Vox ha retirado este martes la propuesta de comisión de estudio sobre el modelo de las residencias que presentó la semana pasada y que había soliviantado al Partido Popular de Madrid, que acusó al partido de extrema derecha de “sumarse a la estrategia de la ultraizquierda” y de utilizar a los fallecidos en lo peor de la pandemia con un “interés electoral”.
El grupo que lidera Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid, y en quien el Gobierno de Ayuso se apoya para sacar adelante cualquier iniciativa, ha rectificado apenas una semana después. “Nosotros quitamos la comisión de estudio, pero no renunciamos en un futuro a mejorar las residencias”, ha justificado.
La petición, ahora convertida en papel mojado, de Vox, provocó la semana pasada un pleno bronco, en el que la oposición pidió la dimisión del vicepresidente Enrique Ossorio por unas declaraciones en las que afirmaba que las familias ya habían superado esas muertes. En ese mismo pleno fue la propia Ayuso quien cargó contra la extrema derecha a quien espetó: “En esta vida además de ser firme y tener valor hay que tener principios, se tienen que replantear esa comisión”.
Hoy, la presidenta madrileña ha dicho que era un “sin sentido” que Vox impulsase esa comisión. “Lo que tendría que explicar Vox es dónde iba en una comisión junto con aquellos que avanzaban que iban a retorcer el dolor de las familias o con aquellos que boicoteaban un hospital público con pacientes dentro, el Isabel Zendal, mientras se estaban curando. No sé dónde iban en esta comisión”.
La izquierda, por su parte, ha enmarcado la marcha atrás de la extrema derecha en unas negociaciones presupuestarias. Algo que la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha calificado de “pantomima”, el del PSOE, Juan Lobato, de “repugnante”, y la de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, de “absoluto paripé”.
“No me consta a mi que esto sea causa de ninguna negociación, de negociación presupuestaria en la que yo estoy. Si yo estoy y no… que no”, ha negado Ossorio sobre esta posibilidad. Así, para el Gobierno madrileño, la de su socio parlamentario es “una decisión acertada, pues consideramos que solo tenía un fin político”.
Informa David Noriega.
El Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite un recurso presentado por Unidas Podemos y su grupo confederal del Congreso contra la Ley de Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, aprobada el pasado mes de junio por el ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso y bautizada por la oposición como 'Ley Uber'.
La norma, según los partidos recurrentes, invade competencias municipales a la hora de regular la concesión de licencias a Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) para el transporte urbano en los distintos municipios. Contempla, además, que los taxis puedan circular 24 horas todos los días de la semana.
“La Comunidad de Madrid se ha excedido inconstitucionalmente en la regulación establecida en la norma impugnada”, afirma el recurso de la formación que preside Ione Belarra. Una parte del sector del taxi también se mostró en contra de esta norma, presentando su propio recurso.
Informa Alberto Pozas.
El Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad la medida cautelar planteada por el partido ultraderechista Vox para que la reforma laboral aprobada en febrero perdiera su vigencia. Una norma aprobada por un solo voto de margen y después de que un diputado del PP, Alberto Casero, se equivocara al registrar el suyo.
Tanto Casero como su partido y Vox recurrieron la votación ante el Constitucional, cuestionando las decisiones posteriores de la presidencia de la cámara baja, pero el partido ultraderechista fue un paso más allá y pidió la suspensión cautelar de la norma.
Una petición que ha rechazado de plano y por unanimidad el Tribunal Constitucional, según ha anunciado este martes. Los jueces todavía tienen que estudiar todos los recursos presentados contra la decisión de Meritxell Batet de no repetir la votación o de no registrar el voto de Alberto Casero como positivo en línea con el resto de su partido, clave para la aprobación de la norma.
Informa Alberto Pozas.
El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto de ahorro energético con el que el Gobierno pretendía limitar el consumo de energía eléctrica.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la interposición del recurso hace ahora dos semanas. El decreto, según Ayuso, “actúa de forma arbitraria, autoritaria y, sobre todo, atenta contra los comercios y demás establecimientos públicos, en un momento muy difícil para ellos”.
Ahora el Constitucional tendrá que dictar sentencia sobre este Real Decreto que, entre otras cosas, limitaba la temperatura del aire acondicionado en determinados comercios o edificios públicos, estableciendo también la obligación de apagar escaparates a partir de las diez de la noche.
Lo cuenta Alberto Pozas.
La Audiencia Nacional (AN) ha señalado para el próximo 24 de mayo el arranque del primer juicio del 'caso Lezo', que se centrará en la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II (CYII) en el año 2001 para determinar si, como sostienen las distintas acusaciones, se pagó un “sobreprecio” a costa de las arcas públicas.
Así consta en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde la Sala de lo Penal de la AN habilita un total de 20 sesiones, entre el 24 de mayo y el 27 de junio, para acoger la vista oral por esta pieza separada número 1 de 'Lezo'.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, envió a juicio a un total de 22 personas, entre los que destacan los ex consejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores del que fuera alcalde de Madrid y presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón.
Para ellos, la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena a 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, siguió al dedillo su máxima de no salirse del guion para no dificultar la negociación que se ha abierto con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “No es momento de mostrar diferencias”, repitió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a todas las preguntas sobre el cambio del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, que es el principal escollo sobre la mesa hasta ahora.
“Saben y tienen claro cuáles son nuestras posiciones, cuál es la posición del PP. Se trata de resolver una anomalía democrática, de cumplir la Constitución. Nos hemos dado una última oportunidad. El Gobierno tiene muchísimo interés en sacar adelante ese acuerdo. Cuando se trabaja por el acuerdo es muy importante no poner el foco en la diferencia”, ha reiterado la portavoz.
