La Audiencia Provincial de Álava ha dado un paso más para el cierre definitivo de la investigación sobre las denuncias de filtraciones en las categorías médicas de las oposiciones del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) celebradas en 2018. El tribunal, a expensas de un auto final, abunda así en la decisión adoptada en julio por la cuarta de las instructoras de este expediente judicial, Blanca Ester Díaz Pulido, y rechaza que pueda ampliarse la investigación para que declaren como imputados los altos cargos de la época en la Sanidad pública vasca, incluido el que fuera consejero, Jon Darpón, y que dimitió en 2019 por estos hechos. Ahora falta una nueva resolución que ratifique el cierre de las diligencias, aunque no hay una fecha para este pronunciamiento, según fuentes judiciales.

Lo que había sobre la mesa eran dos recursos diferentes, aunque interconectados. Ambos habían sido interpuestos solamente por una de las tres acusaciones, el sindicato LAB, ya que tanto la Fiscalía como ESK habían dado por buenas las negativas a continuar con la causa. El auto conocido ahora, firmado por los magistrados Jesús Poncela, Elena Cabero y Francisco García Romo -que deliberaron sobre este tema en un parón del juicio del 'caso Sansoheta' sobre abusos sexuales a menores tutelados-, impide ampliar las pesquisas a la cúpula de Osakidetza. “No cabe la pesca de arrastre. Hay que hacerlo con caña y anzuelo. Tampoco la acumulación de posibles tipos penales a imputar que indica la parte apelante arroja mucha claridad sobre qué información de hechos imputados podría trasladarse a los señalados para que prepararan su defensa de cara a esa declaración, puesto que a algunos de ellos se les atribuye una responsabilidad indirecta, remota, por omisión, que tiene mucho de hipótesis”, argumenta la terna de magistrados.

Técnicamente, es posible que la Audiencia sí estime el segundo recursos de LAB y dé más tiempo para investigar, aunque el sindicato da por hecho que si se rechazan las nuevas pruebas e imputaciones solicitadas no tiene sentido conceder más tiempo al sumario. Es más, el tribunal recalca en su fallo que existe una “imposibilidad” de que la Audiencia “dirija la instrucción” y enmiende la plana a la magistrada responsable de la causa. Según las fuentes consultadas, ese segundo recurso no tiene fecha para ser resuelto, lo que demorará todavía unos meses el final definitivo de este caso. Ha de ser admitido a trámite y se abrirá un plazo para que todas las partes presenten alegaciones.

Cuando eso se produzca, tocará decidir si se celebra un juicio con las veinte personas que hay imputadas actualmente entre opositores y miembros de los tribunales presuntamente implicados en las irregularidades, pero la investigación ha quedado coja ya que no se han analizado en estos años todos los exámenes de las especialidades sobre las que recaían sospechas -aunque los que sí han aparecido mostraban indicios claros de anomalías- y ha habido largos períodos de tiempo sin que se haya movido un solo papel en el procedimiento. Las defensas están absolutamente convencidas también de que el castillo de naipes se derrumbará y que todo quedará en nada.

En un comunicado, LAB ha lamentado que “no se podrá juzgar al núcleo operativo encargado de idear, planear, organizar y ejecutar toda la trama de las filtraciones en la OPE de facultativos de Osakidetza”. La central había intentado sin éxito el procesamiento de los altos cargos de la Sanidad vasca que, en su momento, fueron dimitiendo por este caso, incluidos el exconsejero Darpón y la que fuera directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, que contó con ayuda de ertzainas y funcionarios para huir de los medios de comunicación cuando declaró como testigo en esta causa. “Esta decisión ha dejado la puerta abierta de la impunidad para la antigua dirección de Osakidetza”, entiende LAB, que añade: “Resulta paradójico que, a pesar de contar con una veintena de investigados, ni una sola persona con responsabilidad en el diseño de una OPE plagada de filtraciones vaya a declarar en calidad de imputado”.

El sindicato lamenta también que ni siquiera se hayan revisado los exámenes. La tercera de las cuatro instructoras lo descartó en su día aduciendo que no tenía ningún interés si bien en los que sí han aparecido, de Anestesia o Traumatología, constan errores y redacciones idénticas y hasta las mismas palabras clave subrayadas y en mayúscula. No aportaban “nada”, adujo. Al inicio de la causa Osakidetza tampoco envió todo el material de su investigación interna: concluyó que no había pasado nada pero los testimonios que recabó hablaban de “tongo” para beneficiar a candidatos muy concretos. En general, en los exámenes denunciados se repetía un patrón de que había unas pocas notas altas o perfectas coincidentes casi con el número de plazas en juego y que eran de candidatos que trabajaban como interinos en los mismos hospitales de los que procedían los vocales del tribunal.

En el comunicado en el que ha dado a conocer su posición tras el auto de la Audiencia Provincial, LAB lamenta haberse quedado solo en la pelea por mantener viva esta causa. Critica, de hecho, que la Fiscalía y ESK no hayan secundado la petición de continuar investigando y las pone en el mismo plano que a Osakidetza. “La falta de colaboración de las diferentes direcciones de Osakidetza ha sido una constante desde el minuto uno. Su actitud ha sido entregar -muchas veces con demoras y de manera incompleta- la información que, a impulso de LAB y a cuentagotas, el juzgado les ha ido requiriendo, consiguiendo así tras este último auto, que los exámenes de la mayoría de categorías judicializadas, custodiadas por Osakidetza, no puedan ser analizadas. La falta de ambición y determinación para la búsqueda de la verdad ha rodeado esta instrucción que dura ya cuatro años, en los que el sindicato LAB ha actuado de tractor ante la sorprendente falta de iniciativas del resto de acusaciones. Es una constante que en su momento Txirrita adelantó que, las prácticas corruptas y delitos de 'guante blanco' ni se persiguen, ni se castigan: ”Lapur txikiak kastigatzeko, nonahi badago kartzela. Haundiak hor ikusten ditut, paseoan dabiltzala“ ('Para castigar a ladrones pequeños, utilizan siempre la cárcel. Ahí veo a los grandes, que andan de paseo'). La falta de apoyos del resto de acusaciones en diligencias fundamentales ha sido un hecho sorprendente y seguimos sin comprender cómo quienes públicamente han señalado a la dirección y hablado de red clientelar, no han solicitado en ninguna ocasión la imputación de la antigua dirección pervirtiendo un proceso al reducirlo en muchas ocasiones a un espectáculo mediático de corto recorrido”, interpreta el sindicato.

La Fiscalía, como publicó este periódico, dio por buena la decisión de no prorrogar la instrucción. La fiscal titular del caso, Cristina Vicente Briansó, está de baja y en los últimos meses dos fiscales han asumido temporalmente el expediente, el exfiscal-jefe Josu Izaguirre y el 'número dos' de la institución en la plaza, Álvaro Delgado. En cuanto a ESK, sindicato al que pertenecen los anestesistas Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez, que denunciaron desde el hospital de Arrasate-Mondragón la existencia de filtraciones, consideró lo de julio un “paso” y no recurrió el cierre de la investigación. Las defensas de los acusados también aplaudieron esa decisión.

Todavía podrá celebrarse un juicio, aunque no es algo automático o que se pueda dar por hecho. Cuando se resuelva definitivamente el segundo recurso de LAB en la Audiencia, la pelota volverá al tejado de la instructora y tendrá que determinar si hay base para sentar en el banquillo a todos o a parte de los ahora investigados con la documentación y testificales recopiladas hasta ahora. Los imputados son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y su familiar Alfredo Martínez Flórez, así como los vocales Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica.

“El procedimiento no ha finalizado y existen muchas posibilidades de que se llegue a celebrar un juicio. Entre los investigados hay diferentes grados de participación y aunque serán juzgados los grados más bajos, LAB no renuncia a que las personas que diseñaron la OPE tengan que explicar sus actuaciones en el mismo y aunque no puedan ser objeto de sanción penal, la sociedad pueda conocerlas”, afirma el sindicato.

Puedes leer en este especial de elDiario.es/Euskadi toda la cobertura sobre la OPE de Osakidetza

Primero fue Roberto Sánchez y ahora también deja el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) Manoel Martínez. Así, de los tres anestesistas interinos del hospital de Arrasate-Mondragón que en 2018 denunciaron la existencia de filtraciones en la oposiciones médicas de la Sanidad pública vasca solamente Marta Macho continúa en su puesto. Martínez, que trabajará ahora en Cantabria, afirma haber sufrido “presiones” tras haber alzado la voz y haberse sentido “investigado” mientras que, a su entender, la dirección ha dado cobijo a quienes participaban de este sistema de reparto de plazas, entre los que incluye a jefes de servicio y opositores.

Martínez, de origen gallego, era un recién llegado a Euskadi cuando conoció que -ironiza- “las OPE eran los padres”, esto es, que las plazas se repartían entre los candidatos afines y que de poco servía estudiar. Afirma que acudió al sindicato al que entonces pertenecía, UGT, y que recibió un portazo. “Me dieron largas. Me dijeron que esto pasaba en todos los lados. Acabé cambiándome de sindicato”, rememora. Así aterrizó en ESK con Macho y Sánchez. “Hicimos todo lo que hicimos, que ya es conocido. Ahora Roberto se ha ido y yo también. Queda Marta, que va a tener que aguantar”, resume sobre lo ocurrido estos cuatro años.

Del inicio de aquel proceso recuerda al entonces consejero, Jon Darpón, llamando “kamikazes” a los denunciantes. La directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, llegó a avisarles en el Parlamento de que serían denunciados a la Fiscalía por “tentativa de actuación fraudulenta”. Ambos dimitieron meses después. “Y también recuerdo la farsa de investigación interna, que sólo quería despistar a la opinión pública de la red”, añade. Aquellas pesquisas concluyeron que no había irregularidades aunque los testimonios recopilados sí apuntaban a ello. El material no se envió al ministerio fiscal, aunque luego sí apareció cuando el juzgado hizo a Osakidetza un requerimiento específico. “La dirección del ente consiente absolutamente estas prácticas”, entiende Martínez. Añade que en 2022 también fueron investigados tras haber denunciado problemas en su hospital mediante protocolos de conflicto. “Apareció un señor para ver qué pasaba. Los primeros en ser llamados a declarar fuimos nosotros”, ironiza.

Ahora, el caso se halla en una encrucijada. Después de cuatro magistradas al frente de la investigación, a finales de julio, la instructora Blanca Ester Díaz Pulido acordó cerrarla aunque ni siquiera se han revisado todos los exámenes de todas las categorías médicas en las que hay sospechas de filtraciones. Y eso a pesar de que en los casos en que sí se ha hecho han aparecido redacciones casi gemelas, errores comunes o incluso palabras clave subrayadas y en mayúscula. “Hay muchos indicios y si se tiene ganas es fácil demostrar que ha habido filtraciones. Un ejemplo claro eran los exámenes de Traumatología. Si se dejase investigar, se encontrarían cosas similares”, señala Martínez.

Sin embargo, se muestra diplomático con la decisión de su sindicato, ESK, de no recurrir el cierre de la causa, lo que supone 'de facto' darlo por bueno. En su momento, llegó a considerar que esta decisión era un “paso”. “Son decisiones de la cúpula del sindicato que hay que respetar”, señala Martínez. En todo caso, añade: “La parte judicial siempre es una incógnita grande. Nunca se sabe lo que puede pasar. Visto lo visto, en cuatro años de instrucción ha habido cuatro encargadas del caso, ha habido demasiadas trabas y hasta poca voluntad, parece. Se podían haber hecho muchas más cosas. No creo que prospere el recurso y que vaya más allá”, indica sobre la decisión del otro sindicato personado en la causa LAB, de mantener la batalla jurídica.

ESK ha querido 'despedir' a Martínez con una pequeña concentración en la entrada del recinto hospitalario de Arrasate-Mondragón. “Las redes clientelares de Osakidetza que según el PNV no existen están castigando uno a uno en la sombra hasta tener que abandonar su empleo a quienes denunciaron estas tramas y chanchullos. Pese a todo, seguiremos denunciando las irregularidades que detectemos”, entiende la central, que se ha movilizado detrás de una pancarta en la que se leía 'Errrepresiorik ez!' ('no a la represión').

