Montoro ha explicado que el Gobierno ha tomado esta decisión “ante la situación de manifiesta ilegalidad” en que está incurriendo el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Se trata, ha dicho, de un mecanismo “de control de pagos novedoso”.
El ministro ha dejado claro que este sistema de control de pagos “no afecta al ejercicio de las competencias”, pero sí se garantizará que ningún pago de esa administración va a una actividad ilegal como puede ser el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre.
Esta decisión incluye una apercibimiento al presidente de la Generalitat para que haga un acuerdo de no disponibilidad de gasto en relación con esas partidas y si no es atendido, será el Ministro de Hacienda quien lo adopte.
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