El eclipse solar del próximo 12 de agosto ha producido una nueva oleada de bulos y falsas teorías que se propagan por las redes sociales. Algunos reaparecen con cada fenómeno astronómico de estas características, mientras otros han surgido por el interés que despierta este en concreto.

Desde falsas afirmaciones sobre la gravedad, hasta supuestos efectos sobre la salud, pasando por viejos mitos culturales, estos son algunos de los bulos más repetidos.

No habrá gravedad durante siete segundos

Uno de los vídeos más virales en TikTok asegura que la gravedad desaparecerá durante siete segundos por la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra durante el eclipse.

Algunos de estos mensajes atribuyen incluso esta supuesta información a la NASA, que ya desmintió este tipo de afirmaciones en febrero. “La Tierra no perderá gravedad el 12 de agosto de 2026. La gravedad de la Tierra, o fuerza gravitacional total, está determinada por su masa”, explicó un portavoz de la agencia espacial de Estados Unidos en declaraciones al verificador Snopes.

La gravedad depende de la masa de la Tierra, por lo que para que desapareciera la primera, debería desaparecer la segunda. En cualquier caso, un eclipse no altera esa masa y no va a producirse un “apagado” de gravedad.

Todas las gafas sirven para observar el eclipse

Las recomendaciones para ver el eclipse también han dado pie a numerosos mensajes engañosos. En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que basta con utilizar unas gafas de sol, cristales ahumados o filtros caseros para observar el fenómeno sin riesgo.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que únicamente deben emplearse gafas específicas para eclipses con marcado CE y certificación en ISO 12312-2:2015. De lo contrario, la vista queda desprotegida y podrían padecerse afecciones.

Las gafas tampoco pueden reutilizarse indefinidamente. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid concluye que los materiales pueden deteriorarse con el paso del tiempo, por lo que aconseja comprobar la fecha de fabricación, la fecha de caducidad y que las lentes no presenten arañazos o desperfectos. Según los investigadores, las gafas fabricadas en 2025 siguen siendo aptas para los eclipses de 2026, 2027 y 2028 siempre que conserven la certificación y estén en buen estado.

El eclipse predice acontecimientos históricos

Las principales novedades desinformativas que acarrea este eclipse tienen que ver con el carácter predictivo de este. Diversos usuarios aseguran que este fenómeno vaticina catástrofes naturales o acontecimientos históricos.

Un vídeo difundido en TikTok, cuya portada afirma que “el eclipse lo dice: Sánchez caerá en octubre”, asegura que “cuando un eclipse cae directamente sobre un país, afecta a ese país”. Continúa explicando que este “va a afectar muchísimo a la monarquía y a Pedro Sánchez y, sobre todo, a su pareja”. Incluso pone fecha al supuesto suceso: “Del 5 al 10 de octubre”.

Otro vídeo que circula en la misma red social afirma que tras el eclipse, se producirá un “tsunami en el mediterráneo”.

No existe ninguna evidencia científica de que un eclipse tenga capacidad de predicción o sirva de precedente para justificar otro tipo de sucesos. Los eclipses son fenómenos astronómicos perfectamente conocidos y previsibles, cuyo único efecto es el oscurecimiento temporal del Sol en una parte de la superficie terrestre.

Provoca enfermedades o afecta al embarazo

Lo que hoy son bulos en internet, antes eran mitos y creencias populares. Por ejemplo, en la Antigua China se creía que el eclipse era un dragón que devoraba el Sol y había que hacer sonar tambores para espantarlo. En el hinduismo el fenómeno se atribuía al demonio Raju y en algunas culturas mesoamericanas se explicaba el oscurecimiento del cielo porque seres mitológicos atacaban al astro.

Estas creencias se transformaron también en bulos sobre salud. En algunas zonas rurales de México todavía persiste la idea de que las mujeres embarazadas no deben salir durante un eclipse porque existe un mayor riesgo de que sus bebés nazcan con labio leporino u otras malformaciones. También que el parto se puede adelantar.

Más recientemente, durante el eclipse total que atravesó Norteamérica en 2024, las redes sociales se llenaron de publicaciones de personas que aseguraban tener la “enfermedad del eclipse”. Los usuarios decían presentar diversos síntomas como dolores de cabeza, náuseas, alteraciones del ciclo menstrual, entre otros.

No existe ninguna evidencia científica que pruebe que este fenómeno cause enfermedades o malformaciones. El único riesgo demostrado para la salud es mirar directamente al Sol sin la protección adecuada, ya que la radiación puede provocar lesiones graves e incluso irreversibles para la retina.

Tras la cuarta ola de calor, las temperaturas han dado una tregua en la primera semana de agosto con una caída generalizada de las máximas. Y, aunque los fuegos activos han disminuido, las llamas no han cesado, y a la AEMET alerta ya de un aumento del nivel de riesgo de incendios en los próximos días.

El descenso del calor junto con las habituales lluvias de verano, pueden dar sensación de tranquilidad en materia de incendios forestales, pero no es así. Aunque han bajado ligeramente las máximas, las temperaturas continúan siendo altas y varias zonas presentan alertas amarillas y naranjas. Lugares de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y la Comunidad de Madrid registran este jueves alertas amarillas, con valores máximos que oscilan entre los 35 y 39 grados.

El viernes y el sábado se extienden estas alertas por gran parte de la península, afectando también a Catalunya, Aragón, Navarra y Comunitat Valenciana, con temperaturas máximas que superarán los 36 grados y alcanzarán en algunas zonas, como la campiña cordobesa, los 40 grados.

Las altas temperaturas provocan que, en los próximos días, vuelva a aumentar el peligro de incendio en buena parte del país, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Como se aprecia en el siguiente mapa, los riesgos extremos y muy alto –el color rojo y naranja– irán extendiéndose por prácticamente todo el territorio en los próximos días, ocupando casi todo el área peninsular e insular el fin de semana. Diversas zonas del país como buena parte de la superficie de Galicia, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra y Catalunya presentan riesgo “extremo”.

El peligro de que se declaren incendios forestales será también muy alto o extremo en amplias zonas del país el próximo 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar, según ha advertido la Aemet. Desde el Ministerio de Transición Ecológica recomiendan que se evite saturar zonas frágiles, no dejar residuos, no aparcar sobre vegetación seca, mantener accesos libres para emergencias y respetar las prohibiciones de encender fuego.

Si se analiza por porcentaje de territorio según cada nivel de riesgo, el peligro extremo de incendios irá aumentando, del 0,9% de este jueves día 6 a un 44% el próximo martes 11. El riesgo muy alto tampoco cesa, porque pasa de un 27% a un 51% del jueves 6 al viernes 7 y se mantendrá con porcentajes similares durante toda la semana.

Altas temperaturas

Un factor fundamental y que ha estado presente en los anteriores incendios forestales es la elevada temperatura. Aunque no es el único, según explicaba la investigadora en el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (CSIC-Universidad de Oviedo-Principado de Asturias), Cristina Santín: “Es la falta de humedad, el tiempo que lleva sin llover, cómo de rápido suben esas temperaturas, cuánto tiempo se mantienen... Es importante también el viento, que ayuda a secar y es un factor fundamental en los incendios”.

La acumulación de olas de calor, cada vez más tempranas y más largas, provoca que cada año se alcance las condiciones necesarias para el monte arda. “La primera ola del verano seca la vegetación y la deja lista para arder. Lleva unos dos meses sin llover y la vegetación está muy seca, totalmente disponible. Cualquier incendio, con un combustible tan seco, va a arder”, explicaba a elDiario.es el decano territorial de Madrid del Colegio Oficial de Ingeniería Técnica Forestal, Carlos Madrigal.

“Los incendios se producen sobre combustibles finos y muertos, que son los que primero se equilibran con la humedad y temperatura ambiente, con un retardo de diez horas, más o menos. También pasa al revés: si tenemos tiempo húmedo, esos combustibles se equilibran con el tiempo húmedo. Con temperaturas bajas, una chispa no debería generar una ignición, con estas temperaturas y condiciones, sí”, elaboraba Félix Pérez, presidente de APRAFOGA, la Asociación Profesional de Axentes Forestais de Galicia.