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Este martes se cumplen tres años de que Pedro Sánchez accediera a La Moncloa tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy por la sentencia del 'caso Gürtel'. Ese mismo día, a las 14.00 horas, también trascendieron las primeras denuncias de filtraciones de exámenes para beneficiar a candidatos muy concretos en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). La investigación está ahora residenciada en un juzgado de Vitoria y hay ya siete personas imputadas y una veintena de categorías de aquella OPE investigadas. Pero mucho es el terreno por desbrozar, tanto que parece utópico que en algún momento se fijara como final de la investigación septiembre de 2020. Un ejemplo: este periódico publicó el testimonio de un vocal del examen de Traumatología que vio que los mejores exámenes eran “fotocopias” entre sí y con respecto a la plantilla de corrección y no se han analizado aún esos documentos. La COVID-19 también ha generado retrasos. Es más, la noticia en el aniversario es que se estrena al frente del sumario una tercera instructora en este tiempo. Se trata de la magistrada Cristina Rodríguez Ruiz.

Aquel 1 de junio, este periódico dio cuenta de las sospechas suscitadas por los resultados en Anestesiología y Cardiología. En el primero de los casos, tres opositores interinos del hospital del Alto Deba, Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez, habían denunciando que había pucherazo. Su sindicato, ESK, y la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga revelaron que habían hecho una 'porra' ante notario con quienes iban a tener la mejor nota y las previsiones se cumplieron. En paralelo, la Cadena Ser informó de una carta de un miembro del tribunal de Angiología en el mismo sentido. 72 horas después se produjo un pronunciamiento del entonces consejero de Salud, Jon Darpón, en el que fijó ya la línea argumental para los meses siguientes. No había “elementos objetivos” que probaran las filtraciones, a pesar de que un análisis estadístico mostraba notas casi perfectas en pruebas difíciles, que esos 'dieces' coincidían con el número de plazas en juego y que muchos de esos mejores expedientes eran de compañeros de hospital de los autores de las preguntas. Darpón, a quien en aquella rueda de prensa la directora general de Osakidetza, la también dimitida María Jesús Múgica, llegó a tener que agarrar del brazo pidiéndole tranquilidad, espetó en otra comparecencia a la oposición que esto no era “Venezuela” y que no se podía hacer acusaciones de fraude sin pruebas. Más tarde se conoció que el Departamento de Salud solamente activó una investigación interna después de que el asunto trascendiera a los medios de comunicación ya que, al menos en el caso de Cardiología, el vocal del tribunal Ángel Loma-Osorio había expuesto con claridad sus sospechas. En los exámenes de Anestesia se vio también que había patrones comunes de redacción, de orden y hasta de fallos.

Los primeros pasos de la investigación judicial los dio la Fiscalía. El caso lo asumió en primera persona la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, que bebió de las conclusiones de los expedientes internos realizados por Osakidetza. No obstante, Osakidetza no entregó a Adán todo el contenido de sus pesquisas, solamente sus conclusiones, en las que la clave era la ausencia de esos “elementos objetivos”. Con todo, el ministerio fiscal sí vio indicios suficientes de delito y remitió el caso a un juzgado de Vitoria para el inicio de una causa penal. Eso fue en febrero de 2019. Lo llamativo es que el juzgado pudo acceder a documentación mucho más amplia y en la que sí había elementos todavía más claros para asegurar que en la OPE se habían producido irregularidades. Los expedientes de los instructores internos de Osakidetza no recogían todos los testimonios grabados de vocales y opositores. Este periódico los público en su integridad y en ellos, además de las “fotocopias” de Traumatología, se aludía a un “tongo” en Angiología o a que el sistema de filtraciones era “vox populi” en Cardiología. Había denuncias igualmente en Digestivo o Cirugía Plástica.

Y más testimonios. En los audios se escuchaba a una de las instructoras de Osakidetza, la exdirigente del PNV y exconsejera Belén Greaves, diciendo en plenas declaraciones que esperaba que el asunto no llegara a los tribunales y que quedara “en el ámbito interno”. También otra doctora, Izaskun Obieta, señaló que la consejera que relevó a Jon Darpón, Nekane Murga, era conocedora del sistema por una conversación que mantuvo con ella años atrás. De Obieta se dijo que sus comentarios no valían “para nada” y de los anestesistas denunciantes que les iban a denunciar ante la Fiscalía por “tentativa de actuación fraudulenta”, algo que no consta que se produjera nunca.

Ahora mismo la nómina de imputados, la componen siete personas. Son José Luis Cabriada (autor del examen de Digestivo), César Augusto Valero (Anestesia), María Reyes Vega (Angiología), Eduvigis Álvarez (Neurofisiología), José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández (Neurocirugía) y Javier Meléndez (Cirugía Plástica). También han declarado otros testigos. En el caso de la exdirectora de Osakidetza, María Jesús Múgica, pudo escapar de los periodistas gracias a un comisario y dos ertzainas del Palacio de Justicia y una investigación lo vio claramente “irregular”.

“Lo que se ha sabido por ahora no es mucho”

El caso recayó en el juzgado de instrucción número 2 de Vitoria. La titular de la sala es Ana Jesús Zulueta. Pero en aquel momento estaba reforzando la Audiencia Provincial de Álava, dedicada casi por entero al macrojuicio y posterior sentencia del gran caso de corrupción que se ha conocido en Euskadi, el 'caso De Miguel', que se saldó con condenas de prisión para exdirigentes del PNV de Álava y que ahora revisa el Tribunal Supremo. Así las cosas, fue la sustituta de Zulueta, Yolanda Varona, la que dio los primeros pasos. Terminado el 'caso De Miguel', Zulueta regresó a su plaza y ha dirigido la causa hasta fechas recientes. Pero en las últimas semanas ha vuelto a la Audiencia Provincial de Álava para otra sustitución. Precisamente el que fuera presidente del tribunal de aquel macrojuicio, Jaime Tapia, ha sido fichado por el Gobierno vasco para asesorar en la puesta en marcha del nuevo modelo penitenciario vasco después de la transferencia de Prisiones acordada con Pedro Sánchez y que será efectiva desde el 1 de octubre. Y su plaza ha recaído de manera temporal en Zulueta. En los últimos días, mientras Varona tomaba posesión de otro juzgado de Vitoria, la magistrada Rodríguez Ruiz ha sido designada para dirigir esa sala.

“Aunque parece que hay avances con imputaciones y testigos, el cambio de magistradas no parece que esté ayudando a la resolución de la investigación. Lo que se ha sabido por ahora no es mucho”, explica Manoel Martínez, uno de los tres anestesistas denunciantes. Añade su colega Roberto Sánchez que “evidentemente la pandemia lo ha retrasado todo y es un proceso complejo”, pero apunta a que “las acusaciones particulares se encuentran con trabas por parte de Osakidetza” para recopilar información. “Han pasado tres años y ya nos avisaron que el procedimiento iba a ser largo... Pero la Justicia no dejar de ser otro servicio público precarizado, falto de personal y de recursos”, concluye Marta Macho.

El asunto de la colaboración de Salud con el juzgado sigue muy presente tres años después. Los correos electrónicos sobre algunos exámenes orales, que se solicitaron por vez primera en junio de 2020, han llegado hace pocas fechas y no con toda la amplitud que ha requerido el juzgado después de cinco intentos. En la sesión de control al Gobierno que se celebró este viernes en el Parlamento Vasco, la representante de EH Bildu Rebeka Ubera preguntó por ello a la actual consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que enumeró decenas de requerimientos que han sido atendidos por la Administración como ejemplo de diligencia.

“Estamos en un 'impasse'. La investigación judicial va avanzando, es cierto, pero no tan deprisa como quisiéramos. Pero va avanzando a pesar de los obstáculos que la propia Osakidetza quiere poner constantemente”, explica Patxi Nicolau, del sindicato ESK, uno de los dos que está personado como acusación junto con LAB. “Pero aún así estamos consiguiendo sacar a la luz y poner encima de la mesa la evidencia, lo que todo el mundo sabía, que en el proceso de selección había un sistema clientelar que estaba montado en base a lo que las diferentes jefaturas querían y deseaban para sus acólitos. Y estaba conocido, avalado e impulsado incluso por personas que han pasado por las diferentes Consejerías de Salud así como por los responsables de la dirección de Osakidetza”, abunda Nicolau.

“La acusación ejercida por un sindicato como LAB es sumamente útil. Se han puesto infinidad de diligencias encima de la mesa que vienen a apuntar que no era algo puntual, sino algo generalizado. Y además estaba planificado. La dirección era conocedora y tomaba decisiones para intentar perfeccionar el sistema o hacerlo indetectable”, explica Jesús Oñate, recordando que antes de esta OPE se prometió una convocatoria “limpia” -¿las anteriores no lo fueron?- y se externalizó la realización de algunas partes al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), ajeno a Osakidetza. Pero el IVAP ya reconoció que no tiene especialistas médicos y, en verdad, pidió al Servicio Vasco de Salud una lista de autores de los exámenes, que habitualmente fueron miembros de los tribunales. “Osakidetza tomó unas medidas antes para intentar dibujar una OPE transparente y esas medidas, como la incorporación del IVAP, no eran más que instrumentales. En el fondo, Osakidetza seguía manteniendo el control de la designación de quiénes hacían los exámenes”, añade. Por ello, LAB demanda “la imputación del núcleo operativo encargado de todo, una serie de altos cargos de la dirección de Osakidetza”. Menciona también que se creó un “manual operativo” para garantizar el anonimato durante las correcciones, por ejemplo, pero que la dirección también autorizó no aplicarlo al permitir exámenes orales en pruebas como Urología o Neurocirugía. En una de ellas, la secretaria del tribunal confesó sentirse extrañada por ver el contraste entre unos aspirantes que se lo sabían todo al dedillo y otros que no.

“No hay ninguna medida encima de la mesa para evitarlo en futuras oposiciones”

“Repartir plazas de empleo público de forma discrecional es un delito. Debe ser expuesto a la sociedad como algo grave”, subraya Oñate. ¿Y este caso ha servido para cambiar el sistema? “No hay ninguna medida encima de la mesa para evitarlo en futuras oposiciones”, señala Nicolau, que pide “un 'mea culpa' y un compromiso explícito de que no vuelva a pasar”. La propuesta de ESK incluye una “regeneración democrática” en las jefaturas de servicio de los hospitales. “Osakidetza debe recapacitar, salir de la fase de negación, aceptar que se produjo y tomar las decisiones para que no se vuelvan a producir. El nuevo modelo planteado lo único que hace es blindar los criterios subjetivos y un reparto de plazas fuera de condiciones de igualdad”, coincide Oñate.

“Los estamentos en jefaturas, direcciones y gerencias deberían ser sacudidas y renovadas. Que no sean cargos vitalicios. Que puedan ser evaluados. Va pasando el tiempo y lo que se va madurando es una nueva forma de hacer lo mismo de forma legal pero 'a dedo' igualmente”, señala Macho. Sánchez es también pesimista: “En Osakidetza no ha cambiado nada. Hay un poder en la sombra, que son las jefaturas de servicios. Este asunto de la OPE es simplemente un síntoma. Los que estaban en los tribunales siguen pensando que estaban en su derecho de cometer ese delito. Los denunciantes seguimos siendo los traidores. El delito ha sido tan flagrante que seguramente alguna condena simbólica habrá. pero llegará cuando ya no importe”.

A diferencia de la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, que es una simple testigo, los tres primeros imputados en la investigación penal abierta por las irregularidades en las oposiciones médicas del pasado año han accedido este jueves al Palacio de Justicia de Vitoria por la puerta principal. Son los doctores César Augusto Valero (autor del examen de Anestesia), María Reyes Vega (Angiología) y Juan Luis Cabriada (Digestivo), presuntos responsables de haber filtrado las preguntas a opositores muy concretos, lo que podría constituir un delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos y otro de revelación de secretos. Cortésmente, ellos -y sus abogados- han declinado hacer cualquier comentario sobre su declaración ante la magistrada, Yolanda Varona. Dentro, en el juzgado, han rechazado que se produjeran esas filtraciones.

Según el representante del sindicato ESK, organización que como LAB está personada en el procedimiento tras haber denunciado la manipulación de la OPE, los tres vocales de sus tribunales “han negado toda su participación en los hechos”. Dos de ellos han respondido a todas las preguntas y el tercero -sin que se haya especificado quién- ha ejercido su derecho a no contestar a las cuestiones planteadas por los abogados de ESK y LAB, ha indicado Patxi Nicolau.

¿Qué elementos llevaron a la Fiscalía, tras una primera investigación, a solicitar la imputación de Valero, Vega y Cabriada? 

