Belarra asegura que su “prioridad absoluta” es la reforma de las residencias para que haya un trabajador por cada dos internos

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha asegurado este miércoles que la “prioridad absoluta” de su departamento es la reforma del modelo de residencias de mayores. Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Belarra ha recordado que se encuentra negociando con las comunidades autónomas en busca de ese acuerdo que permita “dignificar” la situación de los mayores.

“No es aceptable ni justo que las personas mayores o con discapacidad tengan que estar en residencias abarrotadas, sin apenas personal para atender sus necesidades. Que no tengan intimidad, ni puedan estar en sus hogares”, ha enfatizado la ministra. Belarra ha recordado que “la crisis de la COVID-19 golpeó de manera muy dura a las residencias y evidenció las costuras del sistema”. “No podemos olvidar todo el dolor que se vivió en algunos de estos centros, que solo pudo paliar mínimamente la gran labor, el esfuerzo y el cariño de los trabajadores y trabajadoras. No queremos más imágenes de residencias masificadas, ni pacientes tratados con sujeciones, ni personas que mueran esperando una plaza pública que no llega nunca”, ha añadido.

Por todo ello, Derechos Sociales propone “un cambio de modelo que mejore la calidad” de las residencias, “que aumente las ratios de personal que deben cumplir para que haya prácticamente un trabajador o trabajadora por cada dos personas atendidas”. Además, Belarra quiere eliminar “la posibilidad de utilizar sujeciones” y que el nuevo modelo “ponga en el centro la dignidad de las personas”, así como que “priorice la atención a domicilio para que las personas puedan vivir en su casa todo el tiempo posible; y si no pueden, encuentren residencias más pequeñas y organizadas en unidades de convivencia de hasta un máximo de 15 personas para que se parezcan, lo máximo posible, a un hogar”. Asimismo, Derechos Sociales quiere que se eleve el porcentaje de habitaciones individuales en las residencias públicas a un 65%.

Informa Iñigo Aduriz.