El PP da otra victoria a Vox en Sevilla: prohibirá el burka y el niqab en el Ayuntamiento sin que haya amparo legal

Carla Rivero

Sevilla —
13 de marzo de 2026 15:46 h

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El Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla satisface a Vox al haber declarado su apoyo a la moción que se votará en el pleno municipal el próximo jueves que trata sobre la prohibición del burka y el niqab en las dependencias municipales. Con el rotundo, el único argumento esgrimido en contra fue que no hay amparo en la normativa estatal para que el consistorio realice tal procedimiento, por lo que los populares echaron mano a la confección de un posible informe jurídico para calmar las aguas, de no prosperar la medida.

En la Comisión Especial de Control y Fiscalización del Gobierno, el grupo de ultraderecha sorteó las propuestas relativas al Día Internacional de la Mujer para entrar rápidamente al terrero: en aras de la seguridad para el “correcto” funcionamiento del servicio público, la concejala María Cristina Peláez mantuvo que la medida era “sencilla, proporcionada y legal” y solo se ajusta a que “quien se dirige a la administración, debe ser identificado”. “No planteamos prohibir prendas religiosas en la vía pública ni cómo viste nadie en su vida privada”, matizó, sin embargo, acusó a los gobiernos centrales de “promover políticas migratorias irresponsables” y del aumento de la población musulmana en el país, “principalmente de origen marroquí”, relacionando, por tanto, un hecho y otro.

Quien minutos antes había negado la existencia de la brecha salarial por razón de género, comentó que no se trataba de “un debate teórico o una discusión teológica abstracta”, obviando deliberadamente la ofensiva que lleva Vox a nivel nacional tras el fracaso de su propuesta en el Congreso de los Diputados. “El burka o el niqab no es una expresión cultural inocente ni una simple forma de vestir, es el símbolo más evidente de discriminación hacia la mujer en las sociedades islámicas”, reiteró, “la izquierda está aceptando su sometimiento, porque nosotros estamos con aquellas mujeres que luchan en el mundo por no llevarlo”. No obstante, se han posicionado para prohibir también los menús halal o defienden la cultura cristiana como la vertebradora de la sociedad actual.

El PP, replegado

En representación del gobierno local, el primer teniente de alcalde Juan Francisco Bueno confirmó que “sí” apoyarán la iniciativa, porque “no nace en ningún caso del rechazo a ninguna religión ni de la negación de la libertad religiosa”, sino que, a su juicio, se hacía en base a “los valores de nuestra democracia”. Aun así, el concejal admitió lo siguiente: “Me he pronunciado en un 'no' claramente al burka y al niqab”.

El concejal pedía “un debate sereno” para abordar un tema de tal calibre en el que se ha volcado la derecha y extrema derecha en los últimos meses, pero decía “no entender” las razones compartidas por la izquierda en el debate municipal. En cualquier caso, admitió que desconocía si el Ayuntamiento podía dar establecer esa serie de restricciones “si no hay una ley que lo ampare”: “Esa es la única duda que tenemos, de si podremos ponerlo en práctica”. Por ello, motivó la elaboración de un informe jurídico antes de continuar con el procedimiento, pidiendo al mismo tiempo el apoyo a nivel nacional de la propuesta de ley de su partido.

Así, el PP municipal se repliega ante Vox, del que ha dependido tanto para la aprobación de presupuestos como para las horas extras de la Policía Local, entre otras medidas, cuando a nivel autonómico y estatal hay un pulso por separar los enfoques de los partidos en el intento de atraer a un votante cada vez más volátil. Fue el propio presidente andaluz, Juanma Moreno, quien inició el ataque en aras de proteger su mayoría absoluta de 55 diputados tras el 28F, atacando a los de extrema derecha mediante las consignas que presentan para disolver las autonomías, “¿para qué están ahí sentados?”, aludía. A pesar de las directrices, los ayuntamientos populares se han asociado a Vox a la ahora de abordar la migración, como ha sucedido en los municipios almerienses de Níjar o El Ejido, aunque se abstuviera en Málaga.

“Problema ficticio”

Si bien Peláez criticó que la izquierda se escudara en “cifras y estadísticas” para no apoyar la moción, la cuestión es que, tal y como defendió Ismael Sánchez, del grupo Con Podemos-Izquierda Unida, no hay ninguna queja formal en las dependencias municipales ni por parte de las fuerzas de seguridad que custodian la administración. “Las trabajadoras municipales del distrito, a quienes hemos consultado, nos dicen que eso no pasa y desde la policía local nos dijeron que hubo un caso en un distrito: simplemente se levantó el velo, comprobaron la identificación con el DNI y ya está”, zanjó el portavoz.

Por tanto, calificó la moción como “un problema ficticio” que venía a “fabricar un enemigo imaginario, a sembrar odio y a utilizar a una minoría de mujeres como diana política”. “Estamos ante una maniobra de propaganda ultra que solo quiere atraer islamofobia y xenofobia”, aduciendo que tales prohibiciones solo fomentan “un aislamiento mayor” que dificulta la protección de las mujeres que pertenecen a esta comunidad. En este punto, su posicionamiento lo resumió así: “No queremos que ninguna mujer tenga que llevar ninguna prenda por imposición”.