ESK y LAB coinciden en que la investigación no se puede circunscribir a estas tres categorías y, dentro de ellas, a estas tres personas. Nadie ha mencionado, por ejemplo, a los beneficiarios de esas presuntas filtraciones, que en algunos casos han accedido ya a sus plazas. La Fiscalía, de hecho, apuntó a anomalías en 11 especialidades en su investigación preliminar. Esta semana, por ejemplo, han comparecido dos vocales del tribunal de Cardiología que avisaron de filtraciones incluso antes de la celebración de la OPE sin éxito alguno. Igualmente, como adelantó este periódico, un nuevo testigo ha aportado datos sobre lo ocurrido en Urología y existe una denuncia sobre los exámenes de Cirugía Plástica. El resto de especialidades bajo sospecha son Traumatología, Medicina Intensiva, Urgencias, Microbiología y Cirugía Cardiovascular.

En el aire está el papel en esta investigación penal de los tres altos cargos de Osakidetza señalados por el ministerio fiscal, el ya exdirector de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, y los miembros de su equipo Andoni Arcelay y Xabier Balerdi. El avance de la investigación deberá determinar si son simples testigos o corresponsables de los delitos, ya que ellos seleccionaron a los facultativos que redactaron las preguntas de los diferentes exámenes. 

La investigación judicial, que desde un primer momento se declaró compleja para que dure un máximo de 18 meses y no los seis ordinarios, afronta ahora un período de incertidumbre. La instructora, Yolanda Varona, abandonará el juzgado el 30 de junio al regresar a su plaza la titular de la sala, Ana Jesús Zulueta, quien en el último año ha reforzado a los magistrados de la Audiencia Provincial de Álava ante el aumento de carga de trabajo que supuso la celebración en 2018 del juicio del 'caso De Miguel' y, en 2019, la redacción de la sentencia.

“Lamento decir que tengo razones fundadas para creer que parte del tribunal de la OPE del que formamos parte tiene intención de compartir el material generado para la segunda prueba con vistas a una filtración selectiva”. Este correo electrónico lo escribió el pasado año el cardiólogo Ángel Loma-Osorio antes de los exámenes de su categoría dentro de la gran oposición celebrada el pasado año el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Una vez conocidos los resultados, Loma-Osorio volvió a la carga y denunció “el conocimiento previo inapropiado del contenido del examen” por parte de algunos opositores. Concretamente, en Cardiología hubo 22 exámenes perfectos, tantos como plazas ofertadas y con una nota media general muy baja. 

El doctor ha comparecido este miércoles como testigo ante la juez de Vitoria que investiga las irregularidades en esta OPE, Yolanda Varona, y se ha ratificado punto por punto en sus reflexiones anteriores. Además, bajo promesa de decir la verdad, ha dejado caer que estas prácticas estaban “asentadas” en Osakidetza y que no se circunscriben precisamente a un examen de un año, sino que las irregularidades se arrastran desde tiempos inmemoriales.

Loma-Osorio, con traje y corbata, ha sido el primero de los cinco testigos que han comparecido en la segunda jornada de declaraciones de esta investigación penal. El médico no ha querido comentar su declaración a puerta cerrada ante los medios de comunicación, pero sí que concedió una entrevista a este periódico el pasado año. “Estaba en el tribunal de Cardiología. He observado cosas que comprometen seriamente la justicia y la igualdad de oportunidades en una OPE. Estoy comprometido con esta organización y defenderé su prestigio”, comentó entonces. Como él, ha declarado ante la instructora del caso su compañera Izaskun Obieta, también vocal en el examen de Cardiología y que secundó las quejas de Loma-Osorio. 

Se da la circunstancia de que entre la lista inicial de imputados de este caso -tres facultativos de las especialidades de Anestesia, Digestivo y Angiología- no se halla ninguno de los presuntos filtradores de los exámenes de Cardiología ni ninguno de los beneficiarios de la oposición manipulada. Es más, fuentes judiciales han indicado que, pese a la contundencia de los testigos, ninguno ha puesto nombres y apellidos a las irregularidades, algo esencial en un proceso penal.

Por el juzgado han pasado también dos de los tres denunciantes -la primera compareció el martes- y, en la misma línea, han indicado que las filtraciones eran moneda corriente en el Servicio Vasco de Salud. “Esto es 'vox populi' y lleva ocurriendo toda la vida”, han dicho Manoel Martínez y Roberto Sánchez a los periodistas a la salida de su comparecencia, en la que han estado acompañados del delegado de ESK en Osakidetza Patxi Nicolau.

Después de la breve comparecencia de otro opositor -que no ha querido hacer comentarios-, le ha tocado el turno a la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, que dimitió en noviembre como consecuencia de este caso. En el caso de Cardiología, Osakidetza decidió no actuar ante las denuncias de Loma-Osorio hasta que el caso saltó a los medios de comunicación. De hecho, cuando analizó lo ocurrido decidió paralizar esa oposición. Múgica, que ha estado más de una hora ante la magistrada, ha declinado realizar comentarios. “Hay que dejar a la Justicia que haga su trabajo”, ha dicho.

“Se te acaba el contrato el día 31 de mayo”. Con este mensaje se ha despertado este miércoles la anestesista Marta Macho en el día después de haber comparecido ante la juez de Vitoria Yolanda Varona para ratificarse en su denuncia de irregularidades en las oposiciones de Osakidetza del pasado año. “Esperaba un revés, pero tan evidente no. Espero que sea sólo una casualidad”, valora la profesional del hospital de Mondragón, a la que le queda como alternativa laboral cubrir una baja de tres semanas y, posteriormente, esperar otra llamada.

“Después no sé qué pasará. Lo más llamativo es que no hay gente. Prescinden de mí pero hueco hay”, abunda Macho. Su delegado sindical en ESK, Patxi Nicolau, ha denunciado estos hechos mientras acompañaba en el Palacio de Justicia a los otros dos anestesistas denunciantes, Roberto Sánchez y Manoel Martínez, que estaban citados por la magistrada instructora este miércoles.

“Hoy le han comunicado que su contrato se rescinde. Según la normativa de contratación de Osakidetza, esto no puede ser así. ¡Qué casualidad que sea hoy! Desde ESK emplazamos tanto al hospital del Alto Deba como a la dirección de Recursos Humanos a que dé una explicación de por qué ha ocurrido esto. Es una clara represión”, la señalado Nicolau a los medios de comunicación.

En su día, Macho, Martínez y Sánchez ya denunciaron represalias. Ante esas quejas, fuentes oficiales indicaron que “nadie de Osakidetza ni del Departamento de Salud ha dado ninguna instrucción específica para ningún profesional concreto”. Ese mensaje lo ha reiterado la actual consejera, Nekane Murga, en una rueda de prensa: “Es evidente que no hay relación”. Murga ha rechazado que el Servicio Vasco de Salud haya rescindido el contrato de la anestesista por denunciar irregularidades y ha añadido que “no se discrimina” a nadie en Osakidetza.

Dos nuevos testigos sorpresa pueden dar un giro a la investigación judicial en torno a las irregularidades en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), que este martes se ha iniciado 'de facto' con la declaración de los primeros testigos y que continuará el jueves con la de los tres primeros imputados como presuntos responsables de las filtraciones de exámenes para beneficiar a candidatos muy concretos. En uno de esos dos casos, según los datos a los que ha accedido este periódico de fuentes sanitarias, el informante revela la existencia de una reunión poco menos que clandestina en una vivienda a unos días de la celebración de los exámenes en la categoría de Urología. En ella, siempre según esta fuente, un miembro del tribunal calificador y autor una parte del examen, el doctor Javier Extramiana, jefe de servicio de Urología en el Hospital Universitario de Álava, se citó con opositores de su mismo centro. Estas personas, días después, lograrían notas cercanas a la perfección y una plaza fija en la Sanidad pública vasca. El segundo caso afecta a la categoría de Cirugía Plástica y tiene que ver las vicisitudes en el examen de una pariente de un vocal del tribunal de esa especialidad.

En el caso de Urología, es una de la veintena de categorías en las que hay sospechas de irregularidades en los exámenes que se celebraron el pasado año. De hecho, Osakidetza abrió un expediente con código 650/2018 al constatar que había un número de exámenes prácticos casi perfectos o de 10 coincidentes con el número de plazas en juego, un patrón estadístico anómalo que se repite en otras especialidades investigadas en este caso, como Cardiología. Según ese expediente 650/2018, lo más llamativo es que una persona a la que no se identifica en la documentación oficial manifestó a los responsables de Osakidetza que al haber “mucha disparidad” en las notas -unas muy altas en contraste con una media muy baja- “se tomó la iniciativa de plantear una nueva reunión del tribunal para revisar” los exámenes. De este modo, las primeras notas publicadas en junio de 2018 fueron cambiadas en septiembre. Hasta nueve opositores vieron cambiada su calificación en la parte práctica, cuatro a la baja y cinco al alza.

Cuando la Fiscalía analizó estos exámenes en la fase previa a la investigación que ahora dirige la instructora Varona, afeó al Servicio Vasco de Salud que no quedaba claro cuáles eran las notas reales de esta oposición al haber dos tablas diferentes. Es más, el propio experto estadístico de la Universidad de Oviedo contratado por el Departamento de Salud para analizar la “coherencia” de los resultados de todas las pruebas aludió también a esta anomalía. En la 'web' oficial de la OPE continúan publicadas tanto la primera nota como la “corrección de errores” ulterior.

Un examen oral decisivo

Más significativo aún es que el tribunal, al contrario que la norma general de hacer los exámenes por escrito, decidió que la parte de casos clínicos prácticos fuese mediante el sistema de “lectura pública”. Osakidetza autorizó expresamente este cambio aunque el secretario había advertido que el manual operativo de la OPE remarcaba la importancia del “anonimato” en la realización de las pruebas y en las correcciones. En la investigación interna de Osakidetza nunca aparecieron las grabaciones o actas del examen oral para su revisión ante la posibilidad de que se produjeran irregularidades. Sí se hacía constar que personas con la prueba teórica aprobada sacaron notas rozando el cero en la práctica y que otros opositores, por el contrario, brillaron con notas incluso perfectas a pesar de tener suspendida la otra parte de la oposición.

Y con esto sobre la mesa, ¿qué conclusiones extrajo Osakidetza? Ninguna. Los dos responsables de las pesquisas internas no vieron nada demostrado. Esa instrucción 650/2018 se cerró el 14 de septiembre de 2018. Ambos funcionarios pidieron que la documentación se entregara el 7 de septiembre y preveían completar su trabajo del 10 al 14 de septiembre. Y es que uno de ellos estuvo de vacaciones hasta el 13 de agosto y el otro las cogió del 14 de agosto al 10 de septiembre. En los días en que ambos estuvieron operativos no tuvieron tiempo de interrogar a los opositores (salvo uno) y tampoco recabaron todos los informes solicitados a la dirección de Osakidetza. Con estos mimbres, la exdirectora general del Servicio Vasco de Salud compareció el 17 de septiembre para anunciar que en el caso de Urología y otras categorías no había motivos para repetir los exámenes.

La Fiscalía, en cambio, incluye esta categoría entre la veintena donde hay indicios claros de filtraciones. Sin embargo, ninguna persona ha sido llamada a declarar por el momento en relación a Urología, aunque la investigación judicial se halla en una fase muy incipiente. Los tres primeros imputados se corresponden exclusivamente con las categorías de Anestesia, Digestivo y Angiología. En Cardiología -donde incluso Osakidetza ha visto la necesidad de repetir la OPE- un miembro del tribunal, el doctor Ángel Loma Osorio, ya advirtió de las irregularidades. Loma Osorio comparece hoy como testigo y hay expectación por saber hasta qué punto tirará de la manta.

El caso de Plástica es extraño, dado que estadísticamente no parece haber anomalías. Sin embargo, una de las opositoras era familiar de un vocal del tribunal. El miembro del comité evaluador se retiró antes de la OPE y ella, sorpresivamente, realizó el examen y no lo entregó. La Fiscalía llama la atención de que Osakidetza no ha aportado algunos documentos a los que hacen alusión los testigos.

