Las empresas deberán llevar un registro de los sueldos medios de su plantilla desagregados por sexo, grupos y categoría profesionales, y puestos similares, para evitar la brecha salarial. Así consta en el texto definitivo del real decreto ley sobre igualdad laboral que el Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros previo al 8M y al que ha accedido eldiario.es. Lo explica Ana Requena.
Los trabajadores tendrán derecho a conocer a esta información a través de sus comités de empresa o delegados sindicales. El Ejecutivo extiende la obligación de tener planes de igualdad a las empresas de más de 50 trabajadores (hasta ahora el límite era 250) y esos planes tendrán que incluir necesariamente una auditoría salarial y medidas de corresponsabilidad y de prevención del acoso sexual. La norma entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado el próximo miércoles.
Termina una intensa semana marcada por los últimos compases del Gobierno de Pedro Sánchez y las declaraciones políticas en el Supremo por el juicio del procés.
– El último Consejo de Ministros antes de que se disuelvan las cortes ha dejado dos noticias: El decreto del alquiler ha sido aprobado tras el acuerdo con Unidos Podemos. Y también, la aprobación de medidas de igualdad laboral que, entre otras cosas, obligará a las empresas a registrar los sueldos por sexo y categoría para evitar la brecha salarial.
– Errejón coloca en los primeros puestos a independientes. Clara Serra será el número dos de su lista a las autonómicas y el psiquiatra como Diego Figuera como tres. La lista la cerrará Luis Alegre, fundador de Podemos.
– Cristina Cifuentes se da de baja temporalmente del PP. La expresidenta madrileña ha publicado en Instagram que deja el partido conservador durante el proceso penal por el que se piden más de 3 años de cárcel por falsificación documental.
– Un gesto inédito en Euskadi, el colectivo de víctimas y allegados de presos de ETA Etxerat ha manifestado sus “más sinceras disculpas” a las víctimas de la banda terrorista porque “sin ser conscientes de ello” han podido “incrementar” su dolor.
– La Audiencia Provincial de Madrid confirma la sentencia contra la revista Mongolia. El fallo señala que el cartel no emplea la imagen del extorero Ortega Cano “con una finalidad crítica, política o social, sino que la publicación utiliza la imagen para provocar exclusivamente la burla sobre su persona”. El tribunal obliga a la revista a indemnizar a Ortega Cano con 40.000 euros.
¡Hasta el lunes!
La letra pequeña del decreto
– Refuerzo contra el despido de embarazadas. El decreto incluye la nulidad del despido de las mujeres embarazadas (algo que la ley ya contemplaba) también en el caso de que se encuentren en periodo de prueba. Es decir, los empresarios no podrán despedir a una trabajadora embarazada, aunque aún se encuentre en periodo de prueba, “salvo que concurran motivos no relacionados con el embarazo o la maternidad”.
– Más protección después de los permisos. Serán nulos los despidos de las personas que se reincorporen a sus puestos de trabajo después de sus permisos de nacimiento, adopción, o acogimiento hasta doce meses después de su reingreso (hasta ahora era hasta nueve meses después).
– Cuidado del lactante. El permiso de una hora de ausencia del trabajo para el cuidado de bebés de hasta nueve meses será un derecho individual que podrán disfrutar madres y padres. El permiso podrá dividirse en dos fracciones o bien se podrá acumular en jornadas completas. Su disfrute no puede transferirse al otro progenitor.
– Violencia de género. El periodo de prueba de un contrato se suspenderá en casos de violencia de género y, como hasta ahora, también en las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, riesgo durante el embarazo o la lactancia.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido a las comunidades autónomas de que las regulaciones que están aprobando para los vehículos de alquiler con conductor (VTC) tendrán “efectos perjudiciales para los consumidores y los usuarios” de este servicio. Así lo ha comunicado el presidente del organismo, José María Marín Quemada, en una carta remitida a los consejeros autonómicos de transporte.
En la misiva, “lamenta” que las regulaciones autonómicas de estos vehículos, los que dan servicio a plataformas como Uber y Cabify, estén introduciendo “restricciones a la competencia y perjudiquen a los usuarios sin servir a un interés general”.
El director de TV3, Vicent Sanchis, ha negado este viernes haber cometido un delito de desobediencia por emitir anuncios sobre el referéndum del 1 de octubre de 2017, mientras que su homólogo de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha alegado que él solo es responsable de los contenidos de la cadena, no de la publicidad.
Ambos directivos han declarado este viernes en calidad de imputados en la jueza Alejandra Gil, nueva titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O y les imputa un delito de desobediencia por emitir publicidad institucional del referéndum en la televisión y radio públicas de Catalunya.
El Departamento de la Presidencia, a través del Instituto Catalán de las Mujeres (ICD por sus iniciales en catalán), ha presentado una denuncia ante el servicio especial de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona para que prohíba la circulación por la ciudad de Barcelona del autobús antifeminista de HazteOír, que tiene previsto recurre la capital catalana difundiendo diferentes mensajes contra el “feminismo radical”.
