“Los proveedores tienen que tener la seguridad, las farmacias también, de que pronto van a cobrar”, ha señalado el ministro, tras recordar que el Estado no utilizará los impuestos que pagan los españoles, sino la capacidad que tiene la administración central para financiarse en los mercados y que no tienen algunas comunidades.
Esto, ha explicado, pasa en Cataluña, pero también en otras regiones como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Baleares o Castilla-La Mancha, entre otras. En este sentido, Montoro ha asegurado que los problemas de estas regiones son los problemas del Estado y nunca se traducirán en el impago de las facturas.
Asimismo, Montoro ha anunciado que este jueves la Comisión Delegada de Asuntos Económicos aprobará el tercer y último plan de proveedores para su remisión al Consejo de Ministros.
Las cerca de 3.100 farmacias que existen en Cataluña cierran sus puertas durante la mañana de este jueves, desde la 9.00 y hasta las 13.30 horas, para pedirle al Gobierno que apruebe en el próximo Consejo de Ministros el pago de los 309 millones de euros que recoge el Plan ICO Proveedores, y que representan tres de las cuatro mensualidades que les adeuda el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).
Se trata del segundo cierre en la historia de las boticas catalanas, después del decretado en octubre de 2012, también por los retrasos que experimentan en el pago de la factura farmacéutica, aunque cerca del 10% de los establecimientos permanecerá abierto como parte de los servicios mínimos --iguales a las guardias de un festivo--.