Tres horas de reunión y un único acuerdo: retomar las conversaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es el resumen de la primera reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el recién elegido líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Una cita que se ha prolongado durante tres horas, que llegaba precedida de un aumento de la tensión dialéctica entre ambos y que ha terminado sin avances en ninguna de las materias planteadas por las partes. Buenas palabras entre las partes (“cordialidad”, “reunión positiva”, “compromiso de relación constante y permanente”) sin ninguna concreción.
Sánchez ha presentado un documento de 11 puntos sobre las materias que quería tratar en la cita, mientras Feijóo ha reclamado que se tome en cuenta su inconcreta propuesta fiscal, aunque ha reconocido que no ha presentado ningún papel que determine los impuestos que se reducirían ni la forma en la que se harían. El presidente del PP sí se ha comprometido después a que hará llegar un documento al presidente, pero el rechazo de Sánchez a aceptar ya esa propuesta en materia tributaria ha llevado a Feijóo a dar por imposible un apoyo al plan anticrisis presentado por el Ejecutivo y que tiene que convalidar próximamente el Congreso.
En el Gobierno dan por hecho que habrá apoyo suficiente para hacerlo, y se abren incluso a tramitarlo como proposición de ley si las circunstancias excepcionales que lo han motivado se mantienen. Pero Sánchez sí le ha reclamado por escrito su voto favorable a Feijóo, quien en la rueda de prensa posterior ha concluido: “Le he comunicado al presidente que apoyar este plan sin modificaciones, sin mejoras, sin aceptar propuestas, no es posible”.
El presidente del PP ha hecho de la economía casi la única materia a tratar en una larga comparecencia ante los medios al finalizar la reunión. Feijóo ha señalado en una comparecencia posterior a la reunión que esta ha sido “muy cordial”. “Y mucho menos fructífera de lo que me hubiera gustado”, ha añadido. “No tengo ninguna buena noticia para las familias, trabajadores ni empresas. No puedo trasladarles a los ciudadanos que peor lo están pasando que hayamos podido concretar ni una sola propuesta económica, más allá del real decreto ley que el Gobierno pretende convalidar sin más”, ha apuntado.
Con todo, Feijóo ha reconocido que el real decreto ley “tiene aspectos interesantes y medidas razonables por ejemplo en el sector primario”. “Pero es insuficiente”, ha añadido inmediatamente. “Como no ha habido muchas posibilidades de empezar a plantear una modificación tampoco hemos invertido mucho tiempo en ello”, ha concluido. El presidente del PP ha asegurado que Pedro Sánchez no le ha pedido el voto de su grupo a este plan anticrisis y se ha marchado de la Moncloa sin informar de qué votarán sus diputados.
“Esto es lamentablemente la primera conclusión. El presidente no ha considerado oportuno iniciar siquiera una propuesta alternativa, que yo presenté de forma genérica y remitiré de forma precisa y documentada a la Presidencia del Gobierno”, ha añadido, lo que confirma la inconcreción de sus múltiples mensajes de rebajas fiscales de los últimos, desde los 20.000 millones en hidrocarburos a los 7.500 del IRPF a los que este jueves también se ha sumado la recaudación por el IVA, por poner dos ejemplos.
Otra de las propuestas sin concretar en un documento que presentó Feijóo tiene que ver con la gestión de los fondos europeos. El presidente del PP planteó destinar un 7% de dichos fondos para un “paquete fiscal útil” destinado “bien a financiar deducciones ya en vigor o para otras nuevas que le concretaremos”, según dijo ante los medios. La respuesta de Sánchez fue técnica, ya que el diseño de los fondos no lo permite: “No se puede”. Desde el PP sostienen que quizá sí se podría hacer.
Renovación del CGPJ
En cuanto al CGPJ, Feijóo ha dicho que han acordado “retomar las conversaciones”, y ha planteado la necesidad de “cambiar el método” de elección para “que los jueces y magistrados” designados “sean de los mejores perfiles”. El presidente del PP, eso sí, se ha cuidado de establecer líneas rojas, algo que sí solía hacer, y de forma cambiante, su predecesor en el cargo.
Desde el Gobierno han planteado que la fecha límite para hacerlo es el 12 de junio, cuando caduca el mandato de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional: los designados por el Ejecutivo y los correspondientes precisamente al CGPJ. Sin unos es difícil que se pueda designar a los otros, por lo que el bloqueo que impuso el PP de Casado al CGPJ podría provocar de rebote el del Tribunal Constitucional.
Con todo, Feijóo no se ha mostrado en los días previos muy predispuesto a abordar la cuestión del Poder Judicial. En su opinión, no está entre las prioridades de la ciudadanía. Lo que sí está, ha dicho, es la crisis económica y el aumento de los precios, que el líder del PP plantea contrarrestar con una bajada directa del IPRF que, aunque no ha querido cifrar, podría rondar los 7.500 millones.
Desde el Gobierno han defendido el “plan de guerra” como “abierto, dinámico y trabajado con agentes sociales y los sectores afectados”. También han recordado que las comunidades autónomas pudieron hacer sus aportaciones, y que solo “Galicia, Madrid, Catalunya y Castilla y León” no lo hicieron. Feijóo sigue siendo presidente de la Xunta de Galicia.
