El Gobierno de Perú publicó hoy una ley que permite las asociaciones público-privadas (APP) para construir o remodelar prisiones, y también administrarlas mediante la prestación de los servicios básicos a los reclusos.
Un decreto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), publicado en el diario oficial El Peruano, explicó que la norma resulta necesaria para fortalecer la inversión pública y privada.
También argumentó que será útil para regular la financiación, diseño, construcción y mantenimiento de las cárceles, además de la operación de la infraestructura, tratamiento y seguridad penitenciaria.
La norma especificó que la seguridad interna y externa de los establecimientos penitenciarios y dependencias conexas estará a cargo exclusivamente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).
La participación público-privada abarcará la construcción de nuevas sedes penitenciarias, además de su ampliación, remodelación o reestructuración.
Contemplará además los servicios para atender necesidades básicas como alimentación, limpieza, mantenimiento, lavandería, control de plagas, material logístico y tecnológico, y cualquier otro servicio que permita tener las condiciones mínimas para lograr la reinserción social.