Análisis

Los jueces regalan a Feijóo una manguera para regar de falsedades su duelo con Sánchez

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Algunos jueces instructores llevan meses investigando en España al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez sin encontrar, de momento, pruebas sólidas del supuesto delito que, sin citarlo expresamente en sus resoluciones, persiguen. No hay, de momento, imputados por financiación ilegal, ni el PSOE está encausado en ningún procedimiento por organización criminal. Pero las numerosas diligencias de investigación que ordenan los jueces alimentan sospechas graves difundidas sin demasiados escrúpulos.

Esta situación excepcional en plena campaña electoral ha sido la prodigiosa escapatoria en la que se apoya Alberto Núñez Feijóo para achacar los peores delitos del Código Penal al presidente del Gobierno. El líder del PP acusó a Sánchez y a su partido de financiación ilegal, organización criminal o amaño de contratos. Feijóo aludió incluso en el debate electoral a una posible responsabilidad contable del hermano del presidente por cobrar 300.000 euros de dinero público sin ir a trabajar.

Una catarata de falsedades, propiciadas en parte por procesos judiciales opacos y confusos, enfangó el cara a cara. Pedro Sánchez prefirió el silencio como defensa y pareció un condenado en rebeldía, por incomparecencia.

Los sumarios a los que se aferró Feijóo para sacar su metralleta de mentiras contra el Gobierno y el PSOE son los que siguen:

Caso de los pagos en metálico del PSOE: de un descuadre de 500 euros a investigar siete años de finanzas del PSOE

A finales de octubre de 2025, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno recibió del Tribunal Supremo un escrito con las sospechas sobre los pagos en metálico que el PSOE había hecho a dos investigados –y más tarde condenados– por corrupción: José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y Koldo García, su asesor principal.

Existía un descuadre de al menos 500 euros y el Supremo –el magistrado Leopoldo Puente con el impulso del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón– trasladó sus sospechas a la Audiencia Nacional. El instructor Ismael Moreno decidió entonces abrir una investigación sobre “una serie de conductas que pudieran ser calificadas de un ilícito penal, desde el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el PSOE, amén de otras eventuales irregularidades”. En ese auto nada se decía de la financiación ilegal del PSOE sino todo lo contrario, se investigaba un “posible desfalco” cometido contra esa formación.

A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juez instructor reclamó todos los pagos en metálico hechos por el PSOE no solo a Ábalos y a García sino a todos los trabajadores del partido durante siete años (2017-2024). La pieza se declaró secreta hace casi un año y así continúa sin que nadie pueda saber nada. El PSOE remitió en cientos de archivos todos los justificantes los pagos en efectivo “cuadrados al céntimo”. Nada se sabe de las conclusiones que la UCO ha sacado de esa documentación, pero el juez sigue ordenando diligencias. La última, la entrada de la UCO en el Tribunal de Cuentas en busca de información sobre los donantes del partido.

Con estos mimbres tan difusos, Alberto Núñez Feijóo condenó a Sánchez en el cara a cara: “Tiene dos sumarios de financiación irregular del Partido Socialista. Quizás algún día, usted tenga que responder delante de los tribunales cómo se financia su partido”. El PSOE entregó al Tribunal Supremo toda la documentación que acreditaba cómo se financiaba sin que el magistrado instructor hallase irregularidades.

Caso Leire Díez: la “organización criminal” de las “supuestas cloacas” del PSOE

El segundo sumario de financiación irregular al que se refirió Feijóo fue el denominado caso Leire Díez, que investiga una “organización criminal permanente y estructurada, al menos, desde 2021 cuyo objetivo fundamental sería, valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública, establecer una estructura paralela de ”protección frente a la actuación de investigaciones judiciales“ que afectan al PSOE o a familiares de su secretario general”.

En ningún caso el juez instructor, Santiago Pedraz, ha encontrado en la causa el más mínimo indicio de financiación irregular del PSOE. Y aunque la gerente del PSOE ha sido imputada, los hechos que se le atribuyen son el pago de varias facturas a distintos abogados que supuestamente colaboraban para proteger a dirigentes del partido en investigaciones judiciales. Esos pagos fueron ordenados por quien fue secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, imputado en la causa. El PP, que ejerce la acusación popular en esta causa, ha solicitado la imputación del PSOE. Pero tanto el juez Pedraz como la Fiscalía Anticorrupción se han opuesto con el argumento de que es prematuro, deslizando la idea de que existen indicios para tomar esa medida. De momento, el PSOE no está imputado en el caso Leire Díez por organización criminal.

Caso David Sánchez: de una acusación con penas de cárcel por tráfico de influencias a una inhabilitación por cambiar de nombre un puesto de trabajo

La jueza Beatriz Biedma instruyó el caso David Sánchez y procesó por tráfico de influencias al hermano del presidente del Gobierno, al presidente de la Diputación de Badajoz y a otra decena de cargos y funcionarios. Durante la instrucción, dirigió el interrogatorio a Sánchez de manera que pareció que David Sánchez nunca supo donde estaba su despacho y, por tanto, sembró la duda sobre si trabajó realmente en aquel cargo que crearon para él por ser el hermano del presidente del Gobierno.

En ese interrogatorio, David Sánchez dejó claro donde trabajó. Primero, en un despacho del conservatorio superior y cuando regresó de una excedencia de un año, coincidente con lo peor de la pandemia, en diversos espacios habilitados en una sala de reuniones, en un espacio ocupada por el diputado de Cultura de la Diputación y en otras salas. Los funcionarios y cargos de la Diputación de Badajoz que declararon ante la jueza Biedma acreditaron que David Sánchez trabajó y a veces por encima de su horario en la preparación de óperas y otros eventos. Pero la idea de que había cobrado sin trabajar quedó instalada durante la instrucción de la causa.

La jueza Beatriz Biedma vio en el caso un tráfico de influencias por el que la acusación popular que dirigía el PP le pidió seis años de cárcel durante el juicio. Pero el tribunal que juzgó a David Sánchez no encontró pruebas sólidas del tráfico de influencias y tan solo le condenó a nueve años de inhabilitación, sin cárcel, “como cooperador necesario en la transformación y cambio de denominación de su plaza”, sin aumento de sueldo, porque “participó activamente en la redefinición del puesto para adaptarlo a sus intereses personales y profesionales”.

Feijóo deslizó durante el debate con Sánchez que el hermano del presidente había sido “condenado a nueve años”, sin añadir que eran de inhabilitación y no de cárcel, como pidió su propio partido y el tribunal desestimó. Al finalizar el cara a cara, Feijóo redobló su acusación mendaz con una pregunta apoyada en una premisa sin fundamento: “¿Qué opina usted de que su hermano no haya ido a trabajar y haya cobrado 300.000 euros?”.

La afirmación es falsa, pero se apoya en algo cierto: la decisión del Tribunal de Cuentas de estudiar la reclamación de las acusaciones populares para que Sánchez reintegre todo lo cobrado durante su etapa de trabajo en la Diputación de Badajoz tras la sentencia que le condena por prevaricación.