Prodeni, asociación humanitaria sin ánimo de lucro por los derechos de los niños, ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que solicita su intervención para que la Fiscalía de Pontevedra aconseje a la Xunta la escolarización de un niño de Vigo, Izzan, y de su hermano, en un nuevo colegio.
Los padres de Izzan, un menor gallego, retiraron en marzo a su hijo del centro concertado al que asistía tras meses de supuestas vejaciones y humillaciones por parte de un compañero del colegio y la Xunta ha denunciado a los padres del menor por absentismo escolar.
Además, estos padres también han quitado del colegio a su otro hijo y han solicitado un cambio de centro que les ha sido denegado.
El portavoz de Prodeni, José Calvo Casal, considera, en un comunicado, que resulta “humanamente inviable” el retorno que impone la Administración autonómica puesto que “el ambiente conflictivo y enrarecido existente lo desaconseja”.
Asimismo, esta organización reclama el sobreseimiento y archivo de las actuaciones por presunto delito de absentismo escolar, tras la denuncia de la Consellería de Educación, porque “nada tiene que ver la lucha de estos padres con los actos negligentes y de abandono familiar” que persigue el Código Penal.
Todo el afán de sendos progenitores, entiende Prodeni, es escolarizar a sus hijos, aunque en otro colegio, “dada la mutua ruptura de relaciones y de confianza entre familia y colegio, y la negativa del propio menor”, Izzan.
Para la asociación Prodeni, la escalada del conflicto, el incremento de la crispación y la expresión de máxima fractura entre las partes, determina que no haya salida mejor en estos momentos que un cambio de actitud de la Consellería concediendo el cambio solicitado.
Entiende la agrupación que más que razones objetivas de índole de gestión educativa, la postura de la Xunta obedece a la “imposición” de un criterio de autoridad para “no ceder un ápice en nada” que pueda beneficiar la postura de estos padres, aunque para ello se estén “perjudicando gravemente los intereses del menor y de su hermano, que son el bien fundamental a proteger”.
En ese sentido, esta entidad reclama a la Fiscalía que “no se deje envolver en la postura de la Xunta” y actúe centrándose “exclusivamente en el niño”.