El PP azuza con la ley de memoria democrática sus denuncias sin pruebas de 'pucherazo' electoral
“Ingeniería electoral”. Así tildó este lunes Alberto Núñez Feijóo la mal llamada ‘ley de nietos’, una disposición de la ley de memoria democrática que permite nacionalizarse españoles a los descendientes de los exiliados durante el franquismo, entre otros momentos históricos. Una norma vigente desde 2022 y que, ahora, las derechas azuzan contra el Gobierno para recuperar sus acusaciones de ‘pucherazo’ sin demostrar, como ya hicieran en 2023 o recientemente en las elecciones extremeñas del pasado mes de diciembre.
Vox abrió el camino, pero el PP se ha situado rápidamente a su costado con esa acusación contra el Gobierno lanzada por Feijóo desde el programa que presenta Federico Jiménez Losantos. La tesis: Pedro Sánchez hace “ingeniería electoral” para conseguir “nuevos votantes” porque “no le salen las cuentas”.
El portavoz nacional del partido, Borja Sémper, intentó rebajar después las palabras de su jefe. “Hay potencialmente 2,5 millones” de “nuevos españoles”. Algo que “tiene un impacto electoral, en el censo”. “Nos preocupa, nos importa”, dijo Sémper en una rueda de prensa, pese a sostener que el PP “no prejuzga” la papeleta que elegirán esos potenciales votantes.
El fundamento de la denuncia del PP es que “todo es posible” que no se fían “de los procedimientos”. “Vamos a estar encima políticamente”, advirtió el portavoz.
Feijóo prometió que su partido reformará esta vía de nacionalización para “pedir una serie de requisitos adicionales” necesarios “para dar un pasaporte a una persona que nunca ha venido a España”.
Unas declaraciones que chocan frontalmente con el propio Feijóo de las últimas décadas, cuando se dedicó a la política gallega. De hecho, hace 20 años el entonces líder de la oposición autonómica lamentaba que los nietos de los gallegos emigrados tenían que reclamar expresamente su deseo de mantener la nacionalidad española, lo que le parecía entonces algo digno “del lejano Oeste”.
Diez años después, en 2017, el propio Feijóo declaró: “Los derechos de los emigrantes son los nuestros”. “Sois tan gallegos como el que más y os merecéis que Galicia no os deje solos”, dijo hace ahora casi una década el entonces presidente de la Xunta.
En aquel momento, a Feijóo le interesaba ese voto exterior. Y ampliarlo si podía. En las elecciones autonómicas de 2024, que ganó su sucesor, Alfonso Rueda, los descendientes de los emigrantes que mantenían la nacionalidad española convertían a Galicia en la comunidad con mayor voto en el extranjero, casi un 20% del total. En Ourense, por ejemplo, suponía un 30% del censo. Y, habitualmente, el PP es el partido más agraciado por el voto CERA.
Ahora es la ley de memoria democrática, pero el anuncio de regularización de migrantes ya dio pie a las acusaciones del PP de ampliar el censo para un supuesto beneficio del Gobierno. El propio Feijóo responsabilizó en enero al Gobierno de “incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas”. Se da la circunstancia de que el PP regularizó a más de medio millón de personas bajo la legislatura de Aznar y con Rajoy aprobó la ley para conceder la nacionalidad a los sefardíes originarios de España. “El reconocimiento de la nacionalidad española para los judíos sefardíes es una reparación histórica”, decía por aquel entonces la popular María del Carmen Dueñas.
Ayuso, la beneficiada en 2023
No ocurre solo en Galicia. Una de las dirigentes de la derecha que más ha azuzado la conspiración del ‘pucherazo’, Isabel Díaz Ayuso, también fue premiada por el voto CERA en 2023. Los sufragios de los residentes en el extranjero le dieron al PP de Madrid el último escaño en liza. Fue el único diputado que se movió por los residentes en el extranjero.
Tanto el PP nacional como el partido en Madrid tienen en su estructura orgánica sendos delegados para encargarse del voto exterior. El coordinador de Acción Exterior del PP (un cargo interno del partido) es Antonio Rodríguez Miranda desde que Feijóo llegó a Madrid. Antes, desde 2012, ocupó el mismo cargo en el PP gallego con el mismo jefe. Desde entonces, cobra un sueldo público de la Xunta de Galicia como secretario xeral de Emigración.
El portavoz del PP, Borja Sémper, aseguró este lunes a preguntas de elDiario.es que “no existe” ninguna colusión por compatibilizar ambos cargos porque “el presidente del Gobierno es también el secretario general del PSOE”.
En Madrid, ese cargo lo ocupaba la hoy dirigente nacional Alma Ezcurra. Tras ascender al equipo de Feijóo, el cargo no ha sido actualizado, o al menos se mantiene Ezcurra, según la web oficial del PP de Ayuso. elDiario.es ha preguntado quién ocupa ahora el cargo sin obtener ninguna respuesta.
“Asignar provincias de manera arbitraria a través de embajadas y consulados jugando con la ley de nietos es ilegal”, apuntó Ayuso este lunes en un acto del PP. Es una de las denuncias que hace el PP: si las personas nacionalizadas no eligen en qué provincia votar, será la administración quien lo decida por ellos.
Los números de la ‘ley de nietos’
En 2023 ya había más de 2,3 millones de españoles residentes en el extranjero con derecho a voto. De ellos, participaron un 10,04% del censo, lo que supuso 233.688 papeletas que solo movieron ese escaño ya citado en favor de Isabel Díaz Ayuso.
El procedimiento extraordinario recogido en la Ley de Memoria Democrática se cerró en octubre de 2025 y ya no se admiten más peticiones.
A fecha 30 de abril, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450 el número de solicitudes, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP.
En esa misma fecha, el número de peticiones aprobadas ascendía a 557.709, según el mismo documento. Esa cifra representa el número de personas que ya han adquirido el derecho a votar por la ‘ley de nietos’. En total, se han anotado ya en el Registro Civil casi 320.000 personas por esta vía, según fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es.