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Las organizaciones ecologistas han reaccionado con estupefacción ante el anuncio del Gobierno andaluz de que la mina de Aznalcóllar ya tiene todas las bendiciones legales para reabrir. Ante el nuevo escenario que se abre, Ecologistas en Acción anuncia que llevará a los tribunales la nueva autorización minera y SEO/Birdlife alerta de que “vulnera la filosofía del Pacto por Doñana acordado entre la Junta de Andalucía y el Ministerio”. Greenpeace, por su parte, incide en el impacto en el Guadalquivir y avisa de que “se está firmando un nuevo vertido que podría suponer la sentencia de muerte de un ecosistema ya dañado”.
Ecologistas en Acción ha tachado la decisión de “irresponsable, temeraria y contraria al interés general de la ciudadanía andaluza”. De paso, avisa de que el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, “no se ajusta a la realidad cuando asegura que el proyecto de reapertura no dispondrá de ninguna balsa de residuos”.
SEO/BirdLife, en paralelo, ha denunciado que el Consejo de Participación de Doñana no ha sido informado del proyecto respecto al cual “se ignoran los efectos acumulativos de vertidos anteriores y las recomendaciones científicas basadas en el principio de precaución”. “Esta decisión del Gobierno andaluz vulnera la filosofía del Pacto por Doñana acordado entre la Junta de Andalucía y el Miteco e ignora las recomendaciones de la Unión Europea y organismos internacionales como Unesco, UICN y la Convención Ramsar”, resalta.
Balsa de lodos tóxicos mineros
“El proyecto pretende depositar durante los 17 años previstos de operación millones de toneladas de nuevos lodos tóxicos mineros, concretamente el 50% de los residuos del proceso de tratamiento del mineral, en la antigua corta de Aznalcóllar, donde actualmente ya están depositadas millones de toneladas de lodos procedentes de la rotura de la balsa de 1998”, señalan los ecologistas. A su juicio, ese método convertirá esa vieja corta de Aznalcóllar “en una balsa de lodos tóxicos mineros, mientras la consejería opta por calificar esa actuación como relleno a efectos de restauración”.
Greenpeace, por su parte, no considera que el proceso de restauración asegure que la balsa vaya a eliminar la presencia de metales pesados, y recuerda además que el material de rellenado también tendrá presencia de elementos contaminantes que dañarán tanto al acuífero como al Corredor Verde del Guadiamar. Igualmente, recuerda que la reapertura de la mina supondrá un vertido total de 85,5 hectómetros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados durante 18 años y medio, el equivalente al consumo total de la ciudad de Sevilla en un año.
Ecologistas en Acción alerta además que con ello la alianza empresarial promovida por Grupo México y la andaluza Minorbis, que explotará la mina mediante su sociedad instrumental Minera Los Frailes, “no tendrá la obligación de elaborar y ejecutar un Plan de Emergencia Exterior ante posibles accidentes, roturas o fugas de lodos contaminados”. En esta línea, tampoco “tendrá obligación de implantar ninguna de las medidas de seguridad establecidas en la legislación minera para las instalaciones de residuos mineros de categoría A”.
“Contaminación impune”
“La experiencia acumulada nos indica que los residuos mineros que van a ser depositados en la corta de Aznalcóllar, reconvertida en balsa de lodos tóxicos mineros, sin duda contaminarán impunemente tanto las aguas subterráneas del acuífero de Gerena (reserva estratégica de agua de consumo humano para Sevilla y área metropolitana para épocas de sequía), como ya lo hizo la cercana mina de Las Cruces cuando inició su actividad en 2008. Y estos residuos mineros contaminarán las aguas superficiales de la cuenca del Corredor Ecológico del Guadiamar, incumpliendo las bases del concurso minero que adjudicó los derechos mineros en febrero de 2015”, avisan.
El consejero Paradela, por su parte, defendía este mismo viernes que este proyecto, que cuenta con la correspondiente autorización ambiental unificada; supone una inversión cercana a los 500 millones de euros y la previsión de generar 1.200 empleos directos e indirectos, así como 800 inducidos. Además, también destacaba que será “una mina subterránea y no a cielo abierto” y que el aprovechamiento de la vieja corta parte de una “práctica reconocida como mejor técnica disponible por la Unión Europea”.
SEO/BirdLife lamenta que la decisión permite el vertido de más de 85.000 millones de litros de aguas tóxicas al río Guadalquivir, afectando a la Zona de Especial Conservación del Bajo Guadalquivir y al propio Espacio Natural de Doñana, sin que se haya evaluado adecuadamente su impacto. Todo ello entre frecuentes alertas científicas sobre cómo afectará para mal también a la actividad económica de numerosos municipios, con la acumulación de investigaciones y con peticiones para que el Consejo de Doñana analice las posibles consecuencias.
El anuncio se ha hecho además en pleno juicio por la adjudicación administrativa del proyecto minero. “Con la autorización otorgada, entendemos que el consejero Paradela asume y se convierte en cómplice de los posibles delitos de corrupción que actualmente se están juzgando”, enfatiza Ecologistas en Acción.
Los plazos de la mina
La empresa ya ha anunciado que la actividad comenzará a principios de este verano con la construcción de la nueva estación de tratamiento de agua, preadjudicada a Aqualia Industrial, con una inversión de 50 millones de euros. En la primera mitad de 2026 se activará una inversión de 150 millones de euros para la construcción de la planta de proceso, las labores subterráneas y otras infraestructuras asociadas al inicio de las operaciones.
El objetivo es completar el 100% de la inversión en 2027 para procesar en 2028 las primeras toneladas de mineral. Los Frailes será una mina de zinc, cobre y plomo con un sistema de explotación subterránea y sin balsa de residuos, a diferencia del proyecto anterior que gestionaba Boliden Apirsa.