La Guardia Civil ha detenido al empresario Antxon Alonso, dueño de Servinabar 2000 y personaje clave en la investigación contra Santos Cerdán, en el marco de la operación en la que también se ha arrestado a la exmilitante socialista Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, según han confirmado fuentes del Instituto Armado a elDiario.es. El operativo todavía está abierto y estas tres detenciones se realizaron el miércoles.
Entre el miércoles y este jueves se han producido 19 registros en Madrid, Sevilla, Zaragoza (en la sede de Forestalia) y Navarra, que se siguen practicando a esta hora. Según EFE, los agentes se han personado en las sedes de las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa. Fuentes de la investigación explican que la operación se ha precipitado después de que los responsables detectaran movimientos de uno de los investigados, el expresidente de la SEPI, y acudieran al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional con la solicitud de poner en marcha las detenciones cuanto antes.
La operación es fruto de unas diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción que ha acudido al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, el número 6, para solicitar varios registros y detenciones. A Díez y Fernández se les atribuyen delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Los detenidos van a pasar a disposición judicial el próximo sábado, a las 10.00 horas.
Fernández fue presidente de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019. Fue cesado después de que la Audiencia Provincial de Sevilla reabriera el caso sobre el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y volviera a estar imputado. Precisamente la semana pasada resultó absuelto de ese caso junto a otras 15 personas, entre ellos distintos funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía.
Las investigaciones en torno a la empresa navarra Servinabar, en el centro de la trama Koldo como posible cruce de caminos entre Santos Cerdán y las adjudicaciones de obra pública a Acciona, también revelaron la relación de Fernández con esta sociedad. Estuvo varios años a sueldo de Servinabar y, según los datos de la Hacienda Foral, cobró más de 100.000 euros en sueldo bruto en al menos dos años.
Leire Díez, por su parte, trabajó entre octubre de 2018 y diciembre de 2021 en Enusa, una empresa pública del sector nuclear dependiente de la SEPI. Dirigentes socialistas afirman que durante esta etapa Leire Díez acudió con Vicente Fernández a algunas reuniones de la empresa pública.
Tras su salida de la SEPI, Vicente Fernández estuvo dado de alta entre 2021 y 2023 en Servinabar, la sociedad navarra sospechosa de constituir el vínculo para el cobro y reparto de mordidas al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, según la Hacienda foral de Navarra. Nunca mencionó este empleo en su currículum. Compareció en el Senado, en el marco de la comisión de investigación abierta por este caso, y se negó a responder a preguntas porque estaba implicado en otro procedimiento vinculado con Aznalcóllar, informa Iker Rioja.
Fernández Guerrero fue imputado por la jueza Mercedes Alaya en el caso Aznalcóllar por su papel como secretario general de Industria de la Junta de Andalucía, si bien en el momento de dirigir la investigación contra él desempeñaba el puesto de presidente de la SEPI. Fernández dimitió tres días más tarde, según anunció la entonces ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, hoy candidata socialista a la Junta.
La sentencia absolutoria de la Audiencia de Sevilla incluye duras críticas a la instrucción de Alaya. Esta jueza, conocida como la primera instructora del caso de los ERE, fue uno de los objetivos de Leire Díez en su búsqueda de policías, jueces y otros funcionarios que hubieran actuado contra el Gobierno por motivaciones ideológicas. Ella defiende que sus maniobras solo responden al trabajo periodístico de quien está escribiendo un libro.