Las autoridades sanitarias de Míchigan (Estados Unidos) han informado este lunes del fallecimiento de dos personas a causa de la ciclosporiasis. Se trata de las primeras víctimas mortales del mayor brote de esta enfermedad intestinal, que causa una “diarrea explosiva” y que ha afectado ya a miles de personas en todo el país.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Míchigan (MDHHS) ha emitido una nota en su página web en la que indica que la ciclosporiasis no es una enfermedad que “ponga en peligo la vida” y que la muerte por esta causa es “poco común” para la población general. En el comunicado indica, no obstante, que “los fallecidos padecían problemas de salud importantes, que podrían haberse visto agravados por la ciclosporiasis y la deshidratación”.

Las autoridades sanitarias llevan semanas investigando el brote de esta enfermedad parasitaria que provoca una diarrea “explosiva”, náuseas, fatiga, pérdida de apetito y vómitos. La afección gastrointestinal está causada por el parásito Cyclospora, que se transmite a través de productos agrícolas crudos y agua contaminada con heces humanas.

Los brotes tienden a producirse con mayor frecuencias a finales de la primavera y durante el verano. En este período estival, los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han identificado 6.707 casos confirmados por laboratorio y más de 11.500 sospechosos, pendientes de confirmación o una mayor investigación. El Departamento de Salud de Míchigan cifra 11.234 casos totales y 193 hospitalizaciones solo en su estado.

Investigan la cadena Taco Bell

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos iniciaron una investigación sobre la cadena de cómida rápida Taco Bell, por la supuesta relación con el brote de cicloporiasis registrados en nueve estados del país. La investigación apuntaba a lechuga contaminada, que se relacionó a la empresa agroalimentaria Taylor Farms.

Ante tales acusaciones, la empresa publicó un comunicado: “El 17 de julio, Taylor Farms retiró de forma voluntaria del mercado toda la lechuga iceberg cultivada en el centro de México que había sido identificada como la posible fuente de uno de los brotes recientes de Cyclospora. Los productos que se encuentran actualmente a la venta no son los afectados”.

Taco Bell también informó mediante un comunicado que había retirado de forma voluntaria y temporal ciertos ingredientes en algunos restaurantes como “medida de precaución”. Las ventas de la cadena de comida rápida han caído un 2% en Estados Unidos desde que se originó el brote.

En lo que va de 2026, el fuego ha calcinado en España unas 200.000 hectáreas. Es el tercer peor año en una década, tras 2022 y 2025, y alrededor de 100.000 personas han sido evacuadas o confinadas por las llamas que han arrasado los municipios de Madrid, Ávila y Toledo. Ahora, con el regreso a casa de la mayoría de afectados y la estabilización de los incendios, surge la pregunta: ¿Qué ocurre después del fuego?

Pese a que “las personas que viven en el territorio quieren que el paisaje vuelva a ser como el que teníamos antes de que se produjera el incendio y una restauración inmediata”, el jefe de sección de gestión forestal de Ávila, Ángel Iglesias Aranz, advierte de que “la naturaleza va a un ritmo mucho más lento que el nuestro”. “Lo mismo nunca va a ser posible”, lamenta el técnico forestal, José Ramón González Pan.

Los expertos coinciden en que esta regeneración forestal debe ser “planificada” e insisten en que las actuaciones de reforestación no deben hacerse de forma “precipitada”. “Lo primero es hacer una evaluación de toda la situación, no se puede improvisar. Hay que analizar las unidades de las zonas y las unidades de obra —las áreas en las que se dividen los montes en función del tipo de vegetación y los trabajos que se realizan en ellas—”, señala González Pan. La vicedecana del Colegio Oficial de Técnicos Forestales, Marta Corella, explica que el análisis debe ser minucioso e ir “detalle a detalle”, aunque la prioridad justo después de extinguir o estabilizar un incendio es “atender a la población afectada, porque han perdido el entorno y su espacio”.

Justo después, coinciden en que debe “protegerse el suelo”. La principal preocupación son las fuertes lluvias. “Tras la época de incendios, e incluso durante ella, hay fenómenos torrenciales. Esas lluvias generan un segundo drama, que es la enorme pérdida de suelo que se produce”, explica Iglesias Aranz. Es una cuestión clave, puesto que “el suelo es el sustento de la vida” en la naturaleza.

Regeneración de la naturaleza o intervención

Inmediatamente después de la extinción no pueden comenzarse las labores de restauración forestal. Además del análisis exhaustivo de cada una de las zonas, ya que no todas responden igual ni han padecido el mismo tipo de fuego, hay que “dejar que la naturaleza responda, y ver cómo [lo hace], porque no hay prisa en repoblar”, cuenta el jefe de sección de gestión forestal de Ávila.

Estima que en la primera primavera tras los incendios se puede percibir si los mecanismos de autoregeneración han actuado: “A partir de ahí, tenemos que ver en qué zonas no se ha producido la regeneración natural, cuáles son las causas y analizar qué podemos hacer en el territorio para tratar de conseguir que vuelva a haber un estrato arbóreo”.

La intervención está condicionada por múltiples factores, uno de ellos es la “intensidad a la que haya pasado el fuego”, explica el divulgador y agente de medio ambiente de parques nacionales, David del Rosario. De nuevo, cada sitio tiene su peculiaridad: “No es sota, caballo y rey”.

González Pan señala la pendiente, la orientación, el grado de humedad o la aparición de rocas, como otras cuestiones a tener en cuenta. Los expertos también mencionan el arrastre que padece el agua de las lluvias, denominado como escorrentía.

Tras el análisis en el que los ingenieros forestales o de montes determinan “que había, que hay y cuál es la importancia de cada especie”, según del Rosario, se establecen las medidas de actuación en cada caso y siempre que sea necesario. Los responsables “elaboran un proyecto técnico en el que en un mismo monte se pueden tomar siete decisiones diferentes”, explica González Pan, que ejemplifica con algunas medidas: “En muchas zonas se toma la decisión de hacer macrosiembras con maquinaria manual y drones, en otros sitios se hacen plantaciones más costosas, planta a planta, también hay que retirar la madera...”.

El técnico en gestión forestal Iglesias Aranz, denomina estos trabajos como restauración forestal, que se elabora mediante “técnicas de repoblación, preparación del terreno y plantación de especies”.

Sin capacidad de regeneración

Aunque muchas zonas se regeneran, por sí solas o con ayuda, otras no pueden debido a la “intensidad” con la que ha pasado el fuego. “Cuando un incendio libera una energía tan alta, acaba con el reservorio de semillas que siempre existen en el suelo, con lo cual no tiene capacidad de regeneración”, explica Marta Corella.

“Hay fuegos que lo queman todo”, sintetiza del Rosario, que señala a las especies: “Algunas no están acostumbradas al fuego, como las mediterráneas. Si el fuego es muy intenso, esa especie muere y te puedes cargar ese ecosistema”.

Corella e Iglesias explican que la reiteración de incendios en una misma zona dificulta e incluso imposibilita su regeneración: “Se pierde una superficie que es muy difícil de recuperar después de estos grandes incendios”.

El jefe de gestión forestal en Ávila recuerda que, pese a todos los años que lleva abordando trabajos de restauración, “nunca hemos alcanzado el 100% de éxito”. Esto se debe, según relata, a que hay zonas donde “la regeneración natural no se produce” y con “técnicas de repoblación” no son “capaces de llegar” al objetivo. Habla también sobre la “dificultad” de repoblar un terreno con mucha pedregosidad o “una pendiente muy elevada”.

Pese a la situación, hay ejemplos esperanzadores. El divulgador David del Rosario lo ilustra con el incendio de 2016 en La Palma: Aunque “fue un fuego bastante fuerte, ahora pasas por la zona y parece que no lo hubo”. Cuenta que se puede percibir por “las cortezas de los pinos que están negras”, pero toda la demás biodiversidad “está como si no se hubiera quemado”.

