El futuro inmediato de los tres protagonistas de la última trama de presunta corrupción desmantelada esta semana está en manos de la Audiencia Nacional. El expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, pasan este sábado a disposición del juez Antonio Piña, que les investiga por graves delitos: prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. La Fiscalía Anticorrupción impulsa unas pesquisas que indagan en presuntos amaños de contratos públicos y que siguen por el momento bajo secreto de sumario.
Tras pasar casi tres días en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), el juez les tomará declaración y decidirá si les envía a prisión o les somete a otras medidas cautelares menos gravosas, como las comparecencias en el juzgado o la retirada del pasaporte. Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es afirman que el magistrado decidirá el lunes si se inhibe en favor del Tribunal Supremo, donde Antxon Alonso ya es investigado dado el aforamiento del exministro José Luis Ábalos o si es competente el otro juzgado de la Audiencia Nacional que empezó a investigar el caso Koldo.
La investigación apunta a uno de los centros neurálgicos del uso de dinero público en la administración central: las empresas de propiedad estatal. En el epicentro aparece la SEPI, el holding público que administra y coordina todas las empresas públicas estratégicas o con participación del Estado. Vicente Fernández fue su presidente tras la llegada del PSOE a la Moncloa: entre junio de 2018 y octubre de 2019. Político de la confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasó apenas 15 meses al frente de la empresa pública hasta que su implicación en el caso Aznalcóllar —del que acabó absuelto la semana pasada— motivó su cese.
Registros y requerimientos
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron esta semana en las oficinas de la SEPI y reclamaron documentación. Otras cinco empresas públicas participadas por el holding público han sido objeto de requerimientos de información. Se trata de Correos, Mercasa (gestora de los mercados centrales de abastecimientos), Sepides (dedicada a la promoción industrial y el desarrollo empresarial), Cofivacasa (cuyo objeto principal es la liquidación de sociedades y la administración de patrimonios) y Enusa (sector nuclear), donde los agentes sí llevaron a cabo un registro, informa EFE.
Fuentes próximas a las pesquisas aseguran a elDiario.es que los agentes reclamaron en Mercasa contratos del periodo entre 2021 y 2023. Esto es, una vez que Vicente Fernández había salido de la SEPI y había sido contratado por Servinabar, la sociedad de Antxon Alonso considerada vehículo para el cobro de mordidas de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama que investiga el Tribunal Supremo.
Leire Díez, que está siendo investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía y altos mandos de la Guardia Civil, ocupó puestos directivos en dos de estas empresas públicas bajo gobiernos de Pedro Sánchez. Fue responsable de comunicación de Enusa entre octubre de 2018 y diciembre de 2021, época en la que Vicente Fernández presidía la SEPI. Dirigentes socialistas afirman que durante esta etapa ambos acudían juntos a reuniones del holding público. Leire Díez pasó a ser después directora de Relaciones Institucionales y Filatelia en Correos, done estuvo hasta finales de 2023.
También se han producido requerimientos de información en las sedes de organismos dependientes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, donde se ha reclamado documentación sobre contratos y subvenciones investigados en relación con la trama. Los agentes se han desplazado a la Dirección General de Patrimonio del Estado, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (de Hacienda) y la Dirección General de Política Energética y Minas (Transición Ecológica).
Ha habido, asimismo, registros en domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra. Los agentes acudieron también a las instalaciones de la empresa de renovables Forestalia en Zaragoza y Madrid, a la asesoría fiscal Conaudire o a la empresa Cemsal. Y registraron un bar de Sevilla supuestamente vinculado al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.
La operación deja por el momento los citados tres arrestos, aunque hay otras personas investigadas que serán citadas para comparecer en sede judicial próximamente. Entre ellas está el expresidente de Enusa entre 2018 y 2021, José Vicente Berlanga, al que el PSOE suspendió de militancia este viernes.
Servinabar, en el foco
Estas pesquisas ha vuelto a poner el foco sobre Servinabar, la empresa navarra en la que Santos Cerdán tenía supuestamente el 45% de las participaciones, según la documentación incautada por la Guardia Civil. El exdirigente socialista lo niega, si bien un informe posterior de la UCO reveló que esta empresa le había pagado alquileres, viajes o comidas y que había contratado a sus familiares.
Fuentes de la investigación afirman que esta nueva operación deriva del material requisado en la batería de registros del pasado junio vinculados a Antxon Alonso, que está también imputado en la causa del presunto amaño de contratos que investiga el Tribunal Supremo y que ha llevado a prisión a dos ex secretarios de Organización del PSOE. Cuatro agentes de la UCO se personaron en su dúplex en la localidad vizcaína de Elorrio a las 8.05 horas del 10 de junio.
El registro se extendió hasta las 23.57 horas, cuando los investigadores terminaron de examinar las oficinas de su empresa, Servinabar, ubicada en Pamplona, a un centenar de kilómetros de allí. Los agentes se incautaron de dos ordenadores, un disco duro, dos iPhone, así como abundante documentación en formato digital y papel. Antxon Alonso estuvo entonces bajo custodia policial, pero no detenido, como sí lo ha estado en esa ocasión.
Esa documentación motivó que la Fiscalía Anticorrupción abriera una nueva investigación al considerar que el asunto era diferente al presunto amaño de obras que investiga el Tribunal Supremo. Esta semana, un movimiento de Vicente Fernández provocó que saltaran las alarmas entre los investigadores y acudieran de urgencia a la Audiencia Nacional a judicializar las diligencias. Se encontraba de guardia Antonio Piña, magistrado al frente del Juzgado Central Instrucción 6, que autorizó los 19 registros y las detenciones y que este sábado tomará declaración a los arrestados y decidirá sobre su libertad.