Los denunciantes se ratifican en que hubo pucherazo

Entretanto, el proceso judicial ya se ha iniciado con las primeras testificales. La primera en pasar por la pequeña sala de declaraciones de la juez Varona en la tercera planta del Palacio de Justicia de Vitoria ha sido Marta Macho, una de las tres anestesistas del hospital de Mondragón que dieron el paso adelante y advirtieron de las filtraciones de exámenes. Macho llegó a recopilar grabaciones para apoyar su queja. Sus compañeros Roberto Sánchez y Manoel Martínez comparecerán este miércoles. Los tres se ratificarán en sus denuncias y públicamente han repetido en numerosas ocasiones que ésta no es una práctica aislada en la Sanidad vasca hasta el punto de que lo califican de “corrupción”. También ha pasado por el juzgado Patxi Nicolau, delegado de su sindicato, ESK, quien ha confiado en que esto sólo sea el inicio del camino y en que la magistrada tenga voluntad de ampliar la investigación a todas las categorías bajo sospecha para llegar hasta el final.

Aunque han coincidido con los anteriores en la antecámara de la sala de declaraciones, han llegado por separado al Palacio de Justicia los dos máximos responsables del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), la directora, Maite Iruretagoyena, y el secretario general, Fulgencio Aledo. Según fuentes judiciales, han explicado que este organismo externo fue encomendado por Osakidetza para realizar parte de los exámenes y han detallado cuáles son sus sistemas de custodia para evitar filtraciones. No obstante, han reconocido -como ya hicieran ante la Fiscalía- que ante la falta de expertos propios recibieron de la propia dirección de Osakidetza un listado de médicos que redactarían en última instancia las preguntas. Un cruce de datos en muchas categorías revela que los mejores expedientes corresponden con colegas de hospital de esos doctores.

Fuentes del IVAP añaden que ambos “han acudido tranquilos a explicar todo el procedimiento seguido, paso por paso y con todos los detalles”. “Han respondido a todas las preguntas”, indican estas fuentes, que destacan la “máxima transparencia y total colaboración” tanto de Iruretagoyena como de Aledo. El Gobierno, eso sí, remarca que el caso está aún en fase de investigación, por lo que reclama “respeto para la presunción de inocencia de todas las personas”. Un quinto testigo, un opositor de Anestesia, no ha comparecido y tendrá que pasar por el juzgado otro día.

Atrás han quedado las elecciones y la semana en que se cumple el primer aniversario de que estallara la mayor crisis que en esta legislatura ha vivido el Gobierno de Iñigo Urkullu, la de las irregularidades en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), la juez instructora de Vitoria Yolanda Varona inicia 'de facto' este martes la investigación judicial tras varios meses con el sumario en 'stand by'. Por el juzgado de instrucción 2 pasarán esta semana diez testigos y, finalmente, los tres primeros imputados, los doctores César Augusto Valero, María Reyes Vega y José Luis Cabriada como responsables de las pruebas de Anestesia, Angiología y Digestivo, respectivamente.

1 - ¿Qué ocurrió en la OPE del año pasado?

Durante la primavera de 2018 se celebraron exámenes de múltiples categorías para el acceso a plazas de Osakidetza. La polémica se circunscribe a las especialidades médicas, cuyos exámenes se celebraron en Vitoria. Un somero repaso estadístico a las notas -sindicatos como LAB y ESK publicaron sus análisis- revela que, pese a ser pruebas complicadas y con notas medias bajas, en dos decenas de ellas un reducido grupo de candidatos obtenían resultados muy altos o incluso perfectos, generalmente en número coincidente al de plazas ofertadas. En Cardiología, por ejemplo, 22 aspirantes sacaron 100 puntos sobre 100 para 22 puestos. Un mayor cruce de los datos revela, además, que esos mejores expedientes se corresponden habitualmente con los colegas de hospital o afines de los autores reales de las preguntas.

2 - ¿Quién denunció las irregularidades?

Tres anestesistas del hospital de Mondragón, Marta Macho, Roberto Sánchez y Manoel Martínez, dieron el paso de denunciar la “corrupción” interna en Osakidetza en lo tocante a la adjudicación de plazas. Sostienen, además, que lo ocurrido en 2018 no fue una excepción. “Las oposiciones en los hospitales vascos no se aprueban estudiando, se aprueban porque alguien te da el examen”, declararon en una entrevista con este periódico. Ante la debilidad de su posición, se armaron de pruebas para demostrarlo. Las primeras, en colaboración también con la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga, fueron actas notariales en las que, antes de la celebración de las pruebas, 'adivinaban' los opositores que lograrían plaza en su especialidad y en otras. Marta Macho, además, recopiló incluso grabaciones que confirmarían la existencia de filtraciones selectivas. En ellas se escucha lo siguiente en boca de uno de los opositores: que “está esperando la respuesta de si recibe o no las preguntas para su uso personal para seguir en su puesto, siendo como es una plaza de OPE”.

En paralelo, en dos categorías más, sendos miembros de los tribunales evaluadores dieron también la voz de alerta. En Angiología, el doctor José María de Egaña puso por escrito sus temores. Más insistente fue Ángel Loma Osorio, de Cardiología, que fue el único que antes de la celebración de las pruebas ya advertía del riesgo claro de la existencia de filtraciones. Como publicó este periódico, hay pruebas de que Osakidetza conoció estas denuncias y que les dio carpetazo. Sólo actuó después de que el caso se conociera en los medios de comunicación y, desde el principio, Cardiología fue una de las categorías marcadas en rojo.

3 - ¿Cuál fue la reacción de Osakidetza?

Además de no actuar hasta que las denuncias se hicieron públicas -y omitiendo que conocían los avisos de Cardiología y que no los atendieron-, el entonces consejero de Salud, Jon Darpón, salió al paso de los primeros datos remarcando que no había “elementos objetivos” que probaran las irregularidades, aunque hasta el informe estadístico externo que encargó a la Universidad de Oviedo reflejaba algunas anomalías. Para la historia quedará su andanada en el Parlamento ante las críticas de la oposición: “Esto no es Venezuela. Hay que probar las acusaciones”. También ironizó que las actas notariales eran en realidad muchas más y que sólo se hicieron públicas las que acertaban. Sin embargo, de puertas adentro Darpón presentó su dimisión al lehendakari desde el mismo mes de junio. En los meses siguientes dimitirían tanto la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, como el responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros cargos. Finalmente, el propio Darpón se marchó en marzo. El Gobierno y el PNV, sin embargo, nunca vinculó estos relevos a la crisis de la OPE y, por el contrario, atacó duramente a la oposición y a los medios de comunicación. “El cazador hoy es la presa mañana”, llegó a advertir en el Parlamento Josune Gorospe. En paralelo, el PP se desmarcó de EH Bildu y Elkarrekin Podemos y no se constituyó una comisión de investigación, como sí hubo en la anterior OPE polémica, vinculada al PSE y a la UGT.

4 - Las garantías del IVAP no fueron tales

Se atribuye a Darpón la frase “quiero una OPE limpia” cuando se preparaba la que se celebró en 2018 y que se correspondía a las plazas de 2016 y 2017. Al margen del sobreentendido sobre las convocatorias anteriores, esa frase escondía la intención de derivar al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) la realización de parte de los exámenes, despojando a los tribunales de parte de su poder. Sin embargo, el IVAP carece de especialistas médicos y terminó derivando a profesionales de Osakidetza la elaboración real de las preguntas. Fue la dirección de Osakidetza la que elaboró el listado de autores del examen. El cruce con los mejores opositores en muchas categorías es el mejor indicador de las filtraciones. Ahora, la nueva dirección de Juan Diego -un hombre de la plena confianza del lehendakari- ha introducido cambios precisamente para evitar esta anomalía. Los expertos del IVAP serán realmente externos y, además, los tribunales se elegirán por sorteo.Investigación.

5 - ¿Cómo ha sido la investigación?

En paralelo a la tormenta interna en el Departamento de Salud, los sindicatos ESK, LAB y ELA acudieron a la Fiscalía al entender que las irregularidades podrían ser constitutivas de delito. La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, lideró una preinvestigación en primera persona y determinó que había indicios de anomalías en hasta once especialidades médicas. Elevó el caso a un juzgado de Vitoria, donde se haya la sede del Gobierno y de Osakidetza, y propuso tres primeras imputaciones (las de Valero, Cabriada y Vega) ampliables conforme la investigación judicial pueda hallar nuevos elementos de prueba. También aportó una lista de diez testigos. Estas trece personas son las que comparecen esta semana. En el aire queda el papel de Soto y otros dos cargos de Osakidetza. Según la Fiscalía, se necesitan más concreciones para determinar si acuden al juzgado como investigados o como meros testigos.

6 - ¿Cómo serán las declaraciones?

Este martes y miércoles están citados los testigos. Son los tres anestesistas -Marta Macho la primera-, miembros de tribunales como Loma Osorio, un representante de ESK, los responsables del IVAP e incluso Múgica. El jueves llegará el turno de los acusados. En medios judiciales ha llamado poderosamente la atención que la magistrada, Yolanda Varona, haya previsto una duración de 15 minutos para cada una de las declaraciones. Varona es interina al frente del juzgado. Su titular es Ana Jesús Zulueta, miembro de Jueces para la Democracia, y que está reforzando la Audiencia Provincial de Álava hasta que se emita la sentencia del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi. Una de sus primeras decisiones fue impedir que Osakidetza se personara en el procedimiento como “perjudicado”. La juez explicó que habrá que determinar si puede ser “responsable” de lo ocurrido y ha denegado las alegaciones de los letrados del Gobierno. Sí que están como acusación ESK y LAB. En frente, los acusados han fichado algunos letrados muy conocidos como Jesús Urraza.

La Policía judicial ha entregado ya las citaciones a las personas llamadas a declarar como imputadas (tres) y testigos (diez) en la investigación abierta por la juez de Vitoria Yolanda Varona en torno a las irregularidades en las oposiciones de hasta 11 especialidades médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Lo que será el arranque oficial de las pesquisas, en todo caso, se pospone como ya se conocía hasta después de las elecciones del 26 de mayo.

Las declaraciones arrancarán el 28 de mayo, martes, con la testifical de la anestesista Marta Macho, una de las tres denunciantes de filtraciones selectivas junto a Roberto Sánchez y Manoel Martínez, citados igualmente. Entre ese martes y el miércoles comparecerán, asimismo, algunos miembros de tribunales de la OPE que también alzaron la voz al ver indicios de pucherazo, como el cardiólogo Ángel Loma Osorio. En su caso, denunció los hechos incluso antes de los exámenes y la dirección de Osakidetza rehusó a investigarlos. Posteriormente, cuando el caso saltó a los medios de comunicación, la de Cardiología fue una de las especialidades con más anomalías, ya que hubo 22 exámenes perfectos, tantos como plazas, en una prueba de elevada dificultad. Entre los testigos hay también representantes sindicales así como las responsables de Osakidetza, María Jesús Múgica, y del IVAP, Maite Iruretagoyena.

Para el día 30, una vez obtenida una primera panorámica de lo ocurrido, la magistrada tomará declaración a los tres médicos imputados inicialmente a propuesta de la Fiscalía. Son los doctores José Luis Cabriada, María Reyes Vega y César Augusto Valero. Queda en el aire el papel de otros tres cargos intermedios de Osakidetza: Juan Carlos Soto, Xabier Balerdi y Andoni Arcelay.

Por otro lado, el sindicato LAB se ha personado este lunes como acusación popular en el proceso penal sobre la OPE de Osakidetza. “Este nuevo paso confirma la firme voluntad de LAB para colaborar en el esclarecimiento de unos hechos sumamente graves, que afectan a derechos básicos de miles de personas y que dejan en entre dicho aspectos fundamentales del acceso a la administración vasca, en este caso Osakidetza”, indican desde la central.

Y añaden: “Desde LAB seguimos reclamando que se depuren todas las responsabilidades por las filtraciones, tanto políticas como penales. Vamos a pelear para que se haga justicia y para que todas estas prácticas corruptas y fraudulentas desaparezcan de una vez de nuestro sistema vasco de salud y del resto de administraciones públicas vascas. [...] Vamos a trabajar para que este juicio sea un paso fundamental en la instauración de un sistema de acceso a Osakidetza democrático, justo, transparente, libre de prácticas mafiosas y corruptas, y ajustado a los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Entretanto, epresentantes de UGT, CCOO y Satse han comparecido este lunes en la ponencia creada en el Parlamento Vasco para analizar el modelo de política de personal y de los procesos de selección en Osakidetza, un foro alternativo a la comisión de investigación que no fue aprobada al no contar Elkarrekin Podemos y EH Bildu con los votos del PP para sacarla adelante frente a los partidos del Gobierno.