Gestión y cambio climático

Aunque la emergencia climática está multiplicando su virulencia, los incendios son la tónica habitual cada verano. Por eso, España cuenta con una hemeroteca llena de planes de reforestación. Sin embargo, lamenta González Pan, es que estos no evitan que el monte “vuelva a arder 60 o 80 años después”. “Esa es nuestra tragedia, volvemos a quedarnos en el punto cero otra vez y toca volver a esperar años para la regeneración”, matiza.

“Debemos mejorar la infraestructura de defensa para tratar de evitar que se produzcan de nuevo. Si se ha producido un incendio tan grande es porque no teníamos una red sólida de defensa frente a los incendios”, explica Iglesias Aranz.

Corella considera que la estrategia debe ir más allá y abrir nuevas ventanas: “Gestionar el territorio nos ayudará a prevenir, pero también nos permitirá impulsar la bioeconomía, generar oportunidades en el medio rural y descargar la presión demográfica de las ciudades, entre otras”. La vicedecana insiste en que “no podemos dar la espalda” al 60% del territorio, que es el forestal. “¿Cómo es posible que un espacio que tiene tantísimos recursos no esté generando oportunidades en nuestra sociedad?”, reflexiona.

En general, insisten en que debe cuidarse el territorio. “Tenemos un paisaje de mosaico, que se convierte en cortafuegos. Pero sí está descuidado, como por ejemplo en el incendio de Zaragoza, el fuego sobre la superficie agraria va a mucha más velocidad”, expone el técnico forestal. Coincide Corella, que indica que “si no se trata”, puede convertirse en “mecha” para el siguiente incendio: “En nuestro país hay muchas zonas que se han regenerado después de un gran incendio. Por ejemplo, la Riba de Saelices, en Guadalajara, se ha regenerado, pero necesita un tratamiento. Si ahí volviera a entrar el fuego, yesca otra vez”.

Todos los expertos coinciden en que el cambio climático ha fomentado estos incendios por “las altas temperaturas, la pérdida de humedad de la vegetación, vientos fuertes”, pero González Pan señala a la ciudadanía: “El problema de todo esto es que si miramos para atrás, el 95% de los incendios no los provoca el cambio climático, son provocados por origen humano”. Por ello insta a que “se cometa menos imprudencias”: “La regeneración es trabajo de años, hay que hacer prevención sobre la víctima, el bosque, y sobre el que lo genera”.

Según los datos de la Unidad de Medioambiente de la Fiscalía General del Estado, más del 90% de los incendios forestales en España son causados por los humanos ya sea adrede, por accidentes o una negligencia. El 70% de los siniestros investigados se atribuyen a la última categoría. Pero el cambio climático es un factor que aviva estas catástrofes forestales porque “afecta al rigor climatológico”, cuestión que perjudica a la “evolución del fuego, a la severidad y, por consiguiente, a la forma de abordar la restauración de los incendios”, según Iglesias Ranz. El divulgador ambiental, David del Rosario, explica que este fenómeno “complica y ralentiza” la recuperación, además “aumenta la posibilidad de haya otro incendio antes de que se regenere el ecosistema”.

Marta Corella subraya que la naturaleza sigue un “proceso adaptativo” y que, mediante la Estrategia Forestal Española horizonte 2050 y el Plan Forestal 2032, el objetivo es “llegar con el territorio adaptado” a esta situación. “Si nosotros actuamos bien y si no actuamos es igual, al 2050 te garantizo que la naturaleza llegará adaptada”, sintetiza. Y alerta de la situación: “Es algo muy serio lo que estamos viendo, creo que la gente no está entendiendo la magnitud”.

Es una de las “prioridades máximas” del operativo que trabaja para hacer frente a la emergencia nacional ocasionada por los incendios de Madrid y Ávila. “Estamos haciendo todos los esfuerzos para que no se junten”, afirmó a última hora de la tarde de este viernes el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al frente de la crisis. Por la mañana, ya había avanzado que sería “un día crítico” para evitar que los fuegos se uniesen, sin éxito en el caso de la comunidad madrileña, donde los grandes focos acabaron por propagarse hasta convertirse en un único “monstruo”.

Las llamas, originadas en Almorox (Toledo), Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias avanzan ahora como un solo incendio, comparable a un “tsunami, muy difícil de parar”, según los expertos. Para la vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, Marta Corella, se comporta ya como “un monstruo que se va alimentando”, mientras los temores se centran en que este acabe confluyendo con el que se originó en Burgohondo, en la provincia de Ávila, este jueves.

Según las últimas actualizaciones, parece que esa posibilidad —que ambos fuegos, que han arrasado ya más de 16.000 hectáreas, confluyan— se ha reducido un poco, mientras los equipos de extinción están pendientes de las condiciones meteorológicas. Una condiciones que “no están acompañando en nada” y hacen que las situación sea todavía “compleja”, en palabras de Marlaska.

Entre los trabajos que se están llevando a cabo para tratar de controlar estos incendios, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha avanzado que los medios terrestres han seguido trabajando durante la noche, ante una situación “complicada”. Este sábado, comenzarán a llegar los refuerzos activados a través de la Comisión Europea, a través del Mecanismo de Protección Civil: dos hidroaviones Canadair griegos y otros dos italianos. Además, está colaborando con los trabajos efectivos de seis comunidades autónomas.

Una fusión “especialmente violenta”

La unión de varios focos hace que dejen de comportarse como incendios independientes y pasen a formar un único frente mucho más amplio, intenso y difícil de combatir. Esa fusión es “especialmente violenta”, explica el secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Forestales, Raúl de la Calle, una idea que comparte el ingeniero técnico forestal José Ramón González Pan: “Al unirse desaparecen los flancos de cada incendio y se potencia muchísimo el frente”.

El frente es la parte del incendio que avanza con mayor velocidad, concentra más calor y genera tal cantidad de radiación y humo que, en ocasiones, impide a los equipos acercarse siquiera a un centenar de metros. “Cuando convergen son fuegos fuera de capacidad de extinción”, advierte de la Calle. A última hora de la tarde del viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señalaba que el incendio de la región se encontraba “en su momento álgido” y “fuera de su capacidad de extinción”.

A esa dificultad extra, se suman las fuertes corrientes de aire que generan las propias llamas, capaces de dificultar todavía más las labores de extinción y limitar la actuación de los medios aéreos. Sin embargo, la situación más peligrosa es “encontrarse en medio”, relata la vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, Marta Corella. “Por un lado tienes un incendio que está haciendo succión y, por otro, uno cuyo calor ya está deshidratando toda la vegetación”, señala.

Este tipo de incendios obligan a extremar las medidas de seguridad, porque las corrientes convectivas, los cambios bruscos de dirección del viento y la intensidad del fuego pueden comprometer las rutas de evacuación y dejar aislados a los equipos de emergencia y a cualquier persona que permanezca en la zona. Por ello, los equipos de extinción deben realizar un seguimiento “minuto a minuto” y tratar de “prever comportamientos inesperados”, explica De la Calle.

Incendios que se atraen

Además de la evidente proximidad geográfica, los expertos coinciden en que confluyen otros factores para que dos fuegos independientes se fusionen.

Al alcanzar gran intensidad, los incendios generan “enormes corrientes de aire”, que ascienden con fuerza —el calor sube— y provocan corrientes que modifican la circulación del viento, cuestión que termina atrayendo otros focos cercanos. “Da la sensación de que los incendios se atraen, pero en realidad son las corrientes de aire las que hacen que acaben uniéndose”, matiza Corella.

La “enorme” cantidad de combustible vegetal disponible es otro factor determinante. Los expertos explican que la primavera lluviosa ha favorecido al crecimiento de abundante vegetación herbácea que, ahora, completamente seca tras varias olas de calor, arde con facilidad. “Un campo de cereal se incendia prácticamente con la mirada”, resume el secretario general. González Pan añade que ese combustible actúa como “auténtico acelerador” del fuego, cuando antes eran “barreras”.

