El documento fue remitido, inmediatamente después de su aprobación, por correo --trámite habitual a través del que se envían este tipo de escritos--, aunque antes de que el TC admitiera a trámite el recurso de la Abogacía del Estado, que provocó su suspensión.
La Cámara da cumplimiento de este modo a uno de los puntos que recogía el documento, en el que se declaraba la voluntad de iniciar negociaciones para la creación de un Estado independiente y “ponerlo en conocimiento del Estado, de la UE y del conjunto de la comunidad internacional”.