Satse, UGT y CCOO no cuestionan el modelo de la Oferta Pública de Empleo (OPE) para acceder a un puesto de trabajo en Osakidetza, pero reclaman mejoras y cambios para acabar con las irregularidades sobre todo en cuanto a la composición de los tribunales y a la custodia de los exámenes, informa Efe.

La crisis por las filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas celebradas el pasado año por el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha terminado por llevarse por delante al propio consejero, Jon Darpón, máximo responsable político de la OPE. Antes salieron del Gobierno la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y el responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto. En todos los casos la marcha se ha disfrazado de dimisión y ha venido acompañada de la tradicional fórmula de agradecimiento a los “servicios prestados”. Darpón deja el Gobierno tras más de seis años en el cargo y con la certeza de que, de lo contrario, la oposición iba a aprobar su reprobación el 21 de marzo en el Parlamento y propinar así un puntapié político al Ejecutivo de PNV y PSE-EE en puertas de una doble cita electoral.

El Departamento de Salud ha hecho oficial su decisión a través de un comunicado a las 12.45 horas de este jueves y el lehendakari Urkullu hará una comparecencia sin preguntas en el Parlamento para valorar la situación y anunciar el nombre de la nueva persona responsable del Departamento, previsiblemente una mujer.

Según la nota oficial, se trata de una “dimisión irrevocable”. Destaca el Ejecutivo que Darpón “ha dedicado desde el primer día todo su esfuerzo personal y profesional a la mejora del servicio público de Salud”. Añade que “durante estos ocho meses ha actuado con determinación y transparencia, colaborando en el cumplimiento de los compromisos del programa de Gobierno [...]. Ahora bien, la actual coyuntura política y la confirmación de la presentación de una proposición no de ley de reprobación el próximo 21 de marzo ha condicionado la decisión de presentar la dimisión”.

Las denuncias de posibles irregularidades de calado en la OPE de Osakidetza fueron adelantadas por este periódico el 1 de junio de 2018, como también por la Cadena Ser. Distintos análisis estadísticos, testimonios de testigos -principalmente tres anestesistas del hospital del Alto Deba- e incluso actas notariales que 'adivinaban' los beneficiarios de las plazas mostraron que el problema afectaba a una pluralidad de categorías de especialidades médicas de las oposiciones. Varios sindicatos llevaron el caso a la Fiscalía, que en febrero determinó que había indicios de delito y señaló hasta 11 exámenes en los que podía haber irregularidades. Esta misma semana la juez de Vitoria Yolanda Varona ha admitido a trámite la denuncia del ministerio público y ha iniciado la investigación citando como imputados a tres facultativos y como testigos a otras diez personas.

La Fiscalía alude también a que hasta tres altos cargos de Darpón, incluido Soto, su 'número dos', Xabier Balerdi, y el responsable de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay, pudieron ser corresponsables del fraude. La gran novedad de esta OPE es que se 'externalizó' la elaboración de la parte teórica de las pruebas al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), precisamente para lograr más garantías. Pero este organismo no contaba con expertos en medicina y acabó tirando de miembros de la propia Osakidetza para hacer las preguntas. Muchos de los opositores con mejores notas son colegas de trabajo de los autores reales de las pruebas y fueron estos tres cargos los que entregaron al IVAP la lista de facultativos que harían los exámenes.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha resistido hasta el final a esta crisis de Gobierno, más en puertas de una doble cita electoral. Desde que llegó a Ajuria Enea en 2012 Urkullu no ha realizado más cambios en medio de los mandatos que los exigidos por el guion, el relevo de Juan María Aburto por Ángel Toña en 2015 por la salida de éste a la Alcaldía de Bilbao y un movimiento similar hace unas semanas para cubrir la baja de Alfredo Retortillo, candidato del PSE-EE en Barakaldo, con Sonia Pérez. La última dimisión en el Gobierno hay que buscarla en 2012 cuando Rodolfo Ares (PSE-EE) dejó la cartera de Interior oficialmente para volcarse en el partido en puertas de las autonómicas pero presionado también por la muerte de Íñigo Cabacas en una carga policial.

De hecho, desde el entorno presidencial se ha repetido en las últimas semanas -desde que el informe de la Fiscalía hiciese insostenible su continuidad- que Darpón podría continuar mientras tuviera fuerzas, ya que la confianza se mantenía. Es más, el lehendakari en persona ha compartido actos públicos con su consejero de Salud a pesar de la tormenta política desatada por la OPE y que iba a llevar a la oposición en pleno a decidir votar a favor de la reprobación de Darpón el próximo 21 de marzo. El seguimiento de Urkullu de esta crisis ha sido constante y en primera persona. Algunas voces han ironizado que ha aplicado un 155 en Salud, ya que dos de sus asesores han tomado posiciones como director general de Osakidetza y como responsable de comunicación.

La última reunión conocida entre Urkullu y el ya exconsejero se produjo este miércoles en el Parlamento y duró unas dos horas. De ella Darpón salió “jodido”. El rictus serio le había acompañado también en las últimas semanas. Públicamente, había asegurado que valoraría su continuidad si la oposición lograba sacar adelante la reprobación, aunque sea una resolución no vinculante.

Jon Darpón Sierra (Bilbao, 1959), médico de carrera y gestor sanitario de vocación, llegó con Urkullu al Gobierno aquel 2012. Tras haber ocupado cargos intermedios durante los mandatos del PNV, durante la etapa de Patxi López pasó al sector privado (IMQ). La primera reacción cuando se conoció el escándalo en torno a la OPE fue negar que hubiera pruebas o “elementos objetivos” que probaran las informaciones periodísticas y denuncias políticas, sindicales e internas. Para la historia quedará su frase recordando que “esto no es Venezuela” y que en un Estado de Derecho no basta con sospechas. Más tarde se conoció que Osakidetza no sólo conocía las posibles irregularidades de antemano, sino que decidió no investigarlas hasta que el caso estalló públicamente.

En puridad, aunque Darpón nunca ha reconocido públicamente que se hayan producido filtraciones en la OPE -algunas voces aluden a un sistema de enchufismo generalizado- en muchos momentos ha actuado dando por supuesto que sí las ha habido. En estos meses, por ejemplo, se han paralizado temporalmente algunas categorías médicas y se ha planteado cambiar el modelo de oposiciones.

Con Darpón se va un consejero con carácter y un estilo de hacer política. Una parlamentaria del PSE-EE, estando en la oposición, criticó duramente sus “darponazos”, sus clásicos dardos dialécticos. Curiosamente, ahora han sido los socialistas sus únicos apoyos frente a la oposición. Será recordada su 'recomendación' al representante de Elkarrekin Podemos Juan Luis Uria, médico como él, de que hiciera más ejercicio para evitar el sobrepeso.

Darpón ha gestionado el área con más presupuesto de la Administración, con una dotación de más de 3.500 millones anuales. Osakidetza en un servicio bien valorado e incluso tuvo como 'premio' en los últimos días ser recibido por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, para aprender del funcionamiento de la Sanidad pública vasca. Sin embargo, Euskadi no es ajena a problemas como el colapso en atención primaria -con movilizaciones en ciernes- o las listas de espera.

“Osakidetza es bastante más que una OPE. ”Estamos operando gente, atendiendo partos, … Decenas de miles de personas están siendo atendidas en este momento. No le quiero quitar valor al tema pero no hay ningún hecho probado“, reflexionó Darpón en una de sus últimas ruedas de prensa.

La titular interina del juzgado de Instrucción 2 de Vitoria, Yolanda Varona, firmó el pasado miércoles un auto que da inicio a la investigación del fraude en las oposiciones médicas del pasado año en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), tipificado inicialmente como un posible delito de “descubrimiento y revelación de secretos”. La primera medida acordada, según ha podido saber eldiarionorte.es, es la toma de declaración de tres imputados y de diez testigos. Las citaciones se pospondrán hasta la última semana de mayo, después, por lo tanto, de las elecciones municipales y forales -y también de las generales-. Asimismo, por el momento tampoco se despeja el futuro procesal de los tres altos cargos de Osakidetza señalados en la denuncia de la Fiscalía que dio origen al procedimiento judicial.

Como informó este periódico, el caso se residenció en Vitoria por haberse celebrado en la capital vasca las pruebas de las categorías médicas en las que se sospecha que se produjeron filtraciones para beneficiar a aspirantes muy concretos y por ser esta ciudad sede de los servicios centrales de Osakidetza. El sistema de reparto llevó el expediente a Instrucción 2, una sala cuya titular, Ana Jesús Zulueta, se halla temporalmente reforzando la Audiencia Provincial de Álava mientras se emite la sentencia del mayor caso de corrupción de Euskadi, el 'caso De Miguel'.

La magistrada que ha iniciado las diligencias, que han recibido el código 301/2019, es su sustituta, Yolanda Varona. La juez emitió la pasada semana un auto muy breve en el que acuerda admitir a trámite la denuncia de la Fiscalía -que investigó el caso durante meses y halló indicios claros de irregularidades en hasta once exámenes de la OPE- e “incoar diligencias previas”. No se recoge ninguna valoración sobre los hechos.

Como primeras medidas, la juez cita a declarar como imputados a los tres facultativos señalados por el ministerio fiscal como responsables directos de las irregularidades en las pruebas de Anestesia, Angiología y Digestivo. También prevé recoger declaración a un total de diez testigos. A algunos de ellos se les informará que, como personas “ofendidas y perjudicadas”, podrían hacer uso de sus derechos procesales para personarse en el procedimiento. Todos los interrogatorios se producirán a finales de mayo, de manera que el arranque de esta investigación estará paralizado hasta después de la doble cita con las urnas y mientras el futuro político del consejero de Salud, Jon Darpón, continúa en el aire.

Por el momento, no se ha incluido en ninguna de las dos listas, ni en la de investigados ni en la de testigos, a los tres altos cargos de Osakidetza señalados por la Fiscalía como posibles responsables 'in vigilando' de las irregularidades en las oposiciones. Son Juan Carlos Soto, el ya exresponsable de Recursos Humanos, Andoni Arcelay, director de Asistencia Sanitaria, y Xabier Balerdi, 'número dos' de Soto. Según el ministerio fiscal, sobre ellos podrían pesar elementos incriminatorios pero era prudente determinar su estatus conforme se avanzara en la investigación.

En principio, el plazo ordinario de instrucción es de 6 meses. Si la causa se declarara compleja por su extensión y dificultad, se podría habilitar un plazo de hasta 18 meses.

El consejero de Salud, Jon Darpón, aunque dispuesto a seguir en el cargo, ha dejado en el aire su continuidad en el Gobierno vasco si la oposición en el Parlamento acuerda su reprobación por la crisis de las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), en las que la Fiscalía aprecia indicios de delito, según ha trascendido esta semana. “Cuando se produzca, tomaremos las decisiones que entendamos. No sé lo que va a ocurrir. Cuando se apruebe, lo valoraremos”, ha respondido en una tensa rueda de prensa preguntado sobre la petición de dimisión de Elkarrekin Podemos y EH Bildu a la que podría sumarse el PP, formaciones que suman 38 de los 75 escaños de la Cámara.

“¿Se siente usted respaldado al 100% por el lehendakari? Yo trabajo para el Gobierno y para el país. Si no, no estaría hoy delante de ustedes. El lehendakari tiene mi puesto a su disposición todos los días”, ha preguntado y ha respondido el mismo Darpón,  médico de profesión y que ocupa el cargo desde que Iñigo Urkullu llegó a Ajuria Enea en la Navidad de 2012. Se da la circunstancia de que, por el momento, el Ejecutivo no contempla cambios, según manifestó el martes tras el Consejo de Gobierno el portavoz, Josu Erkoreka.

No obstante, Darpón ha insistido en que “no hay ningún hecho probado” que demuestre que se produjeron filtraciones de exámenes para beneficiar a aspirantes muy concretos en las categorías de las especialidades médicas. Incluso ha avalado la “solvencia profesional” de los tres facultativos cuya imputación por revelación de secretos -penada con cárcel e inhabilitación- propone la Fiscalía. Ha apelado a su “presunción de inocencia” y a que en un Estado de Derecho no se puede condenar a nadie sin pruebas.

Además, ha querido dejar claro que “Osakidetza es bastante más que una OPE”. “Estamos operando gente, atendiendo partos, … Decenas de miles de personas están siendo atendidas en este momento. No le quiero quitar valor al tema pero no hay ningún hecho probado”, ha querido enfatizar el titular de Salud, que ha visto como esta crisis se ha llevado por delante a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, al responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros.