Los elementos topográficos como los barrancos, laderas y valles, canalizan el viento y favorecen que los frentes terminen confluyendo, mientras la continuidad de la masa forestal permite que el incendio avance sin encontrar apenas obstáculos naturales.

“Todo lo que el fuego se pueda comer, se lo va a comer”

Los incendios que confluyen adquieren una gran capacidad destructiva. “Todo lo que el fuego se pueda comer, se lo va a comer”, sintetiza la ingeniera y vicedecana con una expresión habitual entre los profesionales del sector. Según explica, cuando un incendio se aproxima al otro, “ya encuentra todo el espacio deshidratado”, cuestión que “crea un escenario perfecto para que el fuego siga avanzando”.

Además de los daños sobre viviendas, infraestructuras y vegetación, el suelo es otro de los grandes perjudicados. “Es capaz de generar vida, pero sin suelo no hay posibilidad de que se genere absolutamente nada”, defiende González Pan. Cuando la combustión alcanza temperaturas muy elevadas, “se destruyen los microorganismos y la biodiversidad que sustentan el terreno”. El ingeniero técnico y divulgador lamenta que a veces “se pierden cientos de años de madurez del suelo”.

Aunque no es habitual, la simultaneidad de varios incendios “puede provocar su fusión”, según de la Calle. Esta de Madrid no es la primera vez que se da. Corella recuerda los incendios registrados el verano pasado en León y Extremadura, donde varios focos independientes se unieron. De la Calle señala episodios similares en Galicia, una comunidad donde los incendios simultáneos son “relativamente frecuentes”.

En lo que va de 2026, se han destruido al menos 100.000 hectáreas por el fuego, según las estimaciones provisionales de Información sobre Incendios Forestales. Ante esta problemática, los equipos de extinción recurren a diversas técnicas para tratar de delimitar las zonas afectadas o evitar males mayores. Una de ellas consiste en provocar un fuego controlado para eliminar el combustible que alimenta las llamas y frenar así el avance del incendio. Esta maniobra se conoce como “fuego técnico”.

La táctica se ha empleado en el incendio de La Mierla (Guadalajara), que ha quemado 29.000 hectáreas y ha afectado a 34 municipios, para evitar que el fuego alcanzara Soria. El brigada del cuarto Batallón de Intervención en Emergencias de la UME, Jorge García Bugallo, señala que este tipo de maniobras “se incorporan con bastante frecuencia” a la extinción de grandes incendios forestales y añade que es “razonable pensar” que la Dirección Técnica de Extinción haya recurrido a “maniobras complejas, entre ellas el fuego técnico”.

García Bugallo explica que el fuego técnico consiste en “ejecutar una serie de quemas, a modo de cortafuegos, para mitigar la propagación del fuego mediante la reducción del combustible”, la vegetación con capacidad de arder. En la misma línea, el presidente de Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia (Aprafoga), Félix Pérez, lo define como “un ataque indirecto”, empleado para combatir el incendio “a distancia”: “Consiste en poner fuego para que los dos frentes choquen por fuerzas de succión y se quemen los combustibles, al no haber nada más que consumir, el fuego se apaga”.

Según García Bugallo, esta maniobra se emplea cuando el análisis del incendio demuestra que ofrece “una mayor probabilidad de éxito que otras maniobras de extinción”. “Los equipos disponen de una 'caja de herramientas' con diferentes maniobras y, en cada incendio, se selecciona la que resulta más eficiente y segura”, asegura.

Pérez advierte de que, aunque “parece una técnica muy sencilla, no lo es”. Su aplicación requiere personal con experiencia y un análisis previo de la situación, ya que “debe valorarse mucho” antes de ser ejecutada. “Podemos encontrarnos con fuego a la espalda, que nos salta la línea de anclaje del contrafuego que estamos dando. Se llama zona de hombre muerto, porque tenemos el frente de fuego y fuego a nuestra espalda”, explica sobre uno de los principales riesgos. Desde la UME aclaran que estos pueden minimizarse mediante un “análisis riguroso”, que permita identificar la “ventana espacio-temporal” más adecuada.

La maniobra también impacta sobre la superficie forestal. “Se sacrifica bastante superficie, aunque siempre estimando que esa superficie se va a quemar si no se hace contrafuego”, señala. Por ello, insiste en que se trata de una decisión “jerárquica”, conocida por todo el operativo, y que, antes de iniciarla, es imprescindible comprobar que no haya personas ni animales en la zona, ya que “se quedarían atrapados”.

Pese a las dificultades que presenta, Pérez asegura que es una técnica “bastante común” en los incendios forestales. “A veces el ataque directo en el frente de llama lo imposibilita las calorías que desprende el propio incendio. Por seguridad del personal no nos podemos acercar, así que abordamos el combate de incendio con técnicas de ataque indirecto como quemas de ensanche, contrafuegos anclados en pistas o los corta fuegos”, explica.

García Bugallo coincide en que su uso tiene “cada vez mayor implantación”, puesto que con una correcta aplicación junto a unas condiciones adecuadas “ha demostrado ser una herramienta muy eficiente”.

Las condiciones para aplicar un fuego técnico

Antes de recurrir a un fuego técnico, deben cumplirse una serie de requisitos. El presidente de Aprafoga señala que es imprescindible contar con “anclajes” que delimiten “el principio y el final del contrafuego”, de lo contrario, la maniobra podría “alimentar el incendio” en lugar de frenarlo.

En muchas ocasiones, se realiza previamente una quema de ensanche, otra modalidad de fuego técnico que permite ampliar la zona de seguridad. “Se hace una quema entre la pista y el frente del incendio, pero se apaga. Entonces, hacemos una línea negra que amplía la zona sin combustible de la pista y ahí poder trabajar mejor”, explica.

García Bugallo explica que no existen unas “condiciones universales” para la aplicación de la técnica. La decisión depende también de otros factores como la humedad relativa, el viento, la temperatura, el estado de los combustibles, la topografía o los medios disponibles. Pérez coincide y añade que “juegan un papel muy importante a la hora de aplicarla”, ya que un uso incorrecto puede causar el efecto contrario: “Si provocamos muchas intensidades de fuego al provocar el contrafuego, puede hacer que nos salte y complicar la extinción”.

La Formación Profesional se ha convertido en la opción educativa preferida por los jóvenes gracias a sus altas tasas de inserción laboral, según Comisiones Obreras. En Madrid, donde la demanda ha aumentado un 85% entre 2018 y 2025, el crecimiento de la oferta se ha concentrado especialmente en los centros privados.

La comunidad lidera el podio de la privatización, seguido por Catalunya y Euskadi, sostiene el sindicato. “Distinguimos Madrid porque tiene un modelo bastante más privatizador que otras comunidades, así como datos bastante más preocupantes”, aclara la Secretaria General de Enseñanza del sindicato, Aída San Millán Martín.

La oferta privada en la región ha crecido un 122% (más de 50.000 estudiantes) frente al 58% de la pública. La red pública ha pasado de concentrar el 58% de las matrículas a un 49%, mientras alrededor de 60.000 jóvenes se quedaron sin plaza pública durante el curso 2024-2025.

Así lo revela el informe La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud. Diagnóstico sindical y desigualdades territoriales, elaborado por Comisiones Obreras, que alerta de un modelo que deja sin plaza pública a miles de estudiantes madrileños. “La oferta pública ha aumentado, pero no al ritmo que la demanda. Cuando los jóvenes no encuentra los estudios que quieren en la pública, no les queda más remedio que optar por esta opción”, señala la secretaria de enseñanza pública de la Federación de Educación de CCOO Madrid, Inmaculada López.

El sindicato sostiene que Madrid ha “renunciado” a ampliar la red pública, convirtiendo el acceso a la Formación Profesional en “un privilegio condicionado por la renta y el código postal”. El informe llega meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un real decreto para limitar la apertura de centros privados y evitar la “mercantilización sin calidad” de estas enseñanzas.

