La iniciativa, defendida en la Comisión de Interior por el diputado Feliu Guillaumes, reclamaba al Ministerio una revisión del registro de partidos políticos para expulsar del mismo a aquellas formaciones que “actúen, tengan actividad o inciten a actividades de carácter fascista o totalitario o expresen opiniones de esta índole en actos públicos”.
En su iniciativa, que recoge Europa Press, CiU asegura que España “se está convirtiendo en el refugio de la ideología fascista con partidos propios y permitiendo la importación de partidos fascistas como filiales en su territorio”, y citaba como ejemplo el caso de la filial española de la formación neonazi griega Amanecer Dorado, cuya matriz logró el 6,3% de los votos y 17 diputados en las elecciones que tuvieron lugar el pasado 25 de enero, pese a que toda su cúpula está encarcelada y va a ser juzgada por un delito de pertenencia a organización criminal.
LOS AUTORES DEL ASALTO A BLANQUERNA
CiU recuerda que el presidente de la filial española de Amanecer Dorado es Antonio Vicedo, quien en las elecciones de 2008 encabezó la candidatura por Alicante de Alianza Nacional, una formación que se autodeclara como heredera ideológica de los fascismos europeos y que fue uno de los partidos a los que pertenecían los individuos que atacaron la sede cultural de la Generalitat catalana en Madrid, la librería Blanquerna, durante la celebración del acto de celebración de la Diada de 2013.
Según Guillaumes, esos partidos merecen “la misma condena que un grupo que hiciera apología del régimen de Pol Pot” de la antigua Camboya y deben ser excluidos. Como el procedimiento de ilegalización es muy complicado y requiere acciones parlamentarias extraordinarias, CiU proponía una vía “minimalista” que es cribar el registro y echar a esas formaciones de corte neonazi.
La idea ha sido respaldada por Izquierda Plural, cuyo portavoz de Interior, Ricardo Sixto, ha apelado a la necesidad de “defenderse” frente a los enemigos de la democracia. También han votado favor el PNV.
Pero el PSOE ha preferido abstenerse porque, según ha dicho su portavoz, el gallego Miguel Cortizo, la exclusión de este tipo de partidos debe hacerse “con garantías judiciales” y dejar la decisión en manos del Gobierno es un mal planteamiento. “En aras a la defensa de las libertades, no quiero que ningún Gobierno tenga capacidad para excluir a nadie”, ha señalado.
¿Y LOS ATAQUES DEL INDEPENDENTISMO?
El PP ha optado directamente por votar en contra con similares argumentos. La valenciana Teresa García Sena ha afirmado, que al margen de “la máxima repulsa” que merece “cualquier manifestación totalitaria y xenófoba”, la respuesta no puede ser sortear las garantías constitucionales.
Y ha aprovechado para lanzar un mensaje al independentismo catalán: “El nacionalismo, llevado a las máximas consecuencias, puede llevar al totalitarismo --ha asegurado--. En alguna ocasión hemos podido oír o leer cómo se atacaba al PP por no estar de acuerdo con determinadas propuestas soberanistas de Cataluña y eso también debería ser objeto de preocupación de todos los demócratas. El gran riesgo es que estas fuerzas nacionalistas extremas puedan llegar a ocupar poder”.