En una sentencia del Tribunal Supremo de 2013, que anuló así varias de las normas impuestas por los ayuntamientos en otro periodo de tensión política como eran las graves consecuencias de la crisis económica de 2008, se razonó que el veto podía provocar un “efecto perverso”. Por ejemplo, el “enclaustramiento de la mujer en su entorno familiar inmediato” si decide priorizar sus convicciones religiosas sobre “otras consideraciones”. Según la resolución, cerrar el acceso a los espacios públicos con estos atuendos que ocultan el cuerpo de la mujer resultaría “contrario al objetivo de integración”. Lejos de proteger la igualdad o eliminar la discriminación, podría contribuir a “incrementarlas” al forzar su aislamiento social. 

“Desde los derechos humanos y la educación”

Otra sentencia judicial a la que se aludió durante la comisión fue la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero, al contrario que hizo Vox, su razonamiento está alejado de cuestiones de género o religiosas. La Corte de Estrasburgo mantenía que la prohibición de las prendas que ocultan la cara era aceptable, pero exigía que los motivos que las promovían también lo fueran. Francia, Bélgica, Austria, Dinamarca, Países Bajos, Portugal, Alemania y Bulgaria ya han promulgado leyes que se amparan en esta resolución, que defendía “las reglas básicas de la comunicación social” y la “convivencia mutua”, pero admitiendo que hay mujeres que las llevan por elección propia y, en aras de la consabida seguridad, solo se aplica en lugares sensibles, como aeropuertos, o en una emergencia.

Desde la bancada socialista, Sonia Gaya, aun mostrando su rechazo al burka y al niqab, defendió su negativa a la moción que “trae un debate cultural para generar problemas de convivencia que no existen”. “La forma no es señalar el burka o el niwab para que queden excluidas en sus casas, sino desde los derechos humanos, y la educación: el foco lo ponemos en las mujeres, no en el patriarcado y en el machismo”, sostuvo, subrayando que la ley de Seguridad Ciudadana -ley mordaza- permite la identificación del rostro de cualquier persona en caso de que haya un peligro inminente.

8 de marzo

La moción se debatía después de un debate acalorado en torno al Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado 8 de marzo, donde el presidente de la comisión pidió calma a los grupos en diversas ocasiones. A falta de una declaración institucional, PSOE y Con Podemos-IU presentaron una iniciativa en la que, entre otros puntos, se reclamaba la reactivación del Consejo de la Mujer, la distribución de los cuadernos sobre educación afectivo-sexual o el cierre de la oficina antiaborto, además de una estrategia divulgativa para la prevención de violencia de género en el ámbito digital.

En respuesta a las exigencias y presumiendo del uso de la inteligencia artificial, José Luis García, concejal de Familia, Igualdad y Derechos Sociales, criticaba el posicionamiento de la oposición ante lo ocurrido en el Consejo de la Mujer. “Expulsan a muchas entidades del grupo de WhatsApp, porque no bailan al son que ustedes tocan, quieren controlar el consejo y quedan para aleccionar”, indicó, quitándole valor a los puntos expuestos por 26 de las 40 asociaciones que conforman el órgano que reclama un papel más efectivo dentro del consistorio hispalense.

Al respecto, mostró los éxitos de la legislatura, como la licitación de la Casa de la Mujer después de que lo aprobara el Gobierno de Espadas (PSOE) en el año 2021 o la ejecución del 88% del presupuesto en el área de Igualdad, frente al 53% del épocas anteriores. Sin embargo, las concesiones que le ha hecho el PP a Vox dentro de la agenda política son muchas y sonantes, como los recortes en las partidas en igualdad, cooperación, atención a la población migrante o la cláusula antipalestina a la hora de pactar los presupuestos municipales, mientras que los oficios religiosos de San Fernando y la Inmaculada aumentaban en 100.000 euros.

En la resaca del 8M, la concejala de Vox, Peláez, decidió afirmar lo siguiente: “Existen mujeres con unos trabajos determinados y unos hombres con otros trabajos y una remuneración específica; no hay una desigualdad salarial en Andalucía o España”. Pese a lo reiterado, la Comisión Europea define y reconoce tal diferencia entre mujeres y hombres y, según la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2024, hay una brecha en la actualidad del 20%, la cual asciende al 26% en Andalucía. Es decir, el salario medio anual se situaba en 31.116 euros para los hombres y 25.958 euros para las mujeres a nivel nacional. Una casuística sobre la que la socialista Encarnación Aguilar fue directa: “Lea”.

Por su parte, Susana Hornillo (Podemos) defendió que el debate sobre la igualdad y el papel que articula en la sociedad moderna “es más necesario que nunca ante el avance del negacionismo de la violencia machista y el discurso de odio contra el feminismo, que pretende ridicudizarlo y borrar décadas de conquistas sociales que han permitido que todas las mujeres vivan con más libertad”.