El PSOE y Ciudadanos han acordado que la financiación estatal a los partidos no sólo esté vinculada al resultado electoral en escaños y votos, sino a “elementos de democracia interna de los partidos, en los términos que la ley establezca”.
El pacto establece la retención de las subvenciones públicas a los partidos que no hayan remitido sus cuentas al Tribunal de Cuentas y que las formaciones que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción se hagan responsables patrimoniales de dichos actos.
Según el documento del acuerdo que han suscrito ambas formaciones, las donaciones privadas a los partidos políticos contarán con “incentivos fiscales regresivos” y se prevé “un sistema de devolución para las personas que no realizan la declaración del IRPF”.
Asimismo, el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos obliga a la celebración de elecciones primarias entre los afiliados de un partido político para la elección de los candidatos a la Presidencia del Gobierno, a la de las comunidades autónomas y a las alcaldías.
Ambos partidos apuestan por regular un sistema de microdonaciones a través de Internet para donaciones inferiores a 200 euros (en cómputo anual por cada persona física), “garantizando la identificación de los donantes ante el órgano de control”.
Establecen la necesidad de “dotar de transparencia” a todos los ingresos públicos y privados, con desglose de las aportaciones de donantes, afiliados y cargos públicos, así como la de “detallar los gastos, con indicación expresa de retribuciones a responsables internos y empleados, gastos externos y de funcionamiento”.
Los partidos deberán además informar cada tres meses al Tribunal de Cuentas de todas las aportaciones privadas recibidas, de los créditos contratados y de los acuerdos de renegociación de deudas con las entidades financieras.
“El Tribunal de Cuentas deberá publicar con carácter inmediato la información recibida e identificar a los donantes una vez superen la cantidad de 200 euros anuales”, afirma el documento.
Los partidos tendrán obligación de realizar anualmente una auditoría externa, y deberán publicar su liquidación de gastos e ingresos electorales, “teniendo en cuenta un techo de gasto”.