Esta expansión también ha tenido un impacto económico para las familias. Estudiar un ciclo de Formación Profesional en un centro privado cuesta entre 3.000 y 6.000 euros anuales y algunas titulaciones especializadas pueden alcanzar los 16.000 euros, según el informe. Como consecuencia, el gasto medio familiar se ha duplicado en siete años, pasando de 1.069 euros en 2016 a 2.085 euros en 2023. “Es un problema grave. Se está haciendo negocio de un derecho y que su acceso dependa de la situación económica de las familias”, sintetiza la Secretaria General de Enseñanza del sindicato, Aída San Millán Martín.

La FP a distancia y la dual

El crecimiento no ha sido uniforme entre las distintas familias profesionales, ni en las modalidades. Según el sindicato, la oferta privada se ha concentrado en los ciclos con mayor demanda laboral, como Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico o Radioterapia, mientras la oferta pública madrileña no ha aumentado al mismo ritmo. El aumento también se ha trasladado a la modalidad a distancia: la oferta pública ha crecido un 185,4% y la privada se ha disparado un 659%.

Las cifras son todavía más elevadas en los grados superiores, donde la matrícula privada ha aumentado un 664%, frente al 206% de las públicas. El número de centros que imparten en esta modalidad se ha multiplicado por casi cuatro: de 28 en el curso 2018-2019 a 102 en el 2024-2025.

Desde el sindicato aseguran que esta modalidad supone para muchas empresas “coste cero y beneficio 100%”, ya que no requieren centro, ni materiales para su desarrollo. Sin embargo, los alumnos presentan mayor tasa de abandono escolar porque “hay menor conexión con la práctica real, falta el contacto humano y menos orientación para saber qué hacer después”.

La Formación Profesional dual combina la enseñanza en el aula con prácticas obligatorias en empresas. Comisiones Obreras advierte de que este modelo choca con la realidad del tejido empresarial madrileño. Según el sindicato, el 95% de las más de medio millón de empresas activas en la región son autónomos sin asalariados o microempresas de entre uno y nueve trabajadores, una estructura que, a su juicio, aumenta el riesgo de que parte del alumnado termine desempeñando funciones propias de un trabajador en lugar de recibir la formación prevista, convirtiéndose en mano de obra barata o en sustitución de puesto de trabajo.

Madrid, a la cabeza de la privatización

Madrid encabeza el ranking de comunidades con mayor peso de la Formación Profesional privada. Le siguen Catalunya, donde las matrículas privadas representan el 45,58% del total y Euskadi, con un 43,8%. Además, Madrid y Catalunya son las únicas comunidades que cobran por cursar la FP, mientras Castilla-La Mancha (10,85%) y Canarias (8,7%) registran la menor presencia de enseñanza privada.

La tasa de paro juvenil en la Comunidad de Madrid es del 25,33%, según la Encuesta de Población Activa, por encima de la media nacional (23%). Además, el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan se sitúa en el 8,56%.

El informe también foco en la brecha de género. Aunque cuatro de cada diez estudiantes Formación Profesional aseguran no haber recibido orientación sobre esta vía durante la ESO, solo el 4% de las alumnas afirma haber contado con información suficiente, frente al 14% de los alumnos. La desigualdad también se refleja en la elección de estudios; solo el 16% de las mujeres matriculadas en FP en Madrid cursa ciclos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), las ramas con mejores salarios y mayor estabilidad laboral, según el sindicato.

Falta de transparencia de datos

Comisiones Obreras denuncia también la falta de transparencia de la Comunidad de Madrid durante el proceso de admisión a la Formación Profesional. Según explica, este año los centros han dejado de publicar los listados de admitidos y las familias solo pueden consultar el resultado de su solicitud a través de la plataforma Raíces.

Esta decisión impedirá elaborar su habitual informe de escolarización y conocer cuántos estudiantes se quedan sin plaza pública en cada ciclo. “Han sabido retirar esos datos tiempos”, afirma San Millán, que considera que la medida busca evitar que se visibilice el déficit de plazas públicas.

El sindicato anuncia que estudiará acciones legales al considerar que la publicación de estos listados forma parte de un procedimiento de concurrencia competitiva y debe ser accesible para garantizar la transparencia del proceso.

“Es desolador, consciente y dirigido. Creo que tiene que ver con la huelga de octubre. Suficientes datos estamos dando, cifrar cuantos se quedarían fuera, sería otra losa encima”, insiste la secretaria.

Las propuestas de Comisiones Obreras

Entre sus propuestas, Comisiones Obreras reclama un plan plurianual para ampliar las plazas públicas y eliminar las listas de espera, un marco estatal que garantice estándares mínimos de calidad en la Formación Profesional. También solicita un sistema público de datos comparables entre comunidades autónomas, reforzar las garantías de la FP dual e incorporar orientación académica con perspectiva de género.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el sindicato exige unificar las instrucciones sobre el Proyecto Intermodular, hacer más transparentes los procedimientos para la captación de empresas, crear la figura estructural del prospector empresarial y establecer acuerdos marco que faciliten la colaboración entre los centros educativos y el tejido productivo.

Pilar Ferrer tiene 75 años y, pese a los “problemas que le acarrea la edad”, su bienestar es el que menos le preocupa. Su hija Cristina, de 55 años, tiene el grado II de dependencia y el 35% de discapacidad, y han decidido que lo mejor para su futuro es que ingrese en una residencia: “Cuesta aceptarlo, lleva desde que nació conmigo, toda la vida. Pero yo voy a tener que entrar otra vez al quirófano y me da miedo, no por mí, sino por ella”.

La preocupación también la genera el coste mensual de la residencia, pese a que le han concedido una prestación de ayuda, todavía no llega: “Puedo pagar tres, cuatro o cinco meses. Pero más no sé si voy a llegar. No puedo pagar 2.800 euros todos los meses porque con mi pensión y la ayuda que recibe mi hija por la incapacidad, no llega”.

La presión económica asfixia a miles de familias cuidadoras. “¿Podré seguir pagándolo?, ¿tardará mucho la ayuda?”, se plantea Pilar. Algunas familias reconocen haber prescindido de terapias necesarias por no poder costearlas, mientras otras admiten su “suerte” porque conocen la situación de otras personas.

La reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que contará con la mayor partida presupuestaria de la historia, pretende paliar las problemáticas estructurales a las que se refieren estas familias: se eliminarán incompatibilidades para recibir ayudas, se reforzará el servicio domiciliario y la teleasistencia y se reconoce la accesibilidad universal como un derecho, entre otras medidas.

Las asociaciones y plataformas sociales reconocen el cambio como una “buena ley”. “Permitirá transitar de un modelo asistencialista a uno basado en los derechos y la autonomía”, aseguran desde el Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad (CERMI). En la misma línea, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Fernández, la valora positivamente: “Estas dos leyes convergentes impactan muchísimo en millones de ancianos y van a permitir que puedan seguir envejeciendo en su medio habitual, en su vivienda, y que se articulen toda una serie de prestaciones domiciliarias que permitan conseguir este objetivo”.

Las familias también la reciben con esperanza y se alegran del cambio, puesto que plantea cuestiones “muy positivas”, pero insisten en que estas medidas “deben materializarse”.

Javier Pérez es padre de Rosario, una joven de 29 años con discapacidad orgánica y un retraso intelectual debido a un daño cerebral que padeció al ser un parto prematuro. Javier cree que la ley “está muy bien”, pero “mejor está que se cumpla”. Su experiencia y las trabas burocráticas que ha padecido a lo largo de estos años le invitan a dudar de su eficacia. “Durante mucho tiempo me han contado muchas cosas que estaban sobre el papel, pero no estaban sobre la realidad. La Administración es la mayor incumplidora de la norma”, sentencia.

“Ahora es como un rayito de esperanza, siempre quieres pensar que va a ir bien. Pero esto al final no deja de ser una lucha partidista y estamos un poco en medio de las negociaciones entre políticos”, comenta Catalina Pol, la madre de Diego, un menor con Trastorno del Espectro Autista.

Trámites burocráticos

Hasta ahora la ley de dependencia establecía que desde que se presenta la solicitud hasta que se emite la resolución en la que se concede la prestación deben pasar como máximo seis meses. Con la reforma, este plazo pretende reducirse a tres. “No pueden cumplir ni lo de los seis”, interviene indignado el padre de Diego.

