El Tribunal Supremo de Tailandia rechazó hoy la apelación por delitos de difamación presentada por una multinacional frutícola contra el activista británico Andy Hall, quien reclamará en los juzgados una indemnización.
Los cargos estaban relacionados con una entrevista que el activista concedió en 2013 al canal Al-Jazeera en relación a otra denuncia emitida por la empresa Natural Fruit, acusada de abusos laborales en un informe de la organización no gubernamental Finnwatch y firmado por Hall.
En dos ocasiones anteriores, en un tribunal de Bangkok y la corte de apelación, la justicia tailandesa rechazó presentar cargos contra Hall por este caso.
A la salida del Supremo, el activista señaló que demandará a la multinacional, la Policía y al fiscal general, entre otros, por “enjuiciamiento ilícito y perjurio”.
“Lo hago con profundo pesar y en absoluto con ira o por deseo de retribución personal. Es necesario iniciar estos enjuiciamientos porque simplemente debo defenderme contra el acoso judicial por parte de Natural Fruit que no muestra signos de disminución”, expresó Hall, según un comunicado remitido por Finnwatch.
La ONG aplaudió la decisión del Supremo, pero recuerda que aún quedan pendientes otras dos demandas civiles por daños y perjuicios de 400 millones de baht (11,4 millones de dólares o 10,3 millones de euros) presentada por Natural Fruit contra Hall.
“La campaña de acoso judicial que se ha librado contra Andy Hall durante casi cuatro años ya ha sido exitosa”, señaló Sonja Vartiala, directora de Finnwatch.
El pasado 20 de septiembre, un tribunal de Bangkok condenó a Hall a cuatro años de cárcel, reducidos a uno, por otra demanda de difamación presentada por la compañía frutícola.
El activista, no obstante, no entrará en prisión, pero si tendrá que afrontar una multa de 150.000 bat (4.300 dólares o 3.850 euros).
Hall aseguró que apelará la condena, pero hasta el momento no ha podido ya que el tribunal no le ha entregado una copia escrita del veredicto.
Según la investigación de Hall, una de las fábricas de piñas de la compañía empleaba a cientos de inmigrantes birmanos, algunos menores de edad, a los que les confiscaba el pasaporte y cuyo salario era inferior al mínimo impuesto por el Gobierno tailandés.
Los frecuentes desmayos por los golpes de calor y la sobrecarga de trabajo en condiciones sofocantes eran otras de las prácticas denunciadas.