Una sala del Supremo conservadora y un ponente afín a Feijóo: los jueces que han tumbado el voto de miles de personas
La Sala de lo Contencioso-Administrativo es considerada como uno de los departamentos estratégicos del Tribunal Supremo. Entre otros muchos asuntos, es la sala que fiscaliza al Gobierno y por sus manos pasa cualquier movimiento legislativo relevante del Consejo de Ministros. Una sala que quedó diezmada durante el bloqueo del PP a renovar el Consejo del Poder Judicial y que, durante la presidencia de Isabel Perelló, ha renovado una mayoría de magistrados de sensibilidad conservadora. Una de esas secciones es la que estos días ha paralizado de forma cautelar el derecho a voto de los nacionalizados con la ley de nietos.
Antonio Narváez. Fiscal desde 1982, fue designado magistrado del Tribunal Constitucional entre 2014 y 2023 a propuesta del Gobierno del PP y Mariano Rajoy. Fue uno de los integrantes del bloque conservador del tribunal que en 2022 impidió que el Senado votase la reforma que afectaba a la renovación del propio Constitucional siendo él uno de los afectados. Una vez terminado su mandato en el Constitucional volvió brevemente a la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde impulsó la condena del Gobierno por la devolución ilegal de menores a Marruecos en 2021, antes de ser designado magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el año pasado.
El ponente de los dos autos que mantienen paralizado el derecho a voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos' ha mostrado su cercanía al Partido Popular y, en particular, a Alberto Núñez Feijóo. Tal y como reveló El País, asistió en abril de 2023 a una reunión de fiscales conservadores con el líder del PP en el Hotel Claridge de Madrid y fue uno de los fiscales de alto rango que tomó la palabra. Lo hizo, según El País, para apoyar expresamente la llegada de Feijóo a La Moncloa y cargar contra “la alianza de los socialistas con los filoetarras de Bildu”.
Narváez ha sido el ponente de los dos autos que han impuesto y mantenido las medidas cautelares que, en la práctica, impedirán votar a miles de personas nacionalizadas por la conocida como 'ley de nietos'. Hace unos meses también fue ponente de la sentencia que reclamó cambios legales para resolver más rápido los casos de eutanasia como el de la joven Noelia, entre críticas de una decena de sus compañeros que consideraron que su resolución “muta o devalúa el significado constitucional del derecho a la muerte digna” al permitir que familiares recurran este tipo de medidas.
Alicia Millán. Accedió a la magistratura en el año 2000 después de una década ejerciendo como profesora de derecho y letrada de la Generalitat Valenciana. Vinculada a la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, entró al Tribunal Supremo en febrero de 2025 y fue ponente de la sentencia que avaló la retirada de la Medalla al Mérito en el Trabajo a Julio Fernández Gayoso, expresidente de Novacaixagalicia condenado por el cobro de prejubilaciones millonarias. También de la que impuso una multa de 3.000 euros a José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), por lanzar una encuesta sobre el periodo de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa en 2024.
Millán, de perfil progresista, ha sido la única magistrada del Tribunal Supremo en pronunciarse en contra de la decisión de sus compañeros de mantener la suspensión del derecho a voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'. Un documento en el que entiende que la lesión al derecho de voto de miles de afectados es “irreversible” y que la prioridad debería ser “preservar el derecho de participación”.
Luis María Díez-Picazo. Hijo del jurista y exmagistrado del Constitucional de igual nombre, Luis María Díez-Picazo entró en la sala tercera del Tribunal Supremo en 2008 por el turno de juristas de reconocida competencia. Hasta entonces había ejercido como letrado del Ministerio de Justicia y como catedrático de Derecho Constitucional. El historial de polémicas de este magistrado, muy cercano a Carlos Lesmes y con una trayectoria impulsada por el sector conservador del Poder Judicial, arrancó hace más de una década, cuando fue nombrado presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
El sector conservador del Consejo impuso a Díez-Picazo con dos puntos de ventaja sobre el entonces presidente de esta sala estratégica del Supremo. Sucedió entre acusaciones contra Carlos Lesmes, entonces presidente del organismo, por maniobrar para ubicar al frente de esta sala a un magistrado más afín que Sieira. Tres asociaciones judiciales llevaron el nombramiento hasta Naciones Unidas. Llegó al puesto en 2015 y tres años después protagonizó la polémica que desembocó en la mayor crisis interna de la historia reciente del Tribunal Supremo: el impuesto hipotecario.
Fue en 2018 cuando una de las secciones de su sala estableció que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, conocido como el impuesto hipotecario, debía correr a cargo del banco y no del cliente, una decisión que afectaba a miles de personas con una carga de millones de euros. La gestión de la crisis por parte de Díez-Picazo –durante años profesor en CUNEF, la universidad de la banca– desembocó en el pleno más tenso que recuerdan en la Sala, dando finalmente y gracias a su voto la razón a los bancos y dejando un reguero de votos particulares. El propio Carlos Lesmes, en una decisión inédita, tuvo que salir a pedir perdón por la gestión “deficiente” de la crisis. Díez-Picazo no se presentó a la reelección dos años después.
José Luis Requero. Magistrado desde 1983, Requero accedió al Tribunal Supremo en 2014 después de dos décadas en el departamento contencioso de la Audiencia Nacional. Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008 –uno de los mayores bloqueos de la historia del organismo–, época en la que puso de manifiesto su perfil ultraconservador en cuestiones relacionadas con los derechos del colectivo LGTBI. Propuso que los jueces del Registro Civil pudieran negarse a tramitar expedientes sobre matrimonios entre personas del mismo sexo y fue ponente de una propuesta de informe sobre la ley de matrimonio homosexual que comparaba esos matrimonios con la unión entre personas y animales. Recientemente ha firmado un voto particular en el que se opone a que los ayuntamientos puedan exhibir en sus fachadas banderas LGTBI durante la semana del Orgullo.
Manuel Delgado-Iribarren. Una de las últimas incorporaciones a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, nombrado a principios de 2025 por unanimidad del CGPJ y considerado de perfil conservador, Manuel Delgado-Iribarren es uno de los mayores expertos en derecho parlamentario del país. Letrado de las Cortes Generales y de la Junta Electoral Central y antiguo miembro del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), ha sido ponente de varias sentencias relevantes en el último año: anuló una multa del Tribunal de Cuentas a Vox por el sistema de donaciones y también rechazó el recurso de Abogados Cristianos contra el Consejo de Memoria Democrática.
Antonio Fonseca-Herrero. Magistrado desde 1985, llegó al Tribunal Supremo en 2012 después de años presidiendo la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Castilla y León. Poco después pasó a ocupar el puesto de Promotor de la Acción Disciplinaria en el CGPJ: el encargado de investigar y proponer sanciones disciplinarias para jueces. Un puesto en el que, entre otras cosas, archivó las diligencias abiertas a jueces de Madrid por cobrar de Indra para desarrollar una herramienta informática judicial o a los magistrados que en 2014 firmaron un manifiesto a favor del “derecho a decidir”, aunque impulsó una sanción al juez Santiago Vidal. También abrió un expediente a Victoria Rosell, víctima de lawfare, a petición de los autores de la guerra sucia contra la magistrada y exdiputada de Podemos, investigación revocada posteriormente por la Comisión Disciplinaria.