Ambos progenitores relatan las dificultades burocráticas: “A mi hijo le hicieron una valoración que se tenía que renovar en julio del 2023 y la renovación se hizo en 2025, dos años después. Mientras tanto hacían prórrogas de 9 meses a expensas de que alguien pasase por tu domicilio a hacer una valoración”, lamenta Catalina.

La familia explica que este retraso conlleva que la ausencia de este reconocimiento les perjudique en múltiples aspectos: “Si no tengo la renovación, no puedo renovar el carné de familia numerosa, si no puedo renovar el carné de familia numerosa, no tengo acceso a algunas prestaciones. Y cuando me lo renuevan, si va con retraso, tengo que volver a solicitarlo todo”. Catalina lo ilustra con ejemplos prácticos: “La tarjeta del coche de discapacidad, el bono social de la luz, la solicitud de ayudas…”.

Claudia García es una joven de Sevilla. Su madre, Mari Carmen López, sufrió un ictus y desde entonces tiene parálisis facial en la parte derecha y le cuesta andar. Mari Carmen tiene reconocida un 75% de discapacidad. “Nos ofrecieron dinero o una persona que viniera a casa”, explica Claudia, que junto a su padre eligió la primera opción porque entre ambos “pueden organizarse”. Sin embargo, no han podido obtener más ayudas: “Queríamos poner la silla que va por las escaleras. Preguntamos y tampoco nos la dan. Hay que presentar un montón de cosas: el certificado de discapacidad, la nómina, de todo. Y al final es para nada”.

Pilar Ferrer señala que para poder optar a las ayudas “ha tenido que presentar muchos informes” y reconoce la labor de las trabajadoras sociales: “Gracias a ellas, que me han ayudado y me han dicho: ‘Ahora ve aquí, ve allá, tráeme esto’”.

Aunque la ayuda de un asistente ya estaba reconocida por la ley, a Javier le dijeron que no “tenía sentido pedirla”: “No estaban concediendo por las carencias presupuestarias, no había para cubrir la demanda. La ley decía que estaba otorgando el servicio, pero en Andalucía había tres personas recibiéndolo”.

La presión económica

Ante las carencias estructurales, las familias asumen los costes económicos de su bolsillo. La familia de Rosario, al no recibir asistencia, la contrató. “Mi hija va a la universidad, a la academia, se desplaza por la ciudad. Necesita un asistente personal para llevar el ritmo de vida que lleva y tenemos contratada una persona que por las mañanas realiza esas funciones y por la tarde vamos nosotros”, explica Javier, que lamenta que no haya ninguna ayuda para costear los seguros sociales de los contratados: “Pago igual que paga el que tiene una persona contratada por tener la camisa planchada. A mí eso no me parece razonable, entiendo que son circunstancias distintas”.

La familia de Mari Carmen ha costeado todos los servicios para tratar de ayudarla en su recuperación, pero admiten que “no da para todo”. “La logopeda la tuvimos que dejar. Entre el fisioterapeuta, la piscina y el gimnasio… Y menos mal que mi padre trabaja y tiene un sueldo que más o menos se lo puede permitir”, relata su hija Claudia.

Las terapias a las que asiste Diego son costosas. Catalina cuenta que la beca del Ministerio de Educación, junto con otras prestaciones destinadas mensualmente para ellas “permiten cubrir una parte pero no todo”. Además, considera que son unos “privilegiados”, porque pueden hacer frente a esos costes: “He conocido familias que han tenido que renunciar y llevar a sus hijos, con mucha necesidad, a una hora a la semana de terapia”. Para ello han tenido que renunciar a otras cosas: “Hubo una época en la que medía todo en terapias, medía el tiempo en el coste de las horas. Veía que alguien se gastaba tanto dinero en algo y pensaba: ‘pues con eso me podría permitir cinco sesiones de terapia de Diego’”.

Las ayudas en ocasiones llegan, otras veces no y otras lo hacen tarde. Es el caso de Pilar, su prestación está aprobada para pagar una parte del coste de la residencia de su hija Cristina, pero todavía no la ha recibido: “La Generalitat Valenciana me dijo que sí. ¿Pero cuándo llegará?, ¿Cuándo me quede sin dinero para poder pagar? Lo empecé a solicitar hace 3 años”.

Catalina Pol, de Mallorca, explica que, en ocasiones, las prestaciones llegan con retraso: “A veces la ayuda te la pagan un año después, a los seis meses o a los cinco años. Nosotros esperamos casi cuatro años en cobrar una, que dices: ”‘Si son 160 euros igual ya hasta renuncio', pero eran 1.200 euros“.

“¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”

El futuro es incierto para estas familias, que desconocen qué ocurrirá con sus familiares cuando ellos no puedan prestarles ayuda. “¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”, plantea Pilar. Claudia también reflexiona sobre ello: “Vivo con mis padres, pero me terminaré yendo y claro, mi padre irá envejeciendo y va a tener que estar al cuidado de otra persona. Mi preocupación del día de mañana es cómo lo van a llevar los dos”.

Javier y su mujer están preparando un colchón económico: “Estamos haciendo un esfuerzo para que tenga un patrimonio y pueda cubrir los costes de asistencia o de una residencia”. Además, explica que hay familias que organizan proyectos privados de cara a futuro: “Plantean viviendas compartidas entre personas con discapacidad para que compartan servicios. En vez de tener una persona en tu domicilio o vivir en una institución grande, vivir en un sitio con cuatro o cinco personas donde los cuidados sean más precisos”.

Rechazo ante la lucha partidista

De alguna forma u otra, la nueva ley trata de dar respuesta y solvencia a las problemáticas que se hallan en el día a día de las personas dependientes, así como de sus familias. Las familias entonan al unísono “esperemos” ante las nuevas medidas. Las asociaciones las aplauden aunque reconocen que “tienen muy presentes los objetivos aún pendientes”.

Tanto unos como otros muestran su desagrado ante las discrepancias políticas, que también generan cierta incertidumbre. “Estos derechos no pueden estar sometidos a vaivenes presupuestarios, de que llegue otro y diga ‘bueno, pues yo voy a dar menos’”, añade Javier. Desde el CERMI reclaman un “aislamiento de la polarización y una paz política” en materia de discapacidad para que “los derechos no se vean malogrados por la crispación o el cálculo partidista”.

El presidente de la PMP habla sobre la necesidad de un “acuerdo” entre las fuerzas políticas: “Tiene que haber un pacto, igual que con el pacto de Toledo para las pensiones. Que se quite este rifirrafe y que se garantice, porque vamos hacia una sociedad muy envejecida donde cada vez vamos a tener que invertir más en cuidados”.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de la posibilidad de que se produzcan reventones térmicos en varias zonas de España, coincidiendo con la ola de calor. El fenómeno se ha materializado ya en distintos puntos del este peninsular, con episodios registrados en Almería y en varias comarcas de la Comunitat Valenciana.

También denominado como reventón cálido, se trata de una corriente de aire que desciende desde el interior de una tormenta y alcanza la superficie a gran velocidad. Durante el descenso, el aire se comprime y se calienta, cuestión que provoca un aumento brusco de la temperatura, una caída de la humedad y fuertes rachas de viento, que pueden superar los 80 e incluso los 100 km/h.

Según explica la Aemet, la lluvia que cae desde la nube se evapora antes de llegar al suelo al atravesar una capa de aire muy cálido y seco. Así, el aire se vuelve más denso y desciende rápidamente, mientras la presión atmosférica lo comprime y vuelve a calentarlo. Al alcanzar la superficie llega extremadamente cálido y seco.

¿Dónde se ha producido ya?

Los episodios son breves y suelen producirse por la noche o a primera hora de la mañana, cuando la temperatura de la superficie terrestre es más baja. Aunque es un fenómeno poco frecuente, en los últimos días se han registrado varios episodios coincidiendo con la tercera ola de calor.

