Amparo Díaz, reconocida con el I Premio Igualdad Abogacía de Sevilla: “La ley sin igualdad es solo papel mojado”
Amparo Díaz Ramos batalla desde los inicios de su carrera por que la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito jurídico sea una realidad. Experta en la materia, ha abordado tanto la violencia física, la psicológica y hasta los impedimentos que hay en la administración para que se haga cumplimiento de la ley. En virtud de esta trayectoria ha sido reconocida con el I Premio Igualdad Abogacía de Sevilla, concedido por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS), y para el que da una reflexión contundente: “La justicia sin igualdad es, en realidad, un papel mojado”.
La letrada lleva más de dos décadas asistiendo a víctimas de violencia machista, papel que la ha llevado a ejercer como coordinadora del Turno de Violencia de Género del ICAS entre 2001 y 2009, donde es actualmente coordinadora del Turno contra la Trata y otras formas de Explotación Sexual. Además, ha sido galardonada con el Premio Meridiana en la modalidad Iniciativas contra la violencia de género por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en 2015 y recibió la Medalla de la Ciudad de Sevilla en 2022, entre otras distinciones.
Al echar la vista atrás, Díaz recuerda uno de los primeros casos que fue un punto de inflexión en su carrera: el asesinato de una niña a manos de su padre. “Se podría haber evitado. Eso hizo que no trabajara como una abogada clásica, sino como una abogada activista reclamando siempre mejoras”. De las agresiones físicas, visibles y palpables, cuyas últimas consecuencias eran el sesgo de una vida inocente, pasó a estudiar casos en los que la violencia psicológica pasaba a ser la protagonista, una cuestión que en la actualidad está presente en los tribunales pero que no se visibilizó hasta la ley orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004.
“Legislación muy poco garantista”
Así, la ley comprendía “todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”. Un marco novedoso en la jurisdicción española que también daba paso a crear los juzgados especializados. “Eso me hizo estudiar muchísimo, más todavía, sobre psicología y victimología, y hacer cada vez una apuesta más segura por la formación multidisciplinar”, menciona.
En evolución constante, la abogada asume en la actualidad un campo mucho más extenso y complejo por los veriecutos que implica desentrañar los fallos del sistema que, a pesar de la normativa imperante, elude cumplir en multitud de ocasiones con sus deberes y responsabilidades: “Es importante que las víctimas sean reparadas también de la segunda victimización que sufren por su paso por los tribunales y por las administraciones públicas”.
¿Cuáles son los deberes que quedan pendientes? “En España tenemos una legislación que, en comparación con otros países de nuestros entorno cultural, es bastante avanzada, pero es una legislación muy poco garantista”, resume, “por tanto, hay grandes normas cuyo cumplimiento luego es parcial”. Al respecto, cita el artículo 19 de la ley orgánica de 2004, en donde se establece que los servicios especializados que atienden a la mujer víctima de violencia de género podrán pedir a los juzgados medidas urgentes, “sin embargo, no se hace, aunque el artículo esté ahí”.
La ausencia del desarrollo de la norma impide que haya un compromiso por parte de las instancias locales y autonómicas para que se dote de medios a tales servicios. Con ello, se malogra la interconexión entre las áreas competentes y, sobre todo, la confianza de la ciudadanía: “Veo cada vez una distancia más grande entre los servicios especializados en atender a las mujeres y los tribunales, por lo que creo que habría que acortarla. Hay que colaborar, y la información y los conocimientos de los servicios especializados tiene que llegar a los tribunales”.
Sevilla y el negacionismo
Un tándem para el que, de no cumplirse, exige que haya consecuencias, ya que, “hasta ahora hay una especie de voluntarismo, pero se tiene que cumplir”. Andalucía terminó el año 2025 como la comunidad que acumulaba un tercio de los casos por violencia machista. Los factores a tener en cuenta a la hora de abordar tal lastre social son múltiples y complejos, aunque, entre ellos, toma forma el discurso negacionista, procedente tanto de los sectores de la derecha y extrema derecha como la llamada manosfera, que afecta directamente a la ciudadanía con los recortes en políticas de igualdad o el trasvase de términos que minimizan la violencia ejercida hacia las mujeres.
