La última investigación de la Fiscalía Anticorrupción apunta a uno de los centros neurálgicos del uso de dinero público en la administración central. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en las últimas horas en la sede de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), compañía pública que factura al año casi 6.000 millones de euros. Los agentes presentaron un requerimiento de información sobre contratos mientras el expresidente del organismo, Vicente Fernández, aguardaba detenido en el calabozo de las dependencias del instituto armado en Tres Cantos.
La SEPI no fue la única empresa pública objeto de los investigadores. Fuentes próximas a las pesquisas aseguran a elDiario.es que los agentes reclamaron en Mercasa, que gestiona los mercados centrales de abastecimientos, contratos del periodo entre 2021 y 2023. Esto es, una vez que Vicente Fernández había salido de la SEPI y pasado a cobrar de Servinabar, la sociedad de Antxon Alonso considerada vehículo para el cobro de mordidas de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama que investiga el Tribunal Supremo.
Fernández llegó a la presidencia de la SEPI en junio de 2018, con el ascenso al poder del PSOE, y estuvo en el cargo hasta octubre de 2019. Político de la confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Vicente Fernández pasó apenas 15 meses al frente de la empresa pública hasta que su presunta implicación en el caso Aznalcóllar, una derivada del caso de los ERE de Andalucía, motivó su cese.
Es a partir de esa época cuando empieza su actividad sospechosa. Vicente Fernández comenzó a buscar entonces trabajo en el entorno del PSOE, explican fuentes del partido. Las mismas fuentes creen que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría respondido a esa inquietud laboral de Vicente Fernández poniéndole en contacto con Antxon Alonso.
La investigación va dirigida a la influencia que pudo ejercer Vicente Fernández en la SEPI después de haber tenido que dejar el puesto y cómo Servinabar se pudo beneficiar de las adjudicaciones. En 2021, según un informe de la Hacienda foral de Navarra incorporado al sumario del caso Cerdán, el expresidente de la SEPI comenzó a trabajar para Servinabar. En dos años, Fernández cobró 100.000 euros de esa sociedad de Antxon Alonso.
La precipitación de la operación el miércoles y el secreto de las actuaciones ha generado una ceremonia de la confusión sobre el origen de unas pesquisas en las que se repiten elementos clave de la investigación del Tribunal Supremo que mantuvo a Santos Cerdán varios meses en la cárcel. Un movimiento de Vicente Fernández provocó que saltaran las alarmas entre los investigadores y acudieran de urgencia a la Audiencia Nacional, donde se encontraba de guardia Antonio Piña, magistrado al frente del Juzgado Central Instrucción número 6, que autorizó los 19 registros y las tres detenciones.
Ese es el motivo de que cinco de los registros comenzaran el miércoles y el resto se alargaran toda la jornada del jueves. En primer lugar, se detuvo a Vicente Fernández y a Leire Díez, pero Antxon Alonso tardó horas en ser localizado. La sede de Servinabar, junto a la Plaza del Castillo de Pamplona, fue objeto de uno de los registros.
Entre las empresas públicas a las que han accedido los investigadores figuran también Sepides (Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial) y Enusa, empresa pública del sector nuclear dependiente de la SEPI, donde ocupó un puesto directivo Leire Díez. Además de esas empresas públicas, los agentes han acudido a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital aragonesa, o a la empresa Cemsal.
Agentes de la UCO registraron también en la noche del miércoles un inmueble ubicado en la calle Diego de León de Madrid en el que Leire Díez presuntamente mantenía reuniones con empresarios, y otro en el barrio de Las Tablas, propiedad de una amiga y donde la exmilitante del PSOE dormía a veces en sus desplazamientos a Madrid. Los agentes mostraron un auto del juez que hacía referencia al cobro de 21.000 euros por parte de Leire Díez, pagados por Vicente Fernández en una supuesta operación encubierta bajo el pago de un vehículo de segunda mano.
El sábado, a disposición judicial
El juez Piña tomará declaración a los tres detenidos el próximo sábado. Hasta ese momento permanecerán en dependencias policiales. Piña decidirá entonces si envía a prisión o somete a los investigados a otras medidas cautelares menos graves y también si se inhibe en favor del Tribunal Supremo, donde Antxon Alonso ya es investigado en razón del aforamiento de José Luis Ábalos, o si es competente el otro juzgado de la Audiencia Nacional que empezó a investigar el caso Koldo.
Vicente Fernández resultó absuelto hace unos días en la sentencia del caso de la mina de Aznalcóllar, junto a los otros 15 acusados. El paso de Leire Díez por la empresa pública ENUSA coincidió con la de Fernández en la SEPI y ambos acudieron juntos a varias reuniones. Ella, en su cruzada contra supuestas investigaciones policiales y judiciales con tintes políticos, ha atacado la instrucción del caso de los ERE que, por otra parte, recibe serios correctivos en lo que a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre Aznalcóllar se refiere.
Este jueves, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha marcado distancias respecto a Vicente Fernández, quien fue su hombre de confianza desde el año 2016, cuando como consejera de Hacienda le nombró Interventor General de la Junta de Andalucía, donde tiene su plaza de funcionario. Cuando Pedro Sánchez la designó ministra, Montero se llevó a todo su equipo de la consejería a Madrid. Uno de ellos fue Vicente Fernández, a quien hizo presidente de la SEPI.
Cuando fue imputado por la adjudicación de la mina de Aználcollar, Montero le hizo dimitir de la empresa pública, pero dejó el puesto vacante durante un año a la espera de que pudiera volver confiada en su inocencia. En 2021, el Gobierno decidió nombrar presidenta de SEPI a Belén Gualda. Durante ese tiempo, Vicente Fernández volvió a su plaza en Andalucía y, posteriormente, se fue a Servinabar. “No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor”, dijo la ministra este jueves sobre Vicente Fernández, con quien dijo que no ha tenido ningún contacto desde que salió de la SEPI, informa Irene Castro.