El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la mayor fuerza opositora del país, exigió hoy que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, cese en el cargo por su presunta implicación en la corrupción en la empresa estatal Petrobras.
El PSDB señala en un comunicado que Cunha debe abandonar el cargo de presidente de la Cámara Baja por la “gravedad de las acusaciones” que pesan en su contra.
Según la policía, Cunha recibió al menos cinco millones de dólares de la corrupción petrolera y los ocultó en unas cuentas secretas en bancos suizos, cuya titularidad él ha negado pese a que la justicia helvética ha remitido a Brasil una serie de documentos que lo prueban.
Por esas acusaciones, el Consejo de Ética de la Cámara Baja ha iniciado un proceso con miras a desposeer del escaño a Cunha, que aún así se mantiene en la Presidencia del órgano legislativo.
En el comunicado, el PSDB no se pronuncia respecto a la posibilidad de que Cunha pierda el mandato, que dejará en manos del Consejo de Ética, pero sí exige que abandone la Presidencia, al menos hasta que se tome una decisión sobre su escaño.
Cunha pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente del país, Michel Temer, pero anunció hace unos meses su decisión personal de pasar a la oposición, a la que intenta arrastrar a esa influyente formación.
En su condición de presidente de la Cámara de Diputados, tiene la atribución constitucional de decidir sobre el inicio de un posible juicio con miras a la destitución de la presidenta, Dilma Rousseff, que ha sido solicitado por cuatro partidos de oposición, entre ellos el PSDB.
Esa petición se fundamenta en unas maniobras fiscales que el Gobierno hizo para maquillar sus resultados de 2014 y que, según organismos de contraloría del Estado, han continuado este año.
Según la oposición, esas maniobras constituyen un “delito de responsabilidad”, que la Constitución brasileña contempla entre las posibles causas para la destitución de un presidente.
El Gobierno, sin embargo, niega esa tesis y sostiene que Rousseff no tuvo responsabilidad directa en esas maniobras, por lo que no podría ser procesada sobre esas bases.