El Parlamento griego aprobó hoy devolver 820 millones de euros a una serie de funcionarios públicos, a los que se les había recortado injustamente su salario durante los años de crisis económica.
La propuesta, que salió adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios con excepción de la ultraderecha, responde a un dictamen del Tribunal Supremo Administrativo que hace dos años declaró inconstitucionales las reducciones salariales aplicadas entre 2012 y 2016 a militares, bomberos, médicos y profesores universitarios por orden de los acreedores.
“Hoy es un gran día para el Parlamento griego, porque da comienzo a una serie de medidas positivas”, dijo el primer ministro griego, Alexis Tsipras, en el Parlamento en alusión a las iniciativas sociales que tiene previsto presentar su Gobierno en las próximas semanas.
El desembolso de esta cuantía no debería suponer ningún problema de tesorería pues ya está previsto en los presupuestos generales del año en curso.
En cambio, sí plantea problemas presupuestarios otra decisión del Tribunal Supremo que declaró hace tres años anticonstitucionales los recortes de pensiones y la eliminación de las dos pagas extraordinarias de los jubilados aplicada entre 2012 y 2016.
El Supremo dictaminó entonces que las bajadas de pensiones violaron la Constitución griega y la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea por “privar a los pensionistas del derecho a una vida digna.”
La sentencia obligaba al Gobierno a restaurar las pensiones a los niveles previos a 2012, cuando se aprobaron los recortes, pero le eximía de pagos retroactivos.
En un principio, se calculaba que los pagos sumarían en torno a 1.000 millones de euros, pero en las últimas semanas ha habido varias sentencias de tribunal de primera instancia que han reconocido el derecho a reclamar estos pagos con efecto retroactivo, lo que podría llegar a elevar la cuantía total de pago hasta los 4.500 millones de euros anuales.