En la resolución, fechada a 21 de mayo y a la que ha tenido acceso Europa Press, la Junta responde a la delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, que solicitó a la Junta que se pronunciara sobre esta concentración donde podía haber “valoraciones y críticas a la situación económica y social, todas ellas de carácter reivindicativo y político”.
De este modo, la Junta, que se plantea el ejerecicio de derecho de reunión de los ciudadanos, destaca que no lo puede aceptar porque, primero, “se vulnera la Constitución”, en concreto, en el artículo 21.2, “donde se establece la obligatoriedad de comunicar” las concentraciones o manifestaciones “a la autoridad gubernativa, a los efectos oportunos, lo que aquí no se ha producido”.
También destaca que la finalidad de la concentración es “la promoción y difusión de las distintas consignas políticas, por voluntad de sus organizadores, que objetivamente tienen una incidencia directa en el proceso electoral en curso y afecta al mismo”, apunta la Junta.
En consecuencia, “son de aplicación la disposición las disposiciones legales cuyo propósito es compatibilizar ese derecho fundamental con la existencia de un proceso electoral limpio, transparente, objetivo e igualdad para todos los que participen en él”, limitándose los actos vinculados con la campaña electoral.
Por tanto, en los días de reflexión y votación, recuerda la Junta, la “legislación prohíbe realizar acto alguno de propaganda o campaña electoral , de acuerdo con los artículos 53 y 114.1 de la LOREG, que es lo pretendido por los promotores de la convocatoria, pues ninguna otra conclusión cabe obtener del contenido de sus consignas.