El expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, vinculado al exdirigente del PSOE Santos Cerdán, quedaron este sábado en libertad tras comparecer en la Audiencia Nacional y después de que la Fiscalía Anticorrupción no solicitara su ingreso en prisión. El juez Antonio Piña investiga si utilizaron su “influencia” para que altos cargos o funcionarios de empresas públicas amañaran hasta cinco contratos a partir del año 2021 a cambio de mordidas, informan fuentes de la investigación.
El magistrado acordó retirarles el pasaporte y obligarles a comparecer cada 15 días en los juzgados, tal y como había reclamado la fiscal Elisa Lamelas. Leire Díez y Antxon Alonso se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que Vicente Fernández sí respondió a las preguntas de todas las partes y negó su participación en los supuestos amaños. Los tres están investigados por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Según el auto dictado este sábado por el juez, desvelado por El Confidencial, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a los tres encausados la participación en el supuesto amaño de al menos cinco contratos adjudicados por la SEPI o empresas públicas participadas por el holding estatal por valor de 132,9 millones de euros.
Se les acusa de “haber orientado expedientes seguidos en la administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública”. A cambio, siempre según este medio, cobraban comisiones que canalizaban principalmente a través de una mercantil llamada Mediaciones Martínez SL.
Vicente Fernández fue presidente de la SEPI tras la llegada del PSOE a la Moncloa: entre junio de 2018 y octubre de 2019. Político de la confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasó apenas 15 meses al frente de la empresa pública hasta que su implicación en el caso Aznalcóllar —del que acabó absuelto la semana pasada— motivó su cese. Leire Díez, por su parte, fue responsable de comunicación de Enusa entre octubre de 2018 y diciembre de 2021. Después pasó a ser directora de Relaciones Institucionales y Filatelia en Correos, donde estuvo hasta finales de 2023.
El grupo integrado por los tres implicados se habría denominado Hirurok, que significa “los tres” en euskera. Según la investigación, su actividad se proyectó sobre “distintos puntos del territorio nacional” y “varias administraciones públicas”. Y operó “al menos en el periodo comprendido entre los años 2021 y 2023”. Esto es, una vez que Vicente Fernández había salido de la SEPI. Ante el juez, él ha negado cualquier irregularidad. Ha sido preguntado por cantidades facturadas que los investigadores sospechan que pueden ser comisiones por presuntos amaños y él lo ha negado.
La operación de mayor volumen que está bajo sospecha es el rescate por parte de la SEPI de la empresa vasca Tubos Reunidos, que recibió un préstamo participativo de 112,8 millones en 2021. Una ayuda que la compañía debe devolver, como tarde, en 2028. La tesis de los investigadores es que el grupo llevó a cabo labores de “intermediación” que “podrían haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda”. Y que cobraron por ello 114.950 euros.
Fuentes de la compañía Tubos Reunidos admiten que la sociedad ha mantenido un “contrato de asesoramiento con cantidades estándar hasta hace unos meses” con Vicente Fernández, si bien afirman que no han tenido colaboración alguna ni con Leire Díez ni con Antxon Alonso. Estas mismas fuentes apuntan que el juzgado de la Audiencia Nacional hizo una solicitud de información sobre ese contrato y que la empresa ha puesto a disposición de las autoridades, de forma inmediata, toda la documentación que obraba en su poder, informa Iker Rioja.
En los otros cuatro la licitación corresponde a la gestora de los mercados centrales de abastecimientos, Mercasa, 18.119,75 euros; la empresa pública del sector nuclear, Enusa, 17.545 euros; el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), 2,8 millones de euros; y Sepides, la sociedad pública dedicada a la promoción industrial y el desarrollo empresarial, 17,3 millones de euros.
Servinabar, la sociedad de Antxon Alonso considerada vehículo para el cobro de mordidas de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama que investiga el Tribunal Supremo, resultó adjudicataria del citado contrato de 18.119,75 euros por parte de Mercasa. La licitación estaba relacionada con la pretensión de un cambio de sede de la empresa pública. Servinabar fue contratada para realizar “un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa” cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede. Los investigadores creen que es un contrato mendaz porque no era necesario.
Causa bajo secreto
Durante la comparecencia, la abogada de Leire Díez ha afirmado que su clienta no iba a declarar porque no había tenido acceso a los datos esenciales de las actuaciones. La causa sigue bajo secreto, por lo que las defensas no han podido examinar los indicios que presuntamente les incriminan. El expresidente de la SEPI ha sido preguntado por cantidades facturadas que los investigadores sospechan que pueden ser comisiones por presuntos amaños y él lo ha negado.
La investigación apunta a uno de los centros neurálgicos del uso de dinero público en la administración central: las empresas de propiedad estatal. En el epicentro aparece la SEPI, el holding público que administra y coordina todas las empresas públicas estratégicas o con participación del Estado.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron esta semana en las oficinas de la SEPI y reclamaron documentación. Otras cinco empresas públicas participadas por el holding público han sido objeto de requerimientos de información. Se trata de Correos, Mercasa, Cofivacasa (cuyo objeto principal es la liquidación de sociedades y la administración de patrimonios) y Enusa, donde los agentes sí llevaron a cabo un registro, informa EFE.
Las fuentes consultas afirman que durante los próximos días se van a acordar más diligencias. Además, los investigadores tienen que analizar el material incautado en los registros y requerimientos de información realizados durante esta semana.
También se han producido requerimientos de información en las sedes de organismos dependientes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, donde se ha reclamado documentación sobre contratos y subvenciones investigados en relación con la trama. Los agentes se han desplazado a la Dirección General de Patrimonio del Estado, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (de Hacienda) y la Dirección General de Política Energética y Minas (Transición Ecológica).