“Sevilla es una ciudad que destaca por el negacionismo de la violencia de género en las instituciones públicas, incluido en los tribunales. No somos referentes en materia de igualdad, así que nos queda muchísimo por mejorar”, sostiene. Aparte de los recortes presupuestarios de la alianza entre PP y Vox en el gobierno local, hay declaraciones que minan el camino construido, como las defendidas por una concejala de Vox que negaba la existencia de la brecha salarial de género, o el rechazo a reconocer como Lugar de Memoria Democrática las pintadas históricas del colectivo LGTBI en los juzgados hispalenses.
Ante este retroceso, Díaz reclama que la abogacía sea “consciente” y “responsable”: “No solo trabajamos por la justicia, sino por la igualdad, y si no se hace de forma unida, no lo conseguiremos, porque, como decía, la justicia sin igualdad es papel mojado y, por otro lado, la igualdad requiere de la proporcionalidad que da la justicia”. Por ello, continúa asesorando, investigando, entablando colaboraciones, todo ello, por no cejar ante la ola reaccionaria de los sectores que amagan con el retroceso en los derechos sociales.
Entre sus proyectos más inmediatos, está la elaboración de un curso en la Escuela de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), en donde abordará el tratamiento que se da desde los medios de comunicación a las víctimas de violencia de género, sobre todo en lo referente a quienes la han sufrido o sus familiares. Junto a ello, continúa promoviendo las quejas ante las administraciones públicas. ¿Es David contra Goliat? “Por una parte, tenemos que conseguir que la administración comprenda que tiene que cumplir con su deber de servicio a la ciudadanía y, por otro, cuidar al funcionariado para evitar que se queme y, a la vez, sea consciente de que su labor radica en el bien común”.
'Abogacía' vs. 'abogados'
En vista de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la letrada no se amilana al dar su parecer sobre el dictamen en el que se justificaba que el término abogados dentro de la nomenclatura Colegio de Abogados de Sevilla no invisibilizaba a las profesionales. “Hay que tener en cuenta la historia de la humanidad y, también, la legislación en favor de la igualdad que existe, la cual intenta precisamente romper con que lo masculino represente a lo femenino”, explica. A ello, añade que “el avance será que cada vez habrá más colegios profesionales que utilizarán nombres que abarquen tanto a los hombres como a las mujeres, al igual que a las personas no binarias”.
Es más, admite con entusiasmo que el título elegido para el galardón es el mejor: “La palabra abogacía incorpora al mismo nivel lo masculino y lo femenino”. Así, el lenguaje inclusivo se incorpora en un área más del ICAS, como sucede en la celebración de otros congresos o en la aplicación móvil, a pesar de que la organización que cuenta con siglos de historia se resista a la decisión más visible, más representativa, como ocurrió con el Colegio de Abogados de Granada.
La creación del I Premio Igualdad Abogacía de Sevilla responde, tal y como traslada el ICAS en un comunicado, al “compromiso” con la promoción de la igualdad como principio estructural del Estado de Derecho y como valor esencial del ejercicio profesional. Con esta iniciativa, se reconocerá públicamente a aquellas personas, entidades o iniciativas que contribuyen de forma significativa a la eliminación de las brechas de género y al fortalecimiento de una cultura jurídica basada en la equidad, el mérito y la corresponsabilidad.
El obsequio tiene carácter anual y su entrega se vincula a las actividades que el Colegio organiza en torno al Día Internacional de la Mujer, reforzando así el compromiso institucional del ICAS con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. A preguntas de este medio, desde la organización admiten sobre el caso del TSJA que será una transformación que se dé de forma “gradual”, pese a que las votaciones del 25 de junio de 2022 no permitieran que se diera el cambio definitivo. Un fallo que motivó la demanda por parte de un grupo de 18 abogadas que, en vista de la sentencia del TSJA, estudian presentar un recurso de casación ante el Supremo.