Preguntado expresamente por su gestión en estos meses tras la proliferación de indicios de fraude, el consejero ha sido muy tajante: “Yo no he ocultado nunca nada. El consejero Jon Darpón no ha mentido en ningún momento”. Ha insistido en que desde que se tuvo conocimiento de las sospechas Osakidetza actuó y lo hizo con voluntad de transparencia y de llegar hasta el final.

Sin embargo, este periódico publicó que el responsable de Recursos Humanos, Soto, conoció antes de que el escándalo saliese a la luz pública adelantado por eldiarionorte.es y por la Cadena Ser que había sospechas de irregularidades en al menos una categoría, Cardiología. La documentación interna muestra que a finales de mayo se decidió no investigar cuando, una vez se conocieron públicamente estas denuncias, fue una de las categorías con mayores indicios de anomalías hasta el punto de que acabó suspendida por la propia Osakidetza.

Darpón ha sugerido que actuó cuando tuvo conocimiento de los hechos y no ha aclarado si Soto le dio cuenta de las reuniones y comunicaciones que motivó esa denuncia a lo largo de mayo e incluso antes de que se celebrara la OPE. En otro momento ha parecido rebajar a “comentarios” esas sospechas de filtraciones. 

Sin aclarar las medidas 

El consejero tampoco ha aclarado cuál será el futuro de los dos altos cargos señalados por la Fiscalía, además de Soto, que ya ha cesado, como responsables de la elaboración de la lista que Osakidetza envió al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y que fueron los autores reales de las pruebas teóricas de las oposiciones, aunque se publicitó que serían elaboradas por el propio IVAP. Ha recalcado que ni Xabier Balerdi ni Andoni Arcelay tienen la condición de imputados, aunque la investigación de la Fiscalía deja a criterio del juez instructor su condición porque pudieran existir elementos “incriminatorios” contra ellos.

En cuanto a los tres facultativos que sí serán procesados, dos de ellos son miembros de tribunales (Anestesia y Angiología) y esas categorías están paralizadas cautelarmente. La tercera, Digestivo, sigue su curso y está prevista la asignación de plazas sospechosas de haber sido obtenidas en algunos casos de manera irregular. “Si los servicios jurídicos determinan que no hay ningún problema para que continúe la fase de concurso, no le vemos ningún problema”, 

Si la crisis abierta en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) como consecuencia de las filtraciones de exámenes en las oposiciones de las especialidades médicas del pasado año fuese una partida de ajedrez, el 'rey' Jon Darpón ya habría perdido a su reina, la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, a algunos alfiles como Juan Carlos Soto, responsable de Recursos Humanos, y hasta peones, tales como el relevo en el equipo de Comunicación. Todos ellos han ido saliendo de sus puestos estos meses aunque la versión oficial es que no había “elementos objetivos” que confirmase la manipulación de la OPE.

Ahora, tras conocerse que la Fiscalía aprecia un delito de revelación de secretos al ver indicios de filtraciones en hasta 11 categorías y que apunta a la responsabilidad de varios miembros del equipo del consejero de Salud, el Gobierno vasco ha optado por jugar un enroque. A pesar de las peticiones reiteradas de la oposición y de los sindicatos de Osakidetza, el lehendakari, Iñigo Urkullu, continúa protegiendo al rey y en la inminente reforma de su gabinete, si no hay sorpresas, sólo saldrá el titular de Turismo, el socialista Alfredo Retortillo, candidato en Barakaldo.

Preguntado por un posible relevo en el Departamento de Salud, el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha asegurado que “no tiene sentido”. “Todo lo contrario, habría que intentar que continuara en ese trabajo. Ha acreditado su voluntad de llegar hasta el fondo”, ha remarcado el portavoz sobre su colega. Darpón romperá su silencio tras el paso dado por el ministerio fiscal este miércoles en Vitoria en una rueda de prensa convocada a mediodía en la sede central de Osakidetza. Horas antes, hablará en los micrófonos de Radio Euskadi.

Darpón también ha recibido un capote desde el PSE-EE. Su secretaria general, Idoia Mendia, ha dicho que lo principal es que las OPE sean transparentes y ha defendido que Darpón ha dado todas las explicaciones, ha hecho su trabajo y ha pedido responsabilidades, informa Efe.

Reprobación y comisión de investigación

Entretanto, en el marco también de la precampaña de cara a las sucesivas citas electorales, los partidos de la oposición han elevado el tono. Elkarrekin Podemos y EH Bildu han anunciado ya iniciativas en el Parlamento Vasco para depurar responsabilidades por el fraude de la OPE. La portavoz 'morada' Cristina Macazaga, que ha hablado de “prácticas corruptas asentadas” en la Sanidad vasca, ha anunciado que elevará a la Cámara una propuesta para reprobar a Darpón. Y la abertzale Rebeka Ubera ha vuelto a registrar una iniciativa para crear una comisión de investigación parlamentaria como la que tuvo lugar hace dos décadas en torno al 'pucherazo' en la primera gran OPE del Servicio Vasco de Salud.

Ambas parlamentarias han interpelado directamente al PP. Juntos, los tres partidos suman 38 escaños por 37 de las formaciones que sustentan al Gobierno de Urkullu, PNV y PSE-EE. Hace unos meses, los 'populares' optaron finalmente por no secundar la apertura de una comisión de investigación y dar un voto de confianza a Darpón tras el cese de la directora de Osakidetza, María Jesús Múgica.

El líder del PP vasco, Alfonso Alonso, ya ha dejado claro que habiendo una investigación judicial en marcha no ve necesaria una comisión parlamentaria -en el pasado los 'populares' defendieron lo contrario en asuntos como el 'caso Margüello' o el 'caso De Miguel'-, pero sí ha deslizado que Urkullu debería dejar caer la ficha de Darpón. Alonso, a pesar de las reiteradas preguntas de los periodistas, no ha llegado a verbalizar una petición nítida de cese o destitución, pero sus palabras sobre el “fin de un ciclo” o sobre la “agonía” que ha de acabarse tenían un claro mensaje latente. “Urkullu debe decidir si quiere seguir quemándose en este asunto y que Osakidetza siga bajo sospecha o si quiere terminar con esto”, ha zanjado Alonso, que fue ministro de Sanidad.

Los principales responsables no son cargos políticos

Al margen de la defensa de Darpón, las explicaciones del Gobierno en torno a la investigación de la Fiscalía son muy limitadas. Erkoreka ha repetido que el Ejecutivo no ha tenido una notificación “oficial” por parte de Carmen Adán y que sólo conoce el alcance de sus conclusiones por las informaciones aparecidas en los medios de comunicaciones. En todo caso, el portavoz ha reconocido que “sería grave” que los tribunales confirmasen la denuncia de la Fiscalía.

El consejero-portavoz ha querido rebajar el alcance del caso porque, según ha subrayado, la Fiscalía sólo es capaz de señalar a tres personas como presuntos responsables directos de las filtraciones -los jefes de servicio de Anestesia, Angiología y Digestivo- y ninguno de ellos es “responsable político” o “pertenece a la organización directiva” de Osakidetza. El ministerio fiscal alude también a la responsabilidad de Soto como director de Recursos Humanos y de otros dos altos cargos, su 'número dos', Xabier Balerdi, y el responsable de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay. Ellos facilitaron al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) la lista de personas que elaboraron los exámenes en las distintas categorías.

Una de las claves es que Salud presentó esta OPE como la de mayores garantías porque iba a ser un órgano externo como es el IVAP el encargado de hacer parte de las pruebas. Sin embargo, al no tener expertos médicos realmente esa labor recayó de nuevo en Osakidetza y, singularmente, en las personas elegidas por su dirección. La fiscal apunta a que el juez deberá determinar si Soto, Balerdi y Arcelay fueron meros testigos o tuvieron implicación directa en las filtraciones, también por su gestión posterior de las investigaciones a raíz de las denuncias.

Precisamente Erkoreka, como consejero de Gobernanza y Administración Pública, es el responsable político del IVAP. A preguntas de los periodistas ha reconocido que “no se puede garantizar al 100%” que se hayan cumplido los “compromisos de confidencialidad” exigibles en una oposición, aunque ha limitado a “tres personas” de “más de 1.200” que integraban los tribunales esas irregularidades.

Osakidetza “como un batzoki”

Entretanto, Elkarrekin Podemos ha puesto de manifiesto que en uno de los casos en que la Fiscalía da por probadas las filtraciones y apunta con nombre y apellidos al responsable de ellas, la especialidad médica de Digestivo, el proceso de la oposición continúa con normalidad y que se están adjudicando las plazas de un proceso trucado. “La Fiscalía ve claramente delito”, ha alertado Macazaga.

Se da la circunstancia de que este martes estaba convocada la mesa sectorial de Osakidetza, el foro que aglutina a la Administración con los sindicatos. El segundo punto del orden del día era precisamente la nueva OPE ya anunciada. LAB, según ha explicado en un comunicado, se ha levantado de la mesa al entender que se buscaba dar una “imagen de normalidad” pasando por alto las conclusiones de la Fiscalía. “Como si no ocurriera nada”, lamenta LAB, que sostiene que Osakidetza “no es un cortijo de nadie ni puede ser un batzoki”.

ESK, como LAB, fue una de las centrales que acudió a la Fiscalía a denunciar las irregularidades de la OPE. Los tres anestesistas que dieron el paso de destapar estas irregularidades, Roberto Sánchez, Marta Macho y Manoel Martínez, son afiliados de este pequeño sindicato, que reclama “el fin de este sistema corrupto y clientelar”. ESK ha pospuesto al jueves una rueda de prensa hasta conocer las primeras valoraciones de Darpón, mientras LAB mantiene su convocatoria para este miércoles.

Con las mismas pruebas sobre la mesa que llevaron al consejero de Salud, Jon Darpón, a repetir varias veces que no había “elementos objetivos” para hablar de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) -“Esto no es Venezuela. Hay que probar las acusaciones”, ha llegado a decir-, la Fiscalía y, en concreto, la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha asestado un duro golpe al Gobierno vasco al ver indicios de un delito de revelación de secretos en hasta once exámenes. En tres de esos casos hay base, además, para poner ya nombre y apellidos a los responsables, los doctores César Augusto Valero, María Reyes Vega y José Luis Cabriada como responsables de las pruebas de Anestesia, Angiología y Digestivo, respectivamente.

Concluye Adán que, dados los resultados y las declaraciones de numerosos testigos que han colaborado en la investigación, se puede determinar que la designación por parte de Osakidetza de las personas encargadas de elaborar las preguntas “funcionó correctamente en algunas especialidades” pero no así en otras, donde no se mantuvo la confidencialidad exigida. “[El sistema] Permitió a los designados y miembros del tribunal favorecer a determinados opositores en detrimento de los demás, proporcionándoles conocimiento del contenido del examen”, se puede leer tanto en el decreto del pasado 31 de enero con el que Adán ha cerrado esta investigación preliminar -el caso ha recibido el número de expediente 15/2018- como en la denuncia enviada el pasado 5 de febrero a un juzgado para que inicie formalmente un proceso penal en torno a la OPE.

Precisamente el Departamento de Salud publicitó esta OPE como la de la transparencia, ya que por vez primera parte del examen (en general, en las especialidades médicas hay una prueba teórica y de otra de casos clínicas prácticos) se iba a externalizar para garantizar la confidencialidad. Se comisionó para ello al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), con gran experiencia en estos procesos y que dispone de sistemas de seguridad que custodian bajo siete llaves los exámenes. Sin embargo, el IVAP no tiene en nómina personal especializado en materias muy técnicas como lo es una oposición médica y recurrió a profesionales propuestos nuevamente por la dirección de Osakidetza.

En muchos casos, los autores reales del examen eran miembros del tribunal y, como ha venido publicando este periódico, habitualmente hay coincidencia entre las notas más altas y los compañeros de trabajo de estos facultativos contratados por el IVAP. También en Neurocirugía, una de las especialidades en las que la Fiscalía no ha visto pruebas de irregularidades.

La lista del IVAP

¿Quién elaboró esa lista? La directora del IVAP, Maite Iruretagoyena, explicó en la Fiscalía que fueron el director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, su 'número dos', Xabier Balerdi, y el responsable de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay, los autores de ese listado. También declaró que nunca le avisaron de que esas personas eran, en buena medida, miembros de tribunales. No había control ni “criterios objetivos” para elegir a estas personas, incide la Fiscalía.

