Los restos de Francisco Franco podrán ser exhumados de la basílica del Valle de los Caídos y trasladados al cementerio de Mingorrubio, en el barrio de El Pardo, como propone el Gobierno. El cadáver no será inhumado en la catedral de La Almudena, ubicada en pleno centro de Madrid, como pretendían sus descendientes.
La Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado por unanimidad la totalidad del recurso interpuesto por los familiares del dictador ante el acuerdo del Consejo de Ministros que fijaba para el 10 de junio su exhumación y su posterior reinhumación en Mingorrubio. Su salida del Valle de los Caídos fue paralizada por la Sala hasta que hubiera sentencia. El abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera Molina, ya ha anunciado que sus clientes “van a dar la batalla hasta el final”.
Los seis jueces, que han tardado poco más de una hora en deliberar, han dictaminado este martes que el cadáver del dictador debe abandonar Cuelgamuros, dado que la ley de Memoria Histórica prevé que ese monumento se convierta en un espacio de reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
Los descendientes de Franco habían recurrido el acuerdo del Consejo de Ministros que fijaba el procedimiento de exhumación y reinhumación. Sus familiares querían trasladarlo al nicho propiedad de la familia en la cripta de la catedral de La Almudena, donde están enterrados su hija Carmen y su marido, el marqués de Villaverde. Esa catedral está a pocos pasos del Palacio Real, anteriormente conocido como de Oriente y centro de exaltación franquista.
Con su decisión, los magistrados del Alto Tribunal avalan el criterio del Gobierno sobre dónde llevar los restos. El Ejecutivo propuso trasladarlos al cementerio de Mingorrubio, donde descansa Carmen Polo, la mujer del dictador. Este fallo pone fin a quince meses de enfrentamientos legales en los que los Franco han intentado truncar los planes de sacar el cadáver de Franco del conjunto monumental. Pedro Sánchez anunció que quería exhumar al dictador tras ganar la moción de censura en junio de 2018, como un gesto simbólico para las víctimas del franquismo. El Valle de los Caídos está financiado por el Estado, es de titularidad y pública y aloja al dictador junto a miles de sus víctimas.
Entonces, el Gobierno inició un procedimiento administrativo y rechazó todas las alegaciones que presentaron los nietos de Franco, logrando que el Congreso de los Diputados avalara sus planes, con la abstención de PP y Ciudadanos. La familia decidió acudir a la justicia y presentó una demanda que el Tribunal Supremo ha acabado rechazando en su totalidad. La exhumación estaba paralizada cautelarmente desde el 4 de junio, cuando el mismo tribunal ordenó que se suspendiera la operación, prevista para el 10 de junio, a la espera de una sentencia definitiva.