El Gobierno de Nicaragua informó este miércoles que ha establecido relaciones diplomáticas con 16 países desde mayo pasado, en medio de la crisis sociopolítica que vive la nación centroamericana desde hace 17 meses y que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio.
Los últimos dos países con los que establecieron lazos diplomáticos son La Unión de las Comoras y el Reino de Esuatini, este último conocido antes como Suazilandia y última monarquía absoluta de África.
Esos lazos diplomáticos han sido formalizados por la representación de Nicaragua ante la ONU, en Nueva York, de acuerdo con el Ejecutivo.
El primero de los 16 países con el que establecieron relaciones diplomáticas fue con la República Democrática Socialista de la isla asiática de Sri Lanka.
Luego siguieron, en ese orden, el estado de Eritrea, la República de Uganda, la República Centroafricana, la República de las Islas Marshall, la República de Palaos, la República de Burundi y la República Tunecina.
Posteriormente con la República de Gambia, la República de Sudán del Sur, la República de Kenia, la República de Níger, el Principado de Mónaco, la República de Yibuti, el Reino de Esuatini, y La Unión de las Comoras.
Nicaragua ha establecido esas relaciones diplomáticas con el objetivo de ampliar la presencia del país centroamericano en África, Asia y en el contexto internacional.
Además, en medio de una crisis sociopolítica que estalló el 18 de abril de 2018.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega y un balance de entre 328 y 595 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 200 los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.
Las manifestaciones contra Ortega y Murillo se iniciaron el 18 de abril del año pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.