La Justicia de Argentina ha ordenado nuevos allanamientos de propiedades de Lázaro Báez, empresario cercano a la familia Kirchner, en la provincia sureña de Santa Cruz, como parte de una causa por la que está detenido por presunto lavado de dinero, informaron hoy a Efe fuentes judiciales.
El fiscal Guillermo Marijuan es el encargado de encabezar el operativo judicial, según las mismas fuentes.
Ya durante el pasado abril, se realizaron en la misma provincia operativos similares en propiedades del empresario, estrecho colaborador del fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007) y principal adjudicatario de obras públicas en esa provincia, bastión kirchnerista.
Marijuan contó entonces que los bienes allanados estaban valorados en un total de 749 millones de pesos (53 millones de dólares) y dijo que la hipótesis más fuerte sobre el origen del patrimonio es el “sobreprecio” en las obras públicas.
También se realizaron allanamientos en otras zonas, como la provincia de Chubut.
En este caso, según explicó la agencia estatal Télam, los operativos puestos en marcha ahora en Santa Cruz buscan proseguir la investigación orientada a registrar fincas, estancias y empresas que todavía no fueron allanadas.
La Justicia investiga con esta causa las supuestas maniobras a través de una financiera para sacar del país sumas millonarias en dólares, presuntamente originadas en el uso de facturación apócrifa para simular gastos en el marco de los contratos de obra pública con el Estado.
En este expediente, Marijuan también pidió indagar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
La pasada semana, el hijo menor del empresario, Leandro Báez, había pedido que el juez Sebastián Casanello, encargado de la causa, se apartara de la misma en la presunción de que estaba protegiendo a la familia Kirchner, aunque la recusación fue denegada.
Télam informó también que Báez reclamó hoy a Casanello que se “sincere” el objeto procesal de la causa por lavado de activos en la que está procesado, en un escrito presentado por su defensa en el que negó la existencia de sobreprecios en la obra pública adjudicada a sus empresas.
Si bien el caso se inició en 2013, cuando un financiero reconoció en televisión haber sacado del país millonarios fondos del empresario a través de sociedades inscritas en Panamá, volvió a tomar impulso en 2016 cuando diversos medios locales difundieron unos vídeos grabados en 2012 que muestran a varias personas contando millones de dólares en una oficina en Buenos Aires.