“El delito de sedición es muy complejo, cabe posibilidad de interpretarlo desde muchos puntos de vista y no debería ser un policía quien discerniese sobre este tipo de delitos”, ha manifestado en declaraciones a Europa Press el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), Javier Estévez.
A su juicio, “lo lógico es que se marquen unas medidas más claras, instrucciones sobre 'esto sí' y 'esto no' o que sea el Ministerio Fiscal o los jueces”. “Tal y como está establecido en el Código Penal es muy complicado discernir este tipo de delitos en una acción cualquiera”, ha explicado.
“Hasta ahora no lo hemos visto aplicar nunca, al menos los policías de esta era”, ha reiterado el portavoz del SUP para quien es necesario tener “un conocimiento del derecho” para ello.
Este martes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional dictó una orden en la que solicita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que le informen de todos los delitos que se puedan cometer si el Tribunal Constitucional (TC) “invalidara y dejara sin efecto” la resolución independentista aprobada este 9 de noviembre por el Parlamento de Cataluña.
En un escrito fechado el 5 de noviembre, el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, señala que la ejecución del “mandato ilegal” aprobado por el Parlamento catalán podría ser constitutiva de delitos contra la forma de Gobierno (sedición y rebelión) y contra Altos Organismos del Estado, que son competencia de este tribunal, así como de otros como prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones y uso indebido de fondos públicos, que asumiría por conexidad con los anteriores.
La orden, remitida a los mandos de los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil, entre otros, recuerda que la Audiencia Nacional no es competente para perseguir a aforados (diputados del Parlamento, presidente y miembros del Gobierno catalán) pero sí para investigar la actuación de “autoridades, funcionarios o particulares” que participen en estas acciones.