El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, dijo hoy que dar categoría de “acuerdo especial”, que pasa a formar parte del “bloque de constitucionalidad”, a la eventual firma de la paz entre el Gobierno y las FARC es “incompatible con cualquier régimen democrático”.
Ordóñez señalo que, a su juicio, ninguna de las partes tiene las competencias para dar esa categoría al acuerdo que se negocia en La Habana.
El Gobierno y las FARC acordaron ayer jueves en La Habana que el futuro pacto para acabar con el conflicto tendrá la consideración de “acuerdo especial”, por lo que pasará a formar parte del llamado “bloque de constitucionalidad” en el ordenamiento jurídico colombiano.
Esto implica que se incorporará al derecho interno por medio de un acto legislativo y que se tramitará como una ley ordinaria en el Congreso, según el comunicado conjunto leído en la capital cubana.
A juicio de Ordóñez, esa fórmula “equivale a someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las FARC y del Gobierno”, según dice en una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos.
Para el procurador, lo concertado “implica que la mesa de conversaciones de La Habana se reviste de poderes constituyentes que ni el ordenamiento jurídico ni el pueblo les ha otorgado”.
“Usted (Santos) juró respetar la Constitución, no fue elegido para derrocarla y menos para hacerlo de la mano con las FARC”, concluyó Ordóñez.
Por su parte, el presidente espera que tras este acuerdo se resuelva “muy pronto” el punto que tiene que ver con el alto el fuego definitivo entre las FARC y el Gobierno para poder terminar medio siglo de conflicto armado en el país.
El anuncio de ayer ha provocado reacciones encontradas, pues mientras los partidos aliados del Gobierno lo celebran, otros como el procurador y el opositor partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, lo consideran fuera de los preceptos “democráticos”.