El desalojo que se cernía sobre once familias del barrio sevillano de Palmete, con nueve menores a su cargo, ha quedado en el aire después de que el Banco Santander (entidad propietaria de los inmuebles) haya informado a la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) que ha solicitado la “suspensión del lanzamiento” por el plazo máximo legal (60 días hábiles). Además, se habría comprometido “a solicitar una ampliación de dicho plazo en caso de que resultara necesario”, todo antes de que se produzca un desahucio programado para el 5 de diciembre.
Así lo indican a Europa Press fuentes municipales, que añaden que este viernes tuvo lugar una reunión entre representantes del banco y de Emvisesa acerca de la situación de las familias residentes en el inmueble en cuestión, ubicado en el número 54 de la calle Verdad.
Asimismo, y “atendiendo al interés común de las partes en encontrar una solución habitacional adecuada para las familias afectadas”, Emvisesa, a través de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV), ha solicitado la “documentación pertinente” con el fin de analizar individualmente la situación de cada unidad familiar y “proponer una solución habitacional definitiva”.
En este sentido, la plataforma vecinal Barrios Hartos, junto a otras organizaciones sociales, se manifestaron este jueves frente al Ayuntamiento de Sevilla ante el desahucio previsto y para pedir al gobierno local y a la Junta de Andalucía que “obliguen al banco que gestiona el inmueble a respetar las condiciones de las familias”.
No obstante, desde el citado colectivo se asegura que aún no han recibido comunicación oficial al respecto y que, incluso, personal judicial han notificado a los vecinos, in situ, que las alegaciones “no son tenidas en cuenta por el Juzgado de Instrucción número 8”. En un comunicado, Barrios Hartos señala que los problemas entre una promotora, Emvisesa y el banco “no están por encima del derecho a una vivienda digna. Recordamos que accedimos a nuestros contratos por ser vivienda VPO”.
Asimismo, subrayan que “no necesitamos alternativas habitacionales”, dado que “tenemos casa, en un edificio que, además, sin ayuda de nadie, hemos tenido que cuidar por nuestra cuenta”. Emvisesa “sabe desde el principio de nuestra situación, y no desde hace pocos días, como nos dijeron el pasado martes. A pesar de todo, celebramos y queremos confiar en la buena fe del personal de la empresa pública”.
“Llevamos años deseando que el pleito se resuelva para que se regularice nuestra situación, a lo que el juez se ha negado una y otra vez, a pesar de los múltiples intentos por nuestra parte de personarnos en el procedimiento”, apunta el comunicado. Por eso, y a la espera de una confirmación oficial, “nuestra lucha no cambia de objetivos: nuestras vidas se respetan y de nuestras casas no nos movemos”.
“Nuestra reivindicación es quedarnos en nuestras casas, porque no queremos que después de años de incertidumbre y ninguneo todo esto acabe con nuestras vidas en cajas de cartón”, apostillan los afectados. “Si las instituciones no se ponen al servicio del pueblo, el pueblo solidario está con nosotros, y a ello apelamos, al sentimiento de solidaridad y repulsa a las actividades especulativas de los bancos y fondos buitre de las que somos víctimas por nuestra condición de clase trabajadora”.
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