En un comunicado, ha tachado de “desproporcionadas, irregulares y no ajustadas a las previsiones legales las actuaciones que han tenido lugar recientemente en Cataluña.
Como continuación de las consideraciones del informe 'Retrocesos en materia de derechos humanos: libertad de expresión de los cargos electos y separación de poderes en el Reino de España', ha dicho que las “multas coercitivas” por parte del TC suponen una vulneración de los principios más elementales de defensa propios de un estado democrático“.