Adán ha decidido no solicitar en esta fase preliminar la imputación de Soto, Balerdi y Arcelay, pero entiende que han de declarar y que el juzgado de instrucción, a la luz de sus explicaciones, deberá decidir su situación procesal (ocurre lo mismo con los doctores Pablo Renedo, Luciano Aguilera y Alberto Martínez). Hay datos que “no excluyen” la posibilidad de que estos altos cargos actuaran en connivencia con quienes filtraron las preguntas, entiende la fiscal. Y añade que Osakidetza dio la imagen de que parte de la OPE corría a cargo de un organismo externo cuando no era cierto.

La Fiscalía desliza algunas críticas muy duras a la actuación del equipo de Darpón en la gestión de esta crisis. Menciona, por ejemplo, que Soto conoció las sospechas de irregularidades en Angiología y decidió personalmente mantener a la doctora Vega. También se ha conocido que, en el caso de Cardiología, no se decidió actuar hasta que el caso salió a los medios de comunicación. “Este proceder llama la atención”, se puede leer en el informe del ministerio público, de unas 20 páginas. Igualmente, fue Balerdi -uno de los implicados, según Adán- el encargado de investigar internamente las anomalías en esta especialidad.

Soto ya cesó como responsable de Recursos Humanos a principios de año. Dos meses antes salió también por este caso la directora general, María Jesús Múgica, a la que no se menciona entre los posibles responsables de los delitos y a la que se propone como testigo. Arcelay, en cambio, continúa en su puesto.

Igualmente, Adán destaca que Osakidetza -que públicamente ha destacado su máxima colaboración con la investigación- ha adoptado decisiones “aparentemente contradictorias” a la luz de los indicios de que disponía. También afea que no se hayan entregado todos los documentos en una categoría, Cirugía Plástica, o que no esté claro si en el análisis de Urología se estudiaron las notas correctas. El Departamento de Salud -que en las últimas fechas también ha cambiado su equipo de comunicación- se ha limitado a reseñar que no ha tenido “notificación oficial” por parte de la Fiscalía y que esperará a conocer “toda la información” antes de realizar una valoración en profundidad.

Críticas de oposición y sindicatos

La oposición, por el contrario, sí ha reaccionado a las decisiones adoptadas por la Fiscalía. “Lo dijimos al principio: no se respeta la igualdad de oportunidades y hay una práctica clientelar”, ha enfatizado Cristina Macazaga, de Elkarrekin Podemos y que ha apoyado todos los pasos de los tres anestesistas que dieron el paso de denunciar esta trama. También Rebeka Ubera (EH Bildu) entiende que esta investigación ha ratificado “las tesis que desde un primer momento” ha denunciado la oposición.

La parlamentaria del PP, Laura Garrido, insistió sin obtener respuesta en varias comisiones parlamentarias en buscar el dato de quién había decidido qué personas colaborarían con el IVAP para la realización de los exámenes. “Si las filtraciones están relacionadas con las personas que realizan los exámenes y a estas los nombra la Dirección de ”Osakidetza se apunta al papel clave y relevante de ésta en las irregularidades que están siendo objeto de investigación“, ha asegurado. El PP, en cambio, no apoyó a última hora la creación de una comisión de investigación sobre la materia al dar por suficiente la salida de Múgica. Los sindicatos -que fueron quienes pusieron el caso en manos de la Fiscalía- han sido más contundentes y han pedido abiertamente la dimisión de Jon Darpón.

En su investigación, la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha determinado que hay indicios de filtraciones en 11 categorías médicas de la gran OPE de Osakidetza de 2018, que tenía un total de 86 categorías con su correspondiente parte teórica y práctica. En tres casos ha identificado ya a los presuntos responsables de los hechos y, en las otras ocho, plantea que sea el juzgado al que ha remitido los hechos el que individualice esas responsabilidades. En cuatro casos más no aprecia evidencias de que se produjeran irregularidades. Ésta es la lista de todas las categorías analizadas.

BLOQUE 1: HAY INDICIOS DE DELITO Y RESPONSABLES DIRECTOS

Anestesia

Fue el origen de la investigación en torno a la OPE. Tres anestesistas denunciaron la práctica extendida de filtraciones y, en el caso de su especialidad, acudieron a un notario para 'adivinar' antes de la celebración de las pruebas quiénes iban a ser algunos de los mejores aspirantes, extremo que confirmaron las pruebas. Una de las denunciantes, Marta Macho, recopiló pruebas e incluso grabaciones que confirmarían la existencia de filtraciones. En ellas se escucha lo siguiente en boca de uno de los opositores, según transcribe la Fiscalía: que “está esperando la respuesta de si recibe o no las preguntas para su uso personal para seguir en su puesto, siendo como es una plaza de OPE”. El presidente del tribunal, el doctor Joseba Julen Ballesteros, ha declarado que, dados los resultados anómalos de los candidatos más próximos al autor del examen, se podría pensar que “han podido ser favorecidos por algo”. La redacción de las preguntas la realizó César Augusto Valero. Alegó que si sus colegas podían conocer los casos clínicos del examen era porque gestiona “veinte revistas” y habitualmente difunde esos contenidos. La Fiscalía destaca que los miembros del tribunal recibieron “muy nerviosos” los resultados, en los que había notas “sorprendentemente altas” aunque “sólo un 11%” había aprobado.

Angiología

La Fiscalía habla de “resultados insólitos” porque de cinco aprobados “cuatro trabajaban en el hospital de Basurto” con la autora del examen, María Reyes Vega. En este caso un vocal del tribunal, el doctor José María de Egaña, ya denunció internamente estas irregularidades. La investigación afea a Osakidetza que haya concluido que no se produjeron filtraciones cuando los indicios apuntan a lo contrario.

Digestivo

El examen corrió a cargo del doctor José Luis Cabriada. Se ha descubierto que cambiaron los criterios de la segunda prueba después de realizada la primera y la investigación no ve creíble la explicación de que se hizo porque era muy sencillo, ya que la mayoría suspendió. Así las cosas, en esa segunda “algunos de los que obtienen dicha puntuación son opositores que están trabajando con el doctor Cabriada”.

BLOQUE 2: HAY INDICIOS DE DELITO Y NO RESPONSABLES DIRECTOS

Cardiología

Antes de la celebración de la OPE, uno de los vocales del tribunal, Ángel Loma Osorio, alertó de filtraciones. Hablaba de datos “fundados” de que “parte del tribunal tenía la intención de filtrar selectivamente el contenido” de la segunda prueba. Al ver que hubo tantos exámenes perfectos como plazas ante una prueba difícil, él y una compañera denunciaron nuevamente las anomalías. Esta doctora, Izaskun Obieta, ha declarado haber visto a miembros del tribunal “contentos” por ver que sus colegas de hospital habían logrado la plaza. “No quería ser corresponsable de aquello”, le dijo a la fiscal.

Traumatología

Enrique Uriarte, jefe de servicio de Basurto, alude a posibles “filtraciones”. La anestesista denunciante, Marta Macho, avisa también de que, nuevamente, los cinco mejores expedientes son compañeros del autor del examen. Algunos miembros del tribunal se reunieron sin avisar al resto en un hotel de Vitoria. 

Cirugía Plástica

Es un caso extraño, dado que estadísticamente no parece haber anomalías. Sin embargo, una de las opositoras era familiar de un vocal del tribunal. El miembro del comité evaluador se retiró antes de la OPE y ella, sorpresivamente, realizó el examen y no lo entregó. La Fiscalía llama la atención de que Osakidetza no ha aportado algunos documentos a los que hacen alusión los testigos. 

Urología

Nuevamente, la Fiscalía da un tirón de orejas a Osakidetza porque aparentemente realizó su análisis estadístico -contratado a un experto de la Universidad de Oviedo- con unas notas que no eran las definitivas. De nuevo, hay exámenes con resultados muy altos coincidentes con el número de plazas ofertadas. 

Medicina Intensiva

“Es difícil explicar que haya un 60% de profesionales que se presentan y obtengan una puntuación por debajo de 20 sobre 100 y que, por otro lado, se encuentre un grupo con muy buenas notas”, se puede leer en el informe. Ve sorprendente la Fiscalía que Osakidetza anule parte del examen cuando a la vez no aprecia indicios de irregularidades. Un testigo asegura que no tiene pruebas pero que hay “demasiados días” desde que se ponen en común las preguntas y el día del examen, lo que “aumenta el riesgo”.

Urgencias

“Los resultados por centros en la segunda prueba son atípicos”, indica la Fiscalía.

Microbiología

La Fiscalía señala que Osakidetza no investigó esta categoría debidamente aunque haya pruebas de que un vocal del tribunal y algunos opositores compartieron ponencias en un congreso médico y que esas comunicaciones luego entraron en el examen de la OPE.

Cirugía Cardiovascular

“Queda constancia de que, al igual que en otras especialidades, la práctica seguida [para hacer el examen] permite las filtraciones”, indica la Fiscalía. Una testigo asegura que sus compañeros en el tribunal “insistieron muy vehementemente” en que tenían que conocer no las preguntas pero sí quién se iba a encargar de prepararlas. Esta mujer añade que ella iba a garantizar la confidencial de la OPE pero no así otros dos jefes de servicio. La presidenta del tribunal “cuestionó su permanencia” y ella dimitió. 

BLOQUE 3: NO HAY INDICIOS DE DELITO

Medicina del Trabajo, Neurocirugía, Anatomía y Otorrinolaringología

Megáfono en mano y “por la gracia de Dios todopoderoso”, Roberto Sánchez, uno de los tres anestesistas que denunciaron la manipulación de las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), se ha autoproclamado este martes “consejero encargado” de Salud de Euskadi. Arropado por Manoel Martínez y Marta Macho, el facultativo ha imitado irónicamente al venezolano Juan Guaidó y ha imaginado una nueva Osakidetza sin Jon Darpón y en la que nadie sea “castigado por decir la verdad” sobre las irregularidades internas. Su 'revolución' ha sido recibida con vítores.

Los tres denunciantes del fraude en la OPE de Osakidetza, ahora en manos de la Fiscalía, han sido arropados por el medio centenar de personas que colmaban desde primera hora la entrada del hospital del Alto Deba, encajonado en Arrasate-Mondragón y donde trabajan estos médicos. En este arranque de 2019 han denunciado estar sufriendo represalias por haber puesto cara y voz a las denuncias de filtraciones de exámenes en las oposiciones de Osakidetza para beneficiar a candidatos muy concretos. Bajo el lema 'Basta de cacicadas', es la primera movilización de estas características y, según Sánchez, esta “lucha” se extenderá desde el pequeño centro comarcal a toda la Sanidad vasca.

Los tres anestesistas eran de los pocos médicos en el lugar. “Estoy buscando, pero no veo a ninguno”, explicaba una mujer con pijama rosado que acompañaba a los denunciantes junto a otros auxiliares y enfermeros. También se apreciaban uniformes de personal de emergencias. En verdad, había en el lugar una cirujana y otros colegas de los denunciantes. Y algún residente que prefería no comentar nada a los medios de comunicación. Pero eran la excepción. Un jefe de servicio, de hecho, ha pasado de largo al ver la nutrida y ruidosa concentración.

Sí se han desplazado hacia la localidad guipuzcoana delegados de los sindicatos ESK -al que están afiliados Sánchez, Macho y Martínez- y LAB, los dos más beligerantes desde que esta cuestión estalló allá por junio del pasado año. Jesús Oñate (LAB) ha recordado que el gerente del centro hospitalario de Arrasate-Mondragón era presidente de un tribunal de la OPE, concretamente del de Cardiología, una de las especialidades más señaladas por las anomalías detectadas. Oñate ha criticado también la desaparición de los servicios de Microbiología y Anatomía Patológica, ya que se han centralizado los laboratorios en Vitoria.

Patxi Nicolau (ESK) se ha referido también a la gerencia del Alto Deba. “Cumple a rajatabla las órdenes dadas por el señor Darpón y por el señor [Juan Luis] Diego, director general de Osakidetza, para que cualquier atisbo de disidencia o de denuncia sea cortado de raíz”, sostiene ESK. También se han acercado las parlamentarias de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga -con otras compañeras- y de EH Bildu Rebeka Ubera, ambas portavoces en la comisión de Salud.