En la denuncia, la presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres, Núria Balada, argumenta que la libertad de expresión “no es libertad e impunidad de agresión y los mensajes del autobús mencionado niegan la dignidad humana, incitan al odio, la hostilidad, la discriminación y la violencia contra las mujeres”.
El Gobierno ha decidido incorporar a su decreto de “medidas urgentes para la igualdad de trato y oportunidades” la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales al cargo de personas con dependencia. El proyecto de presupuestos generales asignaba a esta partida 315 millones de euros. Escribe Raúl Rejón.
La modificación de este estatus fue uno de los acuerdos que alcanzó el Gobierno con Unidos Podemos para incorporar en las cuentas de 2019, finalmente frustradas. Esta partida viene a cubrir las cotizaciones de las cuidadoras que, por dedicarse de manera exclusiva o en un alto porcentaje al cuidado de una persona cercana dependiente, no pueden desempeñar un trabajo remunerado. Se trata de un colectivo feminizado casi al 100%. “Queremos devolverles su protección, su respeto y dar un agradecimiento a la tarea que hacen”, dice la vicepresidenta Carmen Calvo.
La Generalitat de Carles Puigdemont no ejecutó la independencia tras declararla el 27 de octubre de 2017, pero tenía varios planes para hacerlo. Incluso con estructuras de estado que debía construir de cero en caso de independencia al no formar parte de las competencias transferidas a las autonomías, como por ejemplo el Poder Judicial. La dirección general de Patrimonio del Govern llegó a planificar los recursos humanos y los edificios que debían albergar los tribunales de la Catalunya independiente.
Así consta en un documento incautado durante los registros del 20 de septiembre de 2017 en el despacho del director general de Patrimonio, Francesc Sutrias, y que ha sido analizado en un nuevo informe aportado por la Guardia Civil al juzgado de instrucción 13 de Barcelona. Lo cuenta Oriol Solé y aquí puedes leer toda la información.
Una de las declaraciones más esperadas de la semana en el juicio del procés fue la del lehendakari Iñigo Urkullu. El político vasco desmintió al expresidente Mariano Rajoy, que dijo previamente que “no hubo ni mediador ni nada”. También desde la silla de los testigos Urkullu dijo que sí, que hizo labores de mediador durante las jornadas más críticas del otoño de 2017.
Este viernes, Urukullu dice que espera que su comparecencia en el Supremo sirva para “racionalizar” la situación y asumir la necesidad de una “solución política” para este conflicto. No ha dado muchas más explicaciones sobre las gestiones que realizó aquel otoño, simplemente ha insistido en que lo que sucede en Catalunya es “un problema político que necesita de una solución política”, recoge Europa Press.
El programa de sátira política Polònia aparta temporalmente al actor Toni Albà. La decisión la ha tomado la productora del espacio, Minoria Absoluta, tras el tuit machista de Albà sobre el viaje de la líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, a Waterloo (Bélgica). Lo cuenta nuestro compañero Edgar Sapinya.
A pesar de que en el mensaje de Albà no había ninguna mención explícita a Arrimadas, los usuarios de la red social tuvieron claro desde un primer momento a quién hacía referencia el tuit. Un mensaje que sugería que la líder del partido naranja en Catalunya es una prostituta y que en Holanda tendría sus derechos laborales “respetados”. Arrimadas respondió al día siguiente al mensaje de Albà señalando que su mensaje era un “insulto machista y repugnante”.
La Audiencia Nacional ha rechazado admitir a trámite la querella que presentó Vox contra la jueza belga que investiga al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Informa EFE.
En el mismo auto, la Audiencia Nacional ha advertido al expresidente catalán Carles Puigdemont y otros cuatro exconsellers huidos que esa demanda presentada en Bélgica contra el juez que investigó el procés para exigirle responsabilidad civil es un “evidente fraude de ley”.
La sección tercera de la Sala de lo Penal, presidida por Alfonso Guevara, hace esta reflexión en un auto en el que confirma el rechazo a tramitar las querellas presentadas por la asociación de juristas Movimiento 24DOS y por Vox por rebelión y otros delitos contra la jueza belga.
En ese auto, los magistrados observan un “evidente fraude de ley” en esa demanda, fundamentada en unas declaraciones que hizo Llarena tras una conferencia en las que consideran que vulnera su derecho a la presunción de inocencia.
Cree la sala que su abogado, Gonzalo Boye, usa para presentarla un “subterfugio” invocando un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 12 de diciembre de 2012 sobre la competencia judicial, lo que “integra un evidente fraude de ley”.
Ahora bien, la sala añade que de este fraude no se puede inferir que Puigdemont y los exconsellers hayan cometido ningún delito, y “menos aún” la juez belga que tramita la demanda.
Los magistrados creen que “independientemente de las finalidades perseguidas” por parte de Puigdemont al presentar la demanda contra Llarena, entre las que mencionan “inquietar la independencia del magistrado demandado” y “menospreciar a los tribunales españoles”, la actuación de la jueza no puede enmarcarse en ninguno de los delitos por los que ha sido querellada, tampoco en el de rebelión.