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Maíllo (IULV-CA) denuncia una “estrategia para cargarse” a los sindicatos de clase, aprovechando unas “malas prácticas”

EUROPA PRESS

SEVILLA —

En una entrevista concedida a Europa Press, Maíllo ha querido dejar claro que “si desaparecieran los sindicatos, el páramo de los derechos sociales estaría entregado al empresariado y a la gente que no quiere ningún tipo de regla social en las relaciones laborales”.

En su opinión, no favorecen los casos que aparecen sobre presunta corrupción, pero lo que sí fortalece a cualquier organización “tocada por la corrupción” es cómo afronta la gestión de esta situación. “Y me consta que las direcciones de algunos sindicatos están en esa labor de transparencia, investigación y de tomar medidas”, ha añadido.

Tras considerar que no es justo “generalizar” porque se podrán sacar “magníficos titulares” pero no adecuarnos a la realidad, el líder de la federación de izquierdas ha insistido en la necesidad de analizar la realidad “con todos sus matices”, aunque siempre con el criterio de “tolerancia cero” la corrupción, ya que, en su opinión, “no existe otra salida”.

“Quien tape será devorado por el tiempo, existiendo en estos momentos un clamor social en la sociedad para que se tomen medidas contra la corrupción”, ha manifestado Maíllo, quien ha abogado por la “radicalidad y la implacabilidad contra las corruptelas, que deben tener respuesta en forma de responsabilidad administrativa o penal y en la devolución del dinero usado de manera inapropiada”.

Preguntado sobre la petición del PP-A sobre que UGT-A no reciba “ni un euro más” de la Junta hasta recuperarse lo defraudado, el coordinador general de IULV-CA ha considerado que la actitud de los 'populares' “no tiene nombre”. “Que se miren sus cuentas porque a ver si no estalla el PP y tiene que ser refundado cuando se sepa toda la suciedad que tiene en relación al caso Bárcenas”, ha apostillado.

Finalmente, Maíllo ha dicho que, “desde la presunción de inocencia”, lo que hay que exigirle a cualquier organización que reciba ayudas por parte de la Junta es que “las justifique y si no la hace, los devuelva”. A su juicio, no se pueden establecer criterios que hacen “faltar” a la presunción de inocencia.