Aunque el Gobierno evita públicamente mostrar las discrepancias, sí admiten que no van a aceptar el cambio del sistema de elección del CGPJ. “Esta negociación no está condicionada a nada”, señalan fuentes gubernamentales, que esperan que el acuerdo esté listo en un periodo “muy breve”. A pesar de que no se han puesto plazos, en el Ejecutivo hablan de días.
Informa Irene Castro.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que tildar como “delitos de odio” tanto la denuncia archivada por Fiscalía por la decisión del Gobierno municipal por no colocar la bandera LGTBI en la fachada de Cibeles durante el Orgullo, como los graves insultos que profirieron los alumnos del Colegio Mayor Elías Ahuja a las residentes en el colegio de enfrente, es caer en una “banalización” de dicho delito.
“No hay nada peor con los delitos de odio que banalizarlos, que calificar todo como delito de odio. Lo vimos la semana pasada con lo ocurrido en el Elías Ahuja, hechos que yo condeno. Y atribuir un delito de odio por no colocar la bandera LGTBI cuando este Gobierno llenó Madrid de banderolas LGTBI, subvencionó el Orgullo, puso espacios públicos novedosos como la Plaza de España”, es, a su juicio otra forma de “banalizar” dicho delito.
Martínez-Almeida entiende que la denuncia interpuesta “a título personal” por la entonces portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, por no colocar la banderas arcoíris en la fachada de Cibeles la hizo “desde las urgencias desaforadas de una persona –a la que no ha citado– que solo busca una lista electoral en la que meterse en mayo de 2023”. “Hay algunas personas que no saben dónde se tienen que sentar, si en el Grupo Mixto o no, y no tienen claro dónde sentarse en la legislatura que viene”, ha afirmado.
Lo cuenta Carmen Moraga.
Más Madrid ha registrado este martes una proposición no de ley en la Asamblea regional para que ningún miembro del Gobierno de Ayuso cobre más que el presidente del Ejecutivo Central, Pedro Sánchez. “Resulta evidente que la Comunidad de Madrid no es ajena a las circunstancias económicas que está viviendo España, como España no es ajena a las circunstancias económicas que está viviendo Europa en su conjunto”, justifica el escrito.
El grupo que lidera Mónica García basa su solicitud en las críticas que la presidenta madrileña realizó al salario de Pedro Sánchez, al considerarlo excesivamente elevado dadas las circunstancias actuales. “Sin embargo, existen múltiples cargos de la Comunidad de Madrid que cobran cantidades superiores a lo que cobra el presidente del Gobierno de España”, indica el texto, que señala a la propia Ayuso, que percibirá este ejercicio 20.000 euros más que Sánchez.
Escribe David Noriega.
Vox ha retirado este martes la propuesta de comisión de estudio sobre el modelo de las residencias que presentó la semana pasada y que había soliviantado al Partido Popular de Madrid, que acusó al partido de extrema derecha de “sumarse a la estrategia de la ultraizquierda” y de utilizar a los fallecidos en lo peor de la pandemia con un “interés electoral”.
El grupo que lidera Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid, y en quien el Gobierno de Ayuso se apoya para sacar adelante cualquier iniciativa, ha rectificado apenas una semana después. “Nosotros quitamos la comisión de estudio, pero no renunciamos en un futuro a mejorar las residencias”, ha justificado.
La petición, ahora convertida en papel mojado, de Vox, provocó la semana pasada un pleno bronco, en el que la oposición pidió la dimisión del vicepresidente Enrique Ossorio por unas declaraciones en las que afirmaba que las familias ya habían superado esas muertes. En ese mismo pleno fue la propia Ayuso quien cargó contra la extrema derecha a quien espetó: “En esta vida además de ser firme y tener valor hay que tener principios, se tienen que replantear esa comisión”.
Hoy, la presidenta madrileña ha dicho que era un “sin sentido” que Vox impulsase esa comisión. “Lo que tendría que explicar Vox es dónde iba en una comisión junto con aquellos que avanzaban que iban a retorcer el dolor de las familias o con aquellos que boicoteaban un hospital público con pacientes dentro, el Isabel Zendal, mientras se estaban curando. No sé dónde iban en esta comisión”.
La izquierda, por su parte, ha enmarcado la marcha atrás de la extrema derecha en unas negociaciones presupuestarias. Algo que la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha calificado de “pantomima”, el del PSOE, Juan Lobato, de “repugnante”, y la de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, de “absoluto paripé”.
“No me consta a mi que esto sea causa de ninguna negociación, de negociación presupuestaria en la que yo estoy. Si yo estoy y no… que no”, ha negado Ossorio sobre esta posibilidad. Así, para el Gobierno madrileño, la de su socio parlamentario es “una decisión acertada, pues consideramos que solo tenía un fin político”.
Informa David Noriega.
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para ayudar a Ucrania. Se trata de ayudas a entidades y a “alguna comunidad autónoma” “para garantizar el sistema de acogida internacional”. Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha detallado que se trata de 13 millones de euros a comunidades como Catalunya y Valencia y cuatro subvenciones por 335,7 millones de euros dirigidas a las principales entidades que están atendiendo esta acogida: Cruz Roja, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Asociación Católica Española de Inmigrantes y Fundación Acción Integral con Migrantes.
“Nuestro país vuelve a mostrar su seña de identidad como un país solidario”, ha dicho Isabel Rodríguez, que ha destacado que España “es el quinto país europeo que más refugiados ha acogido”. “Son más de 147.000 personas. España mantiene su pleno apoyo a las personas que huyen de su país; seguimos dando acogida y oportunidades”, ha zanjado.
Comienza la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Este martes se ha llevado el plan de contingencia, con el que se quiere lograr un ahorro de energía para este otoño e invierno. Comparecen la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.