“Nosotros hemos dado la cara porque, si no, no hubiera tenido fuerza esto. Y no tendría que ser necesario ser un kamikaze. Sabíamos que tarde o temprano iban a intentar vengarse y ese momento ha llegado”, reflexionan Roberto Sánchez y Marta Macho, en nombre también de Manoel Martínez. Ellos son los tres anestesistas de un pequeño hospital del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), el del Alto Deba, que denunciaron públicamente lo que ahora investiga la Fiscalía y ha motivado ceses en el Gobierno: que las oposiciones médicas de Osakidetza estaban teledirigidas para que las plazas las lograran aspirantes muy concretos.

Sánchez y Macho han comparecido este martes ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco durante la presentación de la proposición de ley de Elkarrekin Podemos para “proteger” a los “alertadores” o denunciantes de casos como éste y otros de corrupción. Los facultativos han descrito su ostracismo y han reiterado, como publicó este periódico, que está en riesgo su posición laboral a pesar de que poco a poco se van confirmando algunas de sus denuncias. “En países del Norte de Europa esto estaría recompensado”, han lamentado estos profesionales, que continúan recabando toda la información posible sobre Osakidetza.

Se han sentido como “herejes” al romper una ley no escrita de silencio en el Servicio Vasco de Salud, según relatan. “La primera reacción es que nos dijeron que arriba andaban buscando una soga para ahorcarnos”, comentan. Y no son los únicos comentarios de pasillo o quirófano que les han llegado a sus oídos. “Le oí a uno con carné del PNV decir que en Sabin Etxea nos tenían muy vigilados y hemos visto otras actitudes hostiles”, desgranan Sánchez y Macho. La normativa que plantea de Elkarrekin Podemos contempla la posibilidad de protección incluso policial en los casos más extremos. ¿Ha sido éste uno de ellos? “No creo que hayan llegado a tanto, pero las expresiones verbales eran agresivas”, responde Sánchez. Su compañera apostilla: “Hemos estado a punto de activar alguna vez el protocolo de acoso”.

Una tramitación complicada

La parlamentaria morada Cristina Macazaga tiene claro que “las personas no dan el paso de denunciar si no se ven protegidas”. Según sus datos, el 36% de los denunciantes sufrieron represalias y la implantación de mecanismos seguros de alerta “puede suponer unos beneficios potenciales en la contratación pública de entre 5.900 y 9.600 millones de euros anuales y de entre 50.000 y 70.000 millones de euros en ingresos fiscales”: Evidentemente, los datos no son exclusivamente del ámbito vasco, aunque Macazaga ha indicado que “su microclima no es ajeno al clientelismo y a la corrupción”. 

Lo que no escapa a la presentación de esta proposición de ley es que su aprobación no resultará sencilla. Ni siquiera su tramitación está garantizada, al menos formulada como propuesta independiente, dado que la Cámara ya tiene abierto, a instancias de EH Bildu, el debate sobre una ley anticorrupción. Macazaga no ve motivos para que la Mesa frene este texto por “reiterativo” pero concede que “es posible que se tramite conjuntamente”, dado que “complementa” y “da contenido” a la oficina anticorrupción propuesta por EH Bildu. 

La coalición Elkarrekin Podemos registrará este martes en el Parlamento Vasco una proposición de ley para promover las denuncias de corrupción e irregularidades y para “proteger” a esos “alertadores”. “Se hace imprescindible establecer mecanismos de protección a las personas que realicen dichas denuncias, a las que hemos denominado personas alertadoras”, explican fuentes de la formación, que escenificarán la presentación de esta iniciativa con una comparecencia en la que estarán presentes los anestesistas de Osakidetza que denunciaron el pasado año el fraude en las oposiciones médicas y que ahora temen por su puesto de trabajo.

Estas fuentes explican que el texto sigue el modelo propuesto por el 'lobby' XNET. Se trata de una asociación anticorrupción creada hace una década y que ha articulado un buzón para recoger denuncias por Internet. En su 'web' destaca que su trabajo ha permitido destapar casos en toda España como los papeles de Miguel Blesa o las tarjetas 'black' de Caja Madrid. Una iniciativa política similar se está tramitando ya en el Parlament catalán merced al apoyo de Junts per Catalunya, ERC, PSC, Catalunya en Comú-Podem y la CUP. 

Elkarrekin Podemos desea blindar por ley “una serie de derechos de las personas alertadoras como son el derecho a la seguridad, a la indemnidad económica y laboral, el derecho al anonimato, el derecho a ser parte en el proceso o el derecho a la asistencia efectiva y asesoramiento jurídico”. “Básicamente, que no pierdan trabajos o contratos”, indican desde esta formación citando el caso de los anestesistas de Osakidetza. También otros denunciantes como los de Pinosolo o el 'caso De Miguel', Diego Garteiz y Ainhoa Alberdi, han lamentado el precio que han tenido que pagar tras dar el paso de sacar a la luz aspectos oscuros de la política y la contratación pública.

Entre las instituciones afectadas por esta normativa estarían “la Universidad y el Parlamento Vasco”, además de la estructura del Gobierno y sus sociedades públicas. La propuesta abre el abanico, asimismo, para investigar prácticas irregulares en el ámbito “privado”, es decir, en partidos políticos, sindicatos o, en general, organismos y empresas que reciban financiación pública. 

Ya hay una iniciativa de EH Bildu en trámite

Se da la circunstancia de que el Parlamento Vasco, a instancias de EH Bildu, tramita ya otra ley para la creación de una oficina de buenas prácticas y anticorrupción siguiendo el modelo de Navarra. Una parte de su articulado se centra también en la creación de un buzón anónimo para recibir información sensible. 

Tras su admisión a trámite en el último pleno de 2018 (sólo el PP se abstuvo), la Mesa de la Cámara abrió la pasada semana el plazo de enmiendas, que se acabará el 22 de febrero. Teniendo en cuenta que ambas iniciativas tocan un tema similar, no sería descartable que la Mesa frenara por “reiterativa” la proposición de ley de Elkarrekin Podemos, aunque nada impide que esas propuestas puedan ser incorporadas vía modificaciones del texto de EH Bildu ahora en debate. Es más, ambas formaciones necesitan apoyos de otros partidos para lograr la aprobación de estas medidas anticorrupción.

Dos de los tres anestesistas que desde el pasado verano vienen denunciando las irregularidades detrás de las oposiciones a especialidades médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) han iniciado 2019 con importantes cambios en su puesto de trabajo en el hospital del Alto Deba, algo que interpretan como una “represalia” por haber alzado la voz. Marta Macho ha visto caer su jornada (y su salario) al 60% luego de que las dos colegas cuyas reducciones de jornada cubría hayan sido “invitadas”, según denuncia, a trabajar más horas. Manoel Martínez, por su parte, perderá su plaza a partir del 15 de febrero por el regreso de la compañera a la que sustituía y se limitará a trabajar “tres o cuatro días” al mes haciendo guardias, con la consiguiente merma económica.

“Les puede la venganza. Estamos sólo dos en la Unidad del Dolor. Conmigo al 60%, la cobertura médica no se va a llevar a cabo”, indica Macho, quien como Martínez no tiene una plaza fija. Ambos denunciaron junto a un tercer anestesista, Roberto Sánchez, que los procesos selectivos para el acceso a esos puestos estaban teledirigidos para que los consiguieran candidatos muy concretos. “Voy a perder el 40% del salario”, explica la facultativa, que valora ya un traslado a otro centro de Osakidetza, aunque sin garantías de ningún tipo. “En Urduliz o Txagorritxu necesitan gente, pero no me lo van a poner fácil”, asegura.

Martínez, de origen gallego, llegó a la Sanidad pública vasca para cubrir la baja de otra anestesista. “Hace nada me llamaron para informarme de que había cogido el alta. Ahora estoy con sus vacaciones pendientes hasta el 15 de febrero. Después sólo me han ofrecido hacer guardias, trabajar tres o cuatro días al mes. Ni siquiera sé lo que pasaría a cobrar”, señala este médico, que subraya que la profesional ahora de alta está tramitando desde hace tiempo su baja definitiva. 

Según Patxi Nicolau, delegado del sindicato ESK, al que pertenecen estas tres personas, no es casual que Osakidetza haya hecho regresar a personas de baja o invitar a quienes tenían reducciones de jornada a trabajar a jornada completa o más horas. “Es muy difícil de demostrar pero ¡qué casualidad!”, protesta Nicolau, que este lunes ha analizado esta situación con tres directivas del hospital del Alto Deba sin que, a su juicio, le hayan ofrecido explicaciones claras.

Consultado por este periódico el Departamento de Salud, sus portavoces han negado tajantemente cualquier irregularidad. “Nadie de Osakidetza ni del Departamento de Salud ha dado ninguna instrucción específica para ningún profesional concreto de la OSI Debagoiena”, indican estas fuentes.

En este contexto, el tercero en discordia, Sánchez, ha decidido solicitar 'motu proprio' una reducción de jornada al 60% de modo que sus compañeros puedan trabajar más horas. “No hay más personal. Los necesitarán”, argumenta. Por el momento, aún no tiene la respuesta de Osakidetza a su instancia, aunque en principio cumple los requisitos. Martínez, Macho y Sánchez temían represalias desde que denunciaron las filtraciones en la OPE. “Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero lo que sí hemos oído es a gente no afín decirnos 'ya se os va a acabar la gracia'. Sabemos que estamos debajo de la muela. Nos tienen ganas. Está clarísimo”, opina Martínez. “Nos tienen vigilados”, apostilla Sánchez.

Cuando estalló el caso, la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, que ha cesado a raíz de esta crisis, ya amagó con denunciar ante la Fiscalía a los tres anestesistas. Según expuso en el Parlamento, cometieron “tentativa de actuación fraudulenta” porque “acudieron a distintos vocales [del tribunal del examen de Anestesia] solicitando bien las preguntas o bien ayuda”. En realidad, como explicó Macho en una entrevista con este periódico, lo que hicieron era reunir pruebas precisamente para denunciar esas prácticas. 

El Sindicato Médico de Euskadi (SME) reclama la “indiscutible necesidad de un nuevo sistema de selección” que garantice los principios de “igualdad, mérito y capacidad” en las oposiciones de acceso a las plazas de especialidades médicas en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ante la polémica surgida por las irregularidades denunciadas en la última convocatoria que obligarán a repetir algunas pruebas. La Fiscalía mantiene abierta una investigación desde antes del verano que avanza de manera discreta.

“Seis años de carrera, la preparación al MIR, cuatro o cinco años de especialidad, miles de horas de estudio, otras tantas de guardias, práctica clínica, quirófanos, … Todo este esfuerzo para que en algunos casos el obtener una plaza en el sistema de salud público quede a merced de ser uno de los  'elegidos'”, asegura el SME en un boletín interno contradiciendo la versión del Departamento de Salud, que ha concluido su investigación interna asegurando que “lo único demostrado” es que “no hay pruebas” de que se produjeran filtraciones para beneficiar a aspirantes muy concretos de categorías muy concretas.  

El SME insiste, además, en que las irregularidades “no son nuevas” de esta OPE: “Vienen ocurriendo desde hace tiempo. Ya desde el año 1998 el SME publicó unos resultados 'anómalos' y así lo ha seguido haciendo en todas las sucesivas OPE”. En efecto, las estadísticas de resultados elaborados por esta central, como también por LAB o ESK, muestran en algunos ejercicios notas cercanas a la perfección en exámenes generalmente difíciles y que habitualmente coinciden en número con las plazas ofertadas. Un análisis cualitativo de algunas especialidades indica también cómo los mejores opositores comparten centro hospitalario con el autor del examen.

Según el SME, la clave es que ahora “la sensibilidad social es otra” ante casos de corruptelas o enchufismo y lamenta que no sólo hayan quedado “salpicados” los culpables sino también “muchos inocentes” y que “la profesión médica se haya visto desprestigiada”. En este escenario, plantea tres medidas de cara no sólo a la repetición de las pocas pruebas cuestionadas por Osakidetza (Angiología -teórico y práctico-, Anestesia -también teórico y práctico- y Cardiología -sólo práctico-) sino a futuras convocatorias. La primera son “exámenes únicos tipo test” con sistemas de corrección “anónima” y “objetiva” y elaborados por personas “ajenas” a los tribunales y a los opositores. La segunda es dar un “peso decisivo” a la experiencia profesional y, la tercera, seleccionar “al azar” a los vocales de los tribunales para garantizar su “imparcialidad”.