Durante la madrugada del jueves en Almería, se produjo un reventón térmico que disparó la temperatura hasta 43,3ºC en El Toyo y por encima de los 41°C en Retamar. El episodio estuvo acompañado por un desplome de la humedad relativa, pasó del 80% al 25%, y rachas de viento de hasta 71 km/h.

El mismo fenómeno afectó a distintas comarcas valencianas de l'Alcoià y el Comtat, donde los termómetros alcanzaron los 38ºC de madrugada y se registraron rachas de viento de hasta 111 km/h.

Aunque los reventones térmicos son complejos de predecir con precisión, pueden volver a producirse. Sobre todo en puntos del este peninsular, donde persisten las condiciones de calor extremo, ambiente seco y tormentas que favorecen su formación.

17 años, una prueba de acceso a la universidad y muchos nervios. Superada la temida selectividad, toca decidir y, lo que para algunos representa una oportunidad para labrarse un futuro profesional, para otros se convierte en un quebradero de cabeza. “Nos hacen elegir súper pronto, con 17 años no tienes ni idea de por cuál camino tirar”, relata María Domínguez, ahora estudiante del grado de Física. La decisión prematura junto a la falta de asesoramiento, las expectativas familiares y las presiones relacionadas con el mercado laboral se convierten en inconvenientes que invitan a que la decisión final sea fallida.

Casi uno de cada diez estudiantes, un 9%, cambia de grado tras el primer curso académico. Así lo revela el informe Datos y cifras del Sistema Universitario Español elaborado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que además cifra en un 22,1% el abandono del los estudios universitarios. Los datos corresponden al curso de cohorte de nuevo ingreso 2021-2022, puesto que contempla los cursos posteriores para permitir el análisis y la cuantificación del abandono y cambio de grado.

El número de estudiantes que cambian de grado ha aumentado mínimamente, de un 8% en el curso 2011-2012 al 9% una década después. Esta continúa siendo una decisión compleja. “Fue un año duro porque Arquitectura me estaba costando aunque aprobaba todo, entonces no era un fracaso para decir 'me tengo que ir de aquí', pero sentía que era una pérdida de tiempo. Cuando llegué a Física noté que era mi sitio”, explica Manuel Doval, de 23 años y recién graduado por la Universidad de Sevilla.

María Domínguez se dio cuenta en una clase: “Estaba en Biología, que era una asignatura interesante, pero no era nada de lo que yo buscaba y dije: 'mira, es que yo esto no lo quiero'”. La joven de 23 años admite que “no quería afrontar que no le gustaba” pero prefirió ir “a tope con el cambio que estar así toda la vida”.

Ana Osle, de 22 años, cambió de Ingeniería Industrial a Estudios Ingleses, en la Universidad Complutense de Madrid, y coincide en que hay un momento clave para tomar la decisión: “A los dos meses nos pusieron un examen de Física. Había que estudiar dos ecuaciones y yo llegué a ese examen y dije: '¿cómo voy a suspender un examen que tiene dos ecuaciones?' Saqué un cero”. Ese evento junto con los posteriores suspensos generaron una gran “frustración” en Ana. “Te preparabas un montón los exámenes y sacabas un tres. Después de los finales de enero no podía más y me puse a buscar carreras, vi que estaba Estudios Ingleses en Madrid y pensé: 'Me encantaría estar ahora estudiando esto en vez de estar aquí matándome a suspender exámenes'”, cuenta.

Estigmas, presión social y expectativas familiares

La presión social y familiar, las expectativas propias, así como las oportunidades del mercado laboral son factores que influyen en la decisión de miles de jóvenes que, en ocasiones, dejan de lado el aspecto vocacional.

A Ana Osle le gustaban las artes, pero como era “buena” en ciencias y matemáticas, eligió ingeniería. “¿Cómo voy a pintar cuadros pudiendo estudiar Matemáticas?”, se autoconvencía. Natàlia Bohorquez estudia Periodismo en la Universitat Jaume I (UJI), en Castelló, aunque también comenzó Ingeniería Industrial en la Universitat Politècnica de València (UPV), y no cree que esté “mal visto” cambiar de carrera, pero “sí de una de ciencias a letras”: “La gente cree que no vamos a encontrar trabajo y que en Ingeniería siempre hay más”.

Ese estigma social perjudica la elección de los estudiantes. Según los datos del Ministerio, las carreras de Ciencias e Ingeniería y Arquitectura son las que más tasa de cambio presentan, un 12,4% y un 10,8%, respectivamente, frente a las de Ciencias Sociales (8,1%) y Artes y Humanidades (9%). Por ello, la presidenta de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, Ana Cobos, cree que debe encontrarse “una sintonía entre lo que uno quiere hacer con su vida y lo que el mercado de trabajo ofrece”.

Una vez tomada la decisión de cambiar de grado universitario, además de gestionar la frustración propia, el estudiantado debe enfrentarse a las reacciones de su entorno. “Para mis padres fue una decepción. Al principio ambos insistieron en que debería esforzarme en seguir”, cuenta Manuel Doval, aunque admite que después apoyaron la decisión. Ana Osle sentía que “había fallado”, pero su madre le amparó en el cambio, aunque con algo de preocupación: “Se pensaba que después de hacer un año de inglés me iba a querer cambiar de carrera. Entonces estaba como: 'haz lo que quieras, pero acábalo'”.

Natàlia Bohorquez y María Domínguez también recibieron el respaldo familiar, de hecho, en el caso de la segunda fue fundamental: “Me costó mucho tomar la decisión, pero me apoyaron mucho y me vino genial”. Sin embargo, no siempre sucede de esta forma. “Suele ser un disgusto porque las familias depositan expectativas y cuando se ven frustradas deben hacer un proceso de readaptación”, explica Ana Cobos e insiste en que es un proceso “triste”. Ejemplifica estas aspiraciones familiares con casos particulares: “Conozco casos de padres que se adelantaron a comprar la bata de medicina a un hijo que, finalmente, no entró en la carrera por falta de nota”.

Falta de asesoramiento

Los estudiantes estaban inseguros antes de decidir. “Tenía dudas porque me gustaban mucho las dos. Pero elegí Arquitectura porque creía iba a tener un poco de todo, que iba a ser más variada”, comenta Manuel Doval. Algo similar le ocurre a María Domínguez: “Cuando eché la matrícula no sabía muy bien si tirar más por Química o por Física, porque me gustaban las dos asignaturas en Bachillerato. Me decanté por Química porque la veía como más asequible y la que me iba a dar más conocimientos”.

Ana Osle eligió Ingeniería Industrial porque era “buena en mates” y los profesores del instituto correlacionaban sus conocimientos con sus gustos. “Se te dan muy bien las mates, seguro que esto se te da genial”, le decían, pero reconoce que se “llevó un palo” cuando llegó a la carrera.

En cualquiera de los casos, no recibieron asesoramiento profesional o fue “malo”. “En bachillerato no recibí ninguna orientación, nadie me informó de cuáles eran las salidas y ofertas laborales”, cuenta Ana Osle, a quien en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) le recomendaron hacer Administración de Empresas. “Nos explicaban algo, pero a mí me faltó bastante información, que igual la debería haber buscado yo por mi cuenta, pero sí, fui un poco a ciegas”, relata por su parte María Domínguez.

Tampoco Manuel ni Natalia recibieron ayuda profesional para tomar la decisión. Algunos de ellos admiten que probablemente la decisión habría sido similar. “Entré en ingeniería pensando que me iba a gustar, seguramente la habría cogido igualmente. Pero igual hubiera sido una decisión más informada”, concluye Osle.

La situación de Natàlia Bohórquez es peculiar. Puso de primera opción Periodismo, pero la cogieron antes en Ingeniería Industrial, carrera que comenzó y cursó durante unos meses. Cuando le comunicaron que finalmente había entrado en la que era, a priori, su opción preferida, cambió de carrera: “Me costó bastante porque el tiempo que estuve en ingeniería me gustó”. Años después la joven se arrepiente de su decisión: “Me volvería a meter en Ingeniería, Periodismo me ha decepcionado bastante”.

