La ley que modifica el Código Penal para castigar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir de forma voluntaria su embarazo con una pena de entre tres meses a un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad entra en vigor este jueves.
Así lo indica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), que publica la citada ley, aprobada definitivamente el pasado día 6 por el Pleno del Senado.
La ley considera “imprescindible garantizar una zona de seguridad alrededor de los centros sanitarios que facilitan la interrupción voluntaria del embarazo de forma que quede garantizada la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación y de este modo garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
Para ello añade un nuevo artículo al Código Penal, el “172 quater”, que establece que “el que obstaculice el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad será castigado con pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días”.
A través de EFE.