En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Lloveras ha lamentado que se trata de una querella “por hacer política, por expresar públicamente el apoyo al referéndum” que se celebró en otoño de 2017.
La querella se remonta a septiembre de 2017 y fue impulsada por la Fiscalía Superior de Cataluña cuando Buch era presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y Lloveras de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), dos cargos que ya no tienen.
En sus inicios, el TSJC envió la causa al Tribunal Supremo pero el magistrado Pablo Llarena rechazó su competencia para investigarla y la devolvió al tribunal catalán, que es quien tomará declaración al conseller y a la alcaldesa.
La querella de la Fiscalía, presentada el 14 de septiembre de 2017, les atribuía presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos por considerar que hicieron “actos inequívocos de promoción y organización del referéndum”.
La querella se dio a conocer el mismo día que empezó la campaña del 1-O y desde el acto central que los independentistas celebraron aquel día, Lloveras declaró que era un ataque al mundo municipal que demostraba que España es “un Estado en decadencia y sin valores democráticos”.