes que reivindicaban una escuela pública de todos y para todos”.
Según el diario 'ABC', en total se adjudicaron 18 colegios en la Comunidad de Madrid mediante esta operación con la empresa Alfedel, que construía los colegios y luego los traspasaba para su gestión a cooperativas de profesores.