Las FARC y el Gobierno de Colombia extendieron hoy el actual ciclo de sus diálogos de paz, con sede permanente en La Habana desde 2012, para tratar de avanzar en asuntos pendientes como el acuerdo sobre justicia.
Fuentes cercanas al proceso indicaron que la actual ronda de conversaciones, cuyo cierre se preveía para hoy, se prolongará uno o dos días más.
Los negociadores abordan estos días los flecos sobre el acuerdo de justicia transicional, punto que forma parte de la cuestión sobre las víctimas del conflicto que no se ha cerrado todavía.
A su llegada al Palacio de Convenciones de La Habana, sede permanente de las conversaciones de paz, los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) leyeron su habitual declaración diaria, en este caso sobre sus propuestas para redefinir la política de seguridad del Estado, necesarias, según la guerrilla, para mantener una paz duradera y estable en el país.
El grupo rebelde pidió crear una “unidad especializada de investigación y análisis para el desmonte del paramilitarismo” que elabore y presente una “cartografía georreferenciada” de estas “estructuras de contrainsurgencia”, según un comunicado leído por el guerrillero “Pablo Catatumbo” (alias de Jorge Torres Victoria).
Previo a la firma del acuerdo final de paz y utilizando como base este informe, la guerrilla propone también la puesta en marcha de un plan de acción para erradicar el fenómeno del paramilitarismo en Colombia.
Además, las FARC sugirieron una “legislación de emergencia” para asegurar la desaparición de estos grupos y prevenir el surgimiento de otros, incluida la eliminación de toda disposición legal que permita su creación y la aplicación de penas máximas a quienes se les comprueben relaciones con paramilitares y narcotraficantes.
El 19 de noviembre pasado los diálogos entre las FARC y el Gobierno cumplieron tres años, con sustanciales avances en un camino que acerca cada vez más a la firma definitiva de la paz, aunque todavía quedan pendientes acuerdos importantes para el proceso.
Al tiempo que se avanza en el cierre del convenio sobre justicia transicional, que establece la creación de una jurisdicción especial para la paz, una subcomisión discute las condiciones de un alto el fuego bilateral y definitivo que podría darse a principios del año próximo.
Como fruto también de lo logrado en la mesa de negociaciones, el Gobierno y la guerrilla destacaron el pasado martes los “resultados positivos” del programa piloto de desminado en el caserío El Orejón, en el departamento de Antioquia (noroeste del país), en el que se han limpiado más de 14.000 metros cuadrados de terreno.