Las instituciones comunitarias valoraron hoy la decisión de un tribunal de Baku (Azerbaiyán) de excarcelar al activista Arif Yunus debido a su estado de salud, pero el Parlamento Europeo pidió también la liberación de su mujer, la defensora de derechos humanos Leyla Yunus.
El Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea consideró en un comunicado que la salida de prisión de Arif Yunus, aún manteniéndolo bajo arresto domiciliario, es “un gesto humanitario” al que deben seguir más medidas.
Un portavoz de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, anunció además su disponibilidad para profundizar el diálogo y la cooperación con Azerbaiyán.
La presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Elena Valenciano, por su parte, también consideró positiva la decisión de la corte de apelaciones de Baku.
La eurodiputada española consideró que este dictamen es un primer paso “importante” y “muy esperado”, y manifestó su deseo de que a esta decisión le sigan otras medidas positivas, como la salida de prisión “inmediata” de la mujer del activista, Leyla Yunus, que continúa en la cárcel pese a tener un estado de salud “vulnerable”.
También expresó la preocupación de la Eurocámara por los prisioneros políticos en Azerbaiyán, entre los que figuran periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, y declaró que todos los cargos contra ellos “deben ser retirados”.
Arif Yunus, que fue sentenciado a siete años de cárcel por cargos que incluyen fraude, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en Baku.
Por su parte, Leyla Yunus fue condenada a ocho años y medio con cargos de “graves crímenes” como “alta traición”, y continúa en prisión pese a que su estado de salud es “incluso peor” que el de su marido, según confirmó el propio Arif Yunus en declaraciones recogidas por el diario británico “The Guardian”.
El proceso legal al que fue sometido el matrimonio fue considerado “injusto” por el Parlamento Europeo, cuyo presidente, Martin Schulz, declaró en agosto que tanto el juicio como el veredicto constituyeron una de tantas “represiones indignantes” de la sociedad civil en Azerbaiyán.