La asociación mayoritaria de la Guardia Civil solicitó la anulación de este Real Decreto del 5 de noviembre de 2010 al entender que se había incurrido en un defecto de forma ya que fue aprobado sin que el Consejo de la Guardia Civil fuese informado convenientemente. Alegaban que se les presentó un documento insuficiente y sin aportar un informe razonado, según han explicado a Europa Press los servicios jurídicos de AUGC.
En una sentencia dictada el pasado 12 de noviembre, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal considera que “el recurso debe de ser desestimado pues en la elaboración del Real Decreto cuestionado no se produjeron los defectos de procedimiento que apunta la recurrente”.
La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas Murillo, defiende que el proyecto de Real Decreto “fue sometido al Consejo de la Guardia Civil, se incluyó en el orden del día de su reunión el 14 de octubre de 2010 y fue objeto de debate y votación en la cual recibió el voto favorable de la mayoría de sus miembros aunque los 14 representantes de los guardias civiles formularan voto particular”.
La Abogacía del Estado se opuso al recurso y pidió su desestimación “por ser plenamente ajustada a Derecho la disposición reglamentaria recurrida”.