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La Casa de Alba está en la recta final para conseguir la regularización de sus nueve pozos ilegales, mientras en paralelo un juez investiga si con estas mismas captaciones se ha cometido un delito contra el medio ambiente. Ambos caminos son independientes, hasta el punto de que el expediente administrativo (que tramita la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) no hace ni mención a que estos puntos de extracción son los mismos que protagonizan una actuación judicial. En este contexto, Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones para que no se les conceda permiso al menos hasta que concluya la causa en el Juzgado de Sanlúcar la Mayor.
En el documento presentado a la Confederación del Guadalquivir, al que ha tenido acceso este periódico, se recuerda que los pozos sin autorización son objeto de una investigación judicial y de un expediente sancionador por parte del propio organismo estatal (depende del Ministerio para la Transición Ecológica) encargado de conceder los permisos de riego. En el punto de mira está Eurotécnica Agraria, la empresa de la Casa de Alba con la que los Martínez de Irujo gestionan varias fincas, entre ellas Aljóbar, donde se han localizado estas captaciones sin licencia en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, a tiro de piedra de Doñana.
Ecologistas en Acción, por ello, solicita que la Confederación “no emita un informe definitivo” sobre la cuestión “hasta que la vía judicial no haya finalizado”. Eurotécnica Agraria está a punto de recibir este visto bueno definitivo, tras un primer informe favorable en 2023 de la Oficina de Planificación Hidrológica que ha sido recientemente corroborado por la Comisaría de Aguas. Todo ello, con unos informes en los que “no se hace mención alguna a la instrucción” judicial pese a que ambos procesos “están estrechamente relacionados” y a que la petición de regularización se hizo “curiosamente” a los dos meses de la denuncia de la Guardia Civil.
¿Y los permisos para hacer los pozos?
De hecho, en el informe de regularización –técnicamente, transformación de derechos privados a públicos– lo que se plantea es incorporar unos pozos ya existentes en la finca, pero “no hay referencia alguna a la legalidad de esos sondeos”. Es decir, que no sólo no se pone sobre la mesa que están inmersos en una causa judicial, sino que tampoco se menciona que no tienen licencia y que la propiedad ha sido sorprendida dos veces utilizándolos.
A su juicio, “se debería señalar la posible ilegalidad” de estas captaciones, “y por consiguiente ralentizar o paralizar el expediente administrativo” para su regularización “hasta que la instrucción judicial no haya terminado”. En este sentido, critica que “sería paradójico” que la Comisaría de Aguas otorgara definitivamente informe favorable “y que, en un futuro, el Ministerio Fiscal presentara escrito de acusación por presunto delito ambiental” contra Eurotécnica Agraria.
La Confederación tiene previsto conceder este permiso básicamente porque no se consumirá más agua de la autorizada en la actualidad y porque, además, considera que repartir las extracciones en diez puntos mejorará la hidrodinámica del acuífero. De esta manera, se evitará la formación de conos de depresión al tener que profundizar más cuando se bombea desde una única localización, un argumento que la Casa de Alba ha replicado ante el juez para argumentar que sus pozos ilegales han mejorado la situación del acuífero. El magistrado, por cierto, ordenó mantener este proceso de legalización.
Por su parte, Ecologistas en Acción apunta que las captaciones no sólo carecen de permiso para extraer agua, sino que tampoco se aportan los que en teoría deberían constar para su construcción en sí, como la licencia municipal o el permiso de la Junta de Andalucía como administración competente en materia minera. A ello une discrepancias en la documentación oficial sobre cuántos sectores se quieren regar con estos pozos (de naranjos y olivar superintensivo) y qué dotación de agua se concede por hectárea y año.
“Apoyo de la corporación local de la época”
En las alegaciones se aprovecha para recordar que en el entorno de esta propiedad de la Casa de Alba “han tenido lugar cambios de uso” de los terrenos forestales y modificaciones de la cubierta vegetal para cultivos agrícolas. En el caso concreto de Aljóbar, “se llevaron a cabo cambios de uso que en su momento fueron denunciados, sin que finalmente prosperaran”
En este punto, se desliza que –entre otras cuestiones– eso ocurrió “por el apoyo de la corporación local de la época, al entender que estos cambios eran beneficioso por la generación de puestos de trabajo que representaría”. Ante esta circunstancia, llega incluso a plantear que el informe definitivo de la Confederación del Guadalquivir “recoja las autorizaciones que consten en la propiedad que los terrenos que actualmente se cultivan cuentan con resolución favorable de la administración forestal andaluza”.
En cuanto a la investigación judicial, la Fiscalía aportó en su momento un informe de la Guardia Civil en el que se apunta a un daño ambiental que cifra en hasta seis millones de euros y que puede ser irreversible por el volumen de agua extraída, que rondaría los 6.600 millones de litros durante esos diez años. La Casa de Alba, por su parte, admite la existencia de estos pozos y que carecían de contador volumétrico, pero insiste en que nunca ha usado más recursos hídricos de los que tiene legalmente asignados.