“El Gobierno entiende que una sola propuesta no concreta del señor Feijóo no tendría que condicionar el apoyo del principal partido” a todo el plan, porque entonces “no sería una propuesta, sino una imposición”. “Cuando llegue el trámite que puede estar abierto a tramitación como proposición de ley, el Gobierno confía en que reconsidere su posición”, ha concluido la portavoz, Isabel Rodríguez, quien ha comparecido alrededor de las cuatro de la tarde.
Rodríguez ha asegurado que Feijóo ha “pedido tiempo” para poder abordar determinadas cuestiones del documento de 11 puntos planteado por el presidente. La portavoz ha mostrado “comprensión” porque “necesita” ese tiempo ya que acaba de llegar. Eso sí, ha añadido: “Son consensos muy básicos los planteados al señor Feijóo. Consensos constitucionales de los que el PP no debió salir”.
Vox y la violencia machista
El presidente del Gobierno también ha reclamado a Feijóo que se desmarque de los planteamientos de Vox en lo que a la violencia contra las mujeres se refiere. Rodríguez ha recordado que el actual Pacto contra la Violencia de Género ha sido recientemente renovado y blindado en el Congreso “por todos los grupos, menos Vox”. Un pacto que, ha proseguido, “se pone en cuestión cuando se imponen conceptos de la ultraderecha como 'violencia intrafamiliar”.
Hace pocas semanas, Feijóo tuvo que disculparse por decir que si un padre mata a sus hijos “por un problema” con su pareja, “no es violencia machista”.
La portavoz ha asegurado que el presidente Sánchez ha mostrado a Feijóo su temor al “avance de la ultraderecha en Europa”. Un mensaje que llega a pocos días de que el PP y Vox confirmen en las Cortes de Castilla y León el primero Gobierno de coalición entre ambos. Una votación que se celebrará el 11 de abril y a la que Feijóo aún no ha dicho si asistirá. Tampoco a la toma de posesión del que será su primer presidente autonómico como líder del PP, Alfonso Fernández Mañueco.
En lo que sí ha habido cierto acercamiento es en política exterior. “Apoyo al Gobierno en relación con Ucrania. Sin matices, sin condiciones”, ha asegurado Feijóo, quien se ha vanagloriado de darle a Sánchez un apoyo “más firme que sus socios de Gobierno y aliados parlamentarios”.
“Esto no significa que considerare aceptable lo ocurrido con Marruecos”, ha asegurado a continuación. “El presidente no puede cambiar la política histórica de España. No podemos romper los acuerdos de anteriores Gobiernos democráticos, le he trasladado que así, no”, ha añadido. Feijóo ha asegurado que el presidente se ha comprometido a que no vuelva “a ocurrir” lo ocurrido con el Sáhara, lo que implica que Sánchez se ha comprometido a informar al principal partido de la oposición sobre política exterior.
“Para ser fiables y creíbles fuera, es vital que lo sean dentro de nuestras fronteras”, ha remachado.
Los 11 pactos de Pedro Sánchez
La renovación del Poder Judicial es uno de los 11 pactos propuestos por Sánchez a Feijóo, que el Gobierno ha divididos en cuatro bloques: cumplimiento y actualización de la Constitución y regeneración democrática; unidad en la respuesta a las consecuencias económicas de la guerra y compromiso en la mitigación del cambio climático; pacto de Estado contra la violencia de género y lealtad en las políticas de Estado.
“En este tiempo, desde el principal partido de la oposición se ha puesto en cuestión en numerosas ocasiones la legitimidad del Gobierno de coalición y del propio presidente. Esta situación, inédita en la democracia española, ha dado lugar a negar al Gobierno su legitimidad constitucional para desarrollar su labor”, ha escrito Moncloa en un comunicado en el que detallan los 11 puntos.
El primero de los pactos que propone el Gobierno es para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que cumple tres años desde que caducó su mandato, una situación que desde el propio poder judicial califican de “insostenible”. Tras esta, el siguiente paso es la renovación también del Tribunal Constitucional, que este próximo mes de junio le corresponde la renovación de sus miembros designados por el Gobierno y el CGPJ.
También en materia judicial, el Ejecutivo de Sánchez va a proponer a Feijóo reformar el artículo 49 de la Constitución. En mayo del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de renovación que, entre otras cosas, cambia el término 'disminuido' por 'persona con discapacidad' o contempla las distintas dimensiones de la protección de estas personas.
Otro de los acuerdos es la eliminación del voto rogado para que voten en las elecciones las personas que residen en el extranjero, o el regreso del PP al Pacto Antitransfuguismo y por la Estabilidad Institucional.
Por otro lado, el Gobierno ha propuesto a Feijóo aprobar el Plan nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la guerra de Ucrania y en materia energética, el Ejecutivo propone un acuerdo para la transición energética, la Agenda 2030 y garantizar unos precios de la energía asequibles y estables en el contexto de la guerra.
También en la crisis, el Ejecutivo pide a Feijóo apoyo y coordinación en torno a los Fondos Europeos y al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por otro lado, ha pedido blindar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se firmó en diciembre de 2017 por todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento, las comunidades y las entidades locales representadas en la FEMP.
Asimismo, han pedido un pacto en política exterior porque, argumentan, el país aspira “a consolidar y ampliar su posicionamiento en la escena internacional, europea” y la relación con los países con los que comparten vecindad basándose en “los principios fundamentales de la política exterior de nuestro país como son el multilateralismo y el respeto a la legalidad internacional”.
Por último, piden consenso con el principal partido de la oposición en los asuntos relacionados con la Seguridad Nacional o en materia de ciberseguridad.