La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela no decidirá hoy acerca de las órdenes de detención que le ha pedido la Fiscalía que emita contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que no han acudido a su citación como investigados.
Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, la juez no ha acordado nada al respecto porque tras decidir la prisión de los nueve exconsejeros catalanes que se han presentado hoy a declarar, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras, ha tenido que continuar con su trabajo y hacerse cargo de otros detenidos por encontrarse esta semana de guardia.
Tras la comparecencia de estos nueve exintegrantes del Govern catalán, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a Lamela que emita una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros que le han acompañado a Bélgica.
La petición afectaría así, aparte de a Puigdemont, a los exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).
En un escrito dirigido a la juez, el fiscal le reclama que ordene la busca, captura y detención de los cinco “en el ámbito nacional e internacional”, si bien precisa que emita OEDEs dirigidas a las autoridades belgas, al constar que han viajado a ese país.
Dice la Fiscalía que “constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio, así como reiteradas llamadas telefónicas, a las que se ha hecho caso omiso” por parte de estos cinco investigados para los que pide la detención.
Por su parte, añade el ministerio fiscal, Puigdemont “ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antoni Comín y Maritxell Serret, efectuar declaración por videoconferencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual”.
De acordarlo finalmente la juez, una vez emitida la orden de detención, los huidos, que anoche decían estar en Bélgica, podrían ser detenidos en cualquier momento y ser puestos a disposición de un juez, que deberá decidir si les envía o no a la cárcel mientras se tramita la OEDE o adopta otro tipo de medidas cautelares.