El Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza solidaria de 4,1 millones de euros al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al que fuera su número dos en el Govern, Oriol Junqueras, y a otras 26 personas –trece exconsellers y once exaltos cargos de la Generalitat– por el gasto supuestamente originado a las arcas públicas en la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, celebrado pese a haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
El organismo fiscalizador del Estado ha comunicado este martes a sus representantes legales la conclusión de la instrucción de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia interpuesta por Sociedad Civil Catalana por el supuesto uso de fondos públicos en esa consulta. En estas pesquisas también están personadas la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que buscan la restitución del dinero público que la Generalitat de Catalunya utilizó para financiar el proceso que desembocó en la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017.
Los denunciados tienen 15 días de plazo para depositar esos fondos y garantizar así que pueden hace frente a una eventual condena. Si no lo hacen, podrán ver embargadas sus cuentas. En todo caso, las cantidades son provisionales porque los abogados de los implicados pueden presentar alegaciones. Se trata de una fianza solidaria, por lo que si alguno de los denunciados no tiene dinero o propiedades para hacer frente a su depósito, otros de los implicados tendrán que hacerse cargo por él.
Esta cifra responde a los gastos de la organización del referéndum, 3,9 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la celebración de la consulta hasta el momento, que suponen 242.980 euros, según ha concretado el Tribunal de Cuentas. El procedimiento es análogo que se siguió en su día contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, a quien se consideró máximo responsable de los gastos de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, que se cifró en casi cinco millones de euros –casi un millón de euros menos que el 1-O–y que tuvo que responder de forma solidaria con las fianzas del resto de implicados.
El Tribunal Supremo atribuyó en la sentencia del procés el delito de malversación al vicepresident Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, lo que ha agravó sus penas. El Alto Tribunal no cuantificó el conjunto de los gastos ni reclamó el dinero como responsabilidad civil a los condenados, sino que lo dejó en manos del Tribunal de Cuentas. Los jueces consideraron que la malversación se produjo en concurso medial con la sedición, lo que quiere decir que uno de los delitos no pudo tener lugar sin el otro y que, en consecuencia, la utilización indebida de dinero público fue imprescindible para el plan secesionista.
La cantidad de dinero público que la Generalitat destinó al referéndum ha suscitado diferencias entre los diferentes actores relacionados con el procés. Mientras que la Fiscalía del Tribunal Supremo elevó la factura a 3,1 millones de euros, la Abogacía del Estado rebajó esta cantidad a 2,9 millones de euros. El Ministerio de Hacienda, que tenía intervenidas las finanzas catalanas durante los preparativos del 1-O, la redujo a 812.000 euros, de los que el Govern pagó sólo 196.900. Por contra, la Guardia Civil hizo la estimación más elevada y fijó el coste de la votación en 4,6 millones de euros. Los exresponsables del Govern, por su parte, siempre han sostenido que todo se pagó con aportaciones privadas.
A la hora de concretar qué cantidades pagó cada exconseller o exalto cargo, el Tribunal de Cuentas cifra en 3,6 millones las partidas para el 1-O vinculadas a Junqueras por 2,1 las atribuidas a Puigdemont, gastos compartidos con el resto del Govern. Si se dividen por cada exalto cargo implicado el importe de las 13 partidas –anuncios del 1-O en prensa y televisión, el registro de catalanes en el exterior, observadores internacionales, cartelería y papeletas del referéndum– por las que reclama el Tribunal de Cuentas, los más afectados son Junqueras y la exinterventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, procesada en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.
En concreto, a Vidal se le reclaman 455.527,48 euros, mientras que a Junqueras 421.887,21. Les siguen el director general de Patrimonio, Francesc Sutrias, a quien el Tribunal de Comptes le pide 369.550,62 euros; el actual diputado de ERC y exsecretario general de la Vicepresidència, Josep Maria Jové, con 290.807,99 euros, los mismos que se solicitan a la directora de servicios de este departamento, Natàlia Garriga.
Respecto a Carles Puigdemont, el Tribunal de Cuentas le reclama 131.079,226 euros, los mismos que a los exconsellers Santi Vila, Meritxell Borràs, Toni Comín, Joaquim Forn, Carles Mundó, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Josep Rull y Meritxell Serret. El ente también pide al exconseller de Exteriores Raül Romeva reintegrar 231.236,41 euros; a la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa, 216.758,02 euros; y al exconseller de Presidencia Jordi Turull, 167.595,406 euros.
Por último, al exdirector del Diplocat Albert Royo se le reclaman 127.381,58 euros; al secretario general de Trabajo, Josep Ginesta, 85.678,795; a la exconsellera Neus Munté 39.384,26; al director general de medios de comunicación, Ignasi Genovès 36.516,18; al secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, 33.640,27; al secretario de comunicación, Antoni Molons 25.112,201; al responsable de difusión institucional, Jaume Mestre, 21.004,015; al secretario de Exteriores, Aleix Villatoro, 9.859,155; al exdelegado del Govern ante la UE, Amadeu Altajaf, 9.859,155; y a la directora de servicios de la conselleria de Políticas Digitales, Teresa Prohias, 2.875,91 euros.