“Vamos tarde”. “No podemos esperar un día más”. Pedro Sánchez avisa a la UE de que es necesario que se tomen medidas urgentes y contundentes en el próximo Consejo Europeo para hacer frente a la escalada de los precios de la energía en un momento en el que la calle se está caldeando en España con protestas. No obstante, el presidente insiste en que la respuesta debe ser común de la UE y que no puede haber 27 “distintas” ante la presión para que el Gobierno tome medidas antes de los días 24 y 25 de marzo en los que se celebrará esa cumbre. España, Italia, Portugal y Grecia han escenificado un frente común durante una reunión de los presidentes en Roma para reclamar medidas urgentes y efectivas a nivel comunitario.
“Todos los gobiernos aquí presentes, los 27, hemos puesto de nuestra parte para mitigar las consecuencias de este precio desbocado”, ha dicho Sánchez en la comparecencia conjunta en Roma ante la presión política y social para que el Gobierno adopte medidas de forma inmediata. El presidente sostiene que ya hay elementos en marcha, como la reducción del IVA de la electricidad o la suspensión del impuesto de producción eléctrica, que cifra en una rebaja fiscal del 60% en la electricidad y en un total de 4.000 millones de euros que pueden llegar a los 12.000 si se prolonga durante un año desde que se activaron; pero la invasión rusa de Ucrania obliga a tomar medidas que vayan más allá. Ese es el compromiso del Ejecutivo, que incluirá rebajas fiscales en el plan de respuesta a la guerra, pero la discrepancia está en el momento en el que actuar. Sánchez quiere esperar al Consejo Europeo para ver qué medidas se aprueban a nivel europeo y, a partir de ahí, actuar a nivel nacional.
“Si este es un problema europeo tenemos que darle una respuesta europea, no puede haber 27 respuestas distintas”, ha dicho Sánchez a los periodistas al acabar la declaración con sus homólogos Mario Draghi, António Costa y Kyriakos Mitsotakis, que ha intervenido por videoconferencia al encontrarse aislado por coronavirus. “Aprobaremos ese plan nacional a escala nacional que tiene que estar alineado con lo que se decida los días 24 y 25 en Bruselas”, ha expresado. Ese plan, ha señalado, tendrá “tres ejes” con el fin de “amortiguar las consecuencias” en el plano nacional, pero también “proteger a los sectores más vulnerables” y “repartir la carga de las consecuencias de la guerra de una manera más equitativa”.
El presidente no ha querido entrar en las discrepancias que existen en el seno de la coalición sobre la respuesta que se debe dar a la crisis que deja la guerra y, en concreto, a la propuesta de Unidas Podemos de recortar los beneficios de las eléctricas. “Tenemos muchas propuestas encima de la mesa”, se ha limitado a decir Sánchez, que ha recordado su vocación de que el plan de respuesta a la guerra salga adelante con el respaldo “unánime” del Congreso y también con el consenso de agentes sociales y comunidades autónomas.
El socialista insiste por ahora en la necesidad de actuar en el “origen” de los fallos del mercado energético desvinculando el gas del precio de la electricidad y también de la propuesta de Portugal, secundada por España, de limitar a 180 euros/MWh el precio de la luz. Sin embargo, en el ala socialista del Ejecutivo no ven la propuesta de subir los impuestos a las eléctricas. “Hay muchas formas de limitar beneficios, topando precios ya los limitas”, explican fuentes gubernamentales.
Sánchez llama a la “calma” de una “minoría” que actúa con violencia
Preguntado por las movilizaciones que se están produciendo en España y las manifestaciones convocadas para este fin de semana -una por Vox y otra por el sector primario-, Sánchez ha asegurado que “el Gobierno se hace cargo” de la situación y ha apelado a la “responsabilidad” de la “minoría violenta” del sector del transporte durante el paro que comenzó el lunes y que está poniendo en peligro algunos suministros.
“Llamo a la calma de esta minoría, a poder expresarse libremente, con respeto, pero a no caer en una dinámica de violencia que contraviene la convivencia en un momento tan difícil”, ha expresado Sánchez, que ha asegurado que el Gobierno tiene la obligación de mantener el orden público “ante determinadas conductas, que afortunadamente son minoritarias, pero que están actuando de forma vandálica cuando no violenta”.
Sánchez ha evitado situar a los transportistas en la ultraderecha, como han hecho todos los ministros que han hablado sobre el asunto. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que no se trata de un “paro” sino de un “boicot” que, a su juicio, “alienta la ultraderecha para hacerle el juego al villano de Putin. ”No se puede usar la falta de suministros para chantajear al Gobierno“, ha expresado. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, rechazó sentarse con ”un grupo de radicales que utiliza la violencia“.
El presidente, en cambio, ha mantenido un tono más conciliador y ha mostrado “empatía” hacia los sectores que están sufriendo las consecuencias de la guerra. “Llevamos desde el año pasado en un diálogo constante, diría casi diario, con las principales asociaciones del sector del transporte. Ese diálogo está abierto”, ha dicho en referencia al Comité Nacional del Transporte, que es el interlocutor oficial del sector, con el que el presidente ha recordado que llegaron a un acuerdo en diciembre para revisar los precios en función de la evolución de los de los hidrocarburos.