En comparecencia ante el Congreso, Montoro ha asegurado que los dos envíos han llegado firmados por la interventora, no por Junqueras, y que Hacienda está revisando la documentación para comprobar que ningún pago de la administración catalana va dirigido a la organización del referéndum de independencia del uno de octubre.
El ministro ha criticado el “proceder errático” de la generalitat, el “caos” con el que está funcionando y que estas certificaciones hayan llegado “sin que nadie explique nada” ni nadie “rectifique” a Junqueras, quien anunció que dejaba de enviar esa información semanal requerida porque la Generalitat se atiene ya a una nueva legalidad propia, no la del Estado.
INTERVENCIÓN “INDEFINIDA”
Montoro ha repasado ante el Congreso las medidas reforzadas impuestas a la Generalitat ante el reto secesionista, la asunción por Hacienda de los pagos de nóminas y de los servicios básicos fundamentales, así como la no disponibilidad presupuestaria.
Según ha subrayado, para el Gobierno son medidas “proporcionales al riesgo” y al “peligro” de la situación y que se mantendrán por tiempo indefinido, “el que sea preciso” para garantizar el atenimiento a la legalidad vigente y el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.