El Poder Judicial recrimina al Gobierno que ataque decisiones judiciales: “Debilita los cimientos de una sociedad democrática”
El pasado miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó en la sede del PSOE en la calle Ferraz para requerir una cantidad considerable de documentación en el marco del caso Leire. Además, el mismo juez de la Audiencia Nacional que ordenó esa diligencia, Santiago Pedraz, emitía un auto por el que acordaba la imputación de quien fuera número tres del partido Santos Cerdán y de la actual gerente de los socialistas, Ana Fuentes.
El estallido de esta operación venía a sumarse a otros golpes judiciales que afectaban de lleno al PSOE, como la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su papel protagónico en una presunta trama dedicada al tráfico de influencias. Y ante ese cúmulo de noticias judiciales hubo ministros socialistas, como Óscar Puente, que decidieron saltar a la palestra pública para denunciar que el Gobierno de Pedro Sánchez era víctima de una operación de algunos sectores de la política, la justicia y los medios de comunicación para derribarlo “con métodos nada democráticos”.
Una vez más, la respuesta del Poder Judicial a este nuevo ataque del Ejecutivo no se ha hecho esperar. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado una declaración institucional en la que muestra su preocupación por manifestaciones de “cualificados responsables de altas instituciones del Estado” que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales. A su juicio, “contribuyen con ello a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho”.
Como ya hicieran en anteriores ocasiones, la comisión, presidida por la presidenta 'progresista' del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, recuerda que la defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de Derecho. Y considera que un entorno político en el que se realizan críticas de esta naturaleza “debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada y cuestiona los fundamentos del Estado de Derecho al instrumentalizarse la actividad judicial”.
Al hilo, en este breve comunicado, el CGPJ recuerda la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial, “respeto que no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de Derecho y de las libertades del ciudadano”.
La denucia pública de Puente sobre esa supuesta operación político-judicial para acabar con el Gobierno no ha sido el único aldabonazo socialista hacia el trabajo de los jueces. Tras conocerse el sumario del caso que afecta a Zapatero y que instruye en la Audiencia Nacional el magistrado José Luis Calama, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, exigía en público una justicia igualitaria. Apuntaba, además, a que se redactaban sumarios que “podrían presentarse al Premio Planeta como mejor obra literaria”.