Por esos motivos, la presidenta de la Copoe insiste en que el asesoramiento es fundamental: “La orientación es mucho más que la información. Ahora con la oferta online y el aumento de la oferta privada, las posibilidades se han multiplicado y hay mucha más información”. Así, señala que la orientación es “la mirada hacia dentro” que permite tomar decisiones “teniendo en cuenta la oferta con lo que me hace feliz y lo que me proporciona mi lugar en el mundo”.

El autoconocimiento es importante, asegura Ana Cobos, y el entorno puedo reconocer las aptitudes “desde pequeños”: “Tu abuela te dice: 'ay qué bien habla mi niño, o qué bien canta o qué manitas es'. Hay personas que desde pequeños se les da bien algo: uno se encarga de montar una fiesta, otro decora la mesa, uno hace los bocadillos y cada uno muestra sus habilidades”.

Los estudiantes abandonan las carreras universitarias en el primer año, la cifra se mantiene y varía ligeramente de un 22,5% a un 22,1% en una década. Mientras aumenta, también mínimamente, el cambio de grado de un 8% a un 9%. Aunque el proceso continúa siendo “frustrante”, se ha “normalizado”. “En mi grupo de amigos la mitad nos hemos cambiado de carrera o se han quitado y metido en un grado superior o han comenzado más tarde el grado”, cuenta María Domínguez.

Sin embargo, para la presidenta de la Copoe la “percepción es más o menos igual”, pero invita a que esta cambie: “No tiene por qué ser un fracaso, al contrario, es la oportunidad de aprender algo muy importante. Has empezado una carrera y sabes que no te gusta, pues ya has aprendido algo bastante importante, que es que no es tu camino”.

El Ministerio de Derechos Sociales inicia este lunes el procedimiento para que el Consejo de Ministros apruebe una partida de más de 904 millones de euros, a repartir entre las comunidades autónomas, para financiar el nivel acordado de la dependencia. La cifra, que alcanza los 970 millones de euros incluyendo los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra, supone un récord histórico de financiación e implica que el Estado abonará más de 7.000 millones de euros al año en dependencia a partir de 2027.

Este presupuesto pretende complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia conforme al cumplimiento de objetivos establecidos, entre el Gobierno y las comunidades autónomas, como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector. La partida presupuestaria del nivel acordado fue eliminada en 2012 y no se recuperó hasta 2021, cuando se dota con 307 millones de euros, que han crecido hasta alcanzar los 970 millones de euros actuales.

El aumento se enmarca en el crecimiento exponencial del nivel mínimo, que hace dos semanas duplicó las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos de las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido. La ampliación económica supone que, entre el nivel mínimo y el nivel acordado, la aportación estatal sea de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. Una inversión que además de ser récord, es estructural y queda blindada para los siguientes años. Los gobiernos de las comunidades autónomas incrementarán un 98,7% sus fondos para la dependencia y, en total, el Estado abonará 7.239 millones de euros a las comunidades autónomas en 2027.

En las transferencias del nivel mínimo, el Estado central no tiene capacidad para influir en el destino final de esos fondos, más allá de que los gobiernos autonómicos deban emplearlos en dependencia. Sin embargo, son estos, en cumplimiento de sus competencias, quienes deciden en qué los emplean. En el caso del nivel acordado, estos sí están ligados a objetivos concretos, pactados entre los ejecutivos autonómicos y el central. El Ministerio de Derechos Sociales llevará su propuesta este jueves a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el paso previo al Consejo de Ministros.

La ampliación económica ha supuesto también la refundación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que tiene como objetivo reforzar los recursos que reciben los gobiernos autonómicos. Así, la norma incluye nuevos servicios para la ciudadanía como: nuevos modelos de convivencia colaborativa, productos de apoyo que mejoren la autonomía, servicios de teleasistencia personal para quienes lo deseen y extensión del servicio de ayuda a domicilio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 23 de junio un real decreto de financiación a la dependencia, que implica que las comunidades autónomas recibirán 2.000 millones de euros más en 2026 y 4.000 más en 2027. “Todos, antes o después, necesitamos alguien que nos cuide”, indicaba Sánchez en una comparecencia previa a la aprobación de la medida. El presidente calificó el aumento como la “mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática”, afirmación que ratificó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy: “No solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, sino que es la mayor ampliación de la red de protección social de este país en décadas”.

La contaminación, la presión turística y la mala gestión vuelven a causar estragos en los más de 8.000 kilómetros de costas españolas. Así lo refleja el informe anual de Ecologistas en Acción que, con la ayuda de otros colectivos ecologistas, identifica 48 puntos en situación de desastre ambiental o de amenaza. La principal novedad de esta edición es que, además de denunciar los impactos, propone una veintena de actuaciones para restaurar ecosistemas degradados.

El informe, que se realiza desde 2005, selecciona dos puntos por provincia o ciudad autónoma: uno de ellos elegido por mala gestión y el otro por contaminación. El mismo agrupa una serie de problemáticas que afectan al litoral, aunque admite “no recoger todas, por desgracia”.

Así, 'clava' la bandera en 14 zonas por vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración, nueve zonas presentan afecciones a la biodiversidad y ocho han sido seleccionadas por la urbanización de la costa e invasión del dominio público marítimo-terrestre. El resto de banderas se reparten en problemáticas como acumulación de basuras, obras portuarias mal gestionadas, contaminación química, daños al patrimonio histórico y degradación ambiental derivada de la turistificación y masificación.

Propuestas

Sin embargo, el eje central del informe de 2026 es la restauración de la naturaleza. Por ello, propone una veintena de propuestas, que Ecologistas en Acción espera que sean incluidas o tomadas en consideración en el Plan Nacional de Restauración, estrategia que España debe remitir a la Comisión Europea antes del 1 de septiembre de 2026.

Estas tienen el objetivo de recuperar progresivamente los ecosistemas terrestres, costeros y marinos. La asociación explica que la restauración consiste en realizar intervenciones destinadas a restablecer funciones naturales o permitir que los ecosistemas se recuperen por sí mismos una vez eliminadas las presiones.

Las propuestas abarcan desde procesos de desecación para recuperar la condición original de la marisma intermareal de Maqua, en la ría de Avilés, hasta restauraciones ecológicas en el saco interior de la bahía de Pollença, donde se pretende recuperar los hábitats marinos degradados por la presión turística y la urbanización litoral.

Ecologistas en Acción considera que estos procesos representan “una oportunidad histórica para corregir errores del pasado”. Además, señala la “voluntad política” para permitir a la naturaleza “recuperar su espacio”, cuestión que ejemplifica con el caso de La Pletera, en la Costa Brava, donde se ha llevado a cabo un proceso de desurbanización para recuperar el sistema de lagunas litorales y dunas.

Zonas reincidentes

La bandera negra por contaminación otorgada por vertido industrial en la playa de Usgo, en el municipio de Miengo (Cantabria), es reincidente, puesto que también la recibió en 2020, 2021, 2024 y 2025. Según la asociación, el litoral está contaminado por la empresa Solvay, que instaló un colector de ocho kilómetros hasta el acantilado anexo a la playa de Usgo, vertiendo residuos químicos. Los efectos, asegura, se notan en unos 12 kilómetros del litoral.

La situación es similar en El Puertito de Adeje, en Santa Cruz de Tenerife, que lleva tres años consecutivos recibiendo la bandera negra por mala gestión, debido al proyecto de macrourbanización turística Cuna del Alma. Este pueblo costero del suroeste de Tenerife es el último exento de construcciones turísticas y su entorno posee un valor ambiental e histórico “muy elevado”. Por ese motivo, Ecologistas en Acción insiste en que las obras del proyecto “se están produciendo numerosos incumplimientos de la legislación ambiental y de ordenación del territorio vigente”.

Sin embargo, también ha habido mejoras respecto a la edición anterior. La bandera negra almeriense por mala gestión del año 2025, que luchaba contra la urbanización del Salar de los Canos (Vera), ha sido eliminada tras un acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa propietaria de los terrenos.