Un grito ciudadano en defensa del Guadalquivir frente a la “amenaza inminente” de los nuevos vertidos mineros
Miles de ciudadanos han respondido este sábado a la llamada de los colectivos ecologistas para defender el Guadalquivir frente a la “amenaza inminente” de convertir el río en “una cloaca de residuos tóxicos al servicio del extractivismo minero”. Así lo han advertido las organizaciones convocantes de una manifestación que ha partido del Palacio de San Telmo –sede de la Junta de Andalucía– y ha concluido en las Setas de la Encarnación, encabezada por una pancarta con el lema No a los vertidos mineros.
La movilización ha contado con el respaldo de más de 70 organizaciones, entre ellas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, además de colectivos pesqueros y agrarios, entidades de defensa de la salud pública y casi una decena de ayuntamientos ribereños. Los participantes han reclamado que se frenen los nuevos vertidos mineros autorizados por la Junta de Andalucía y que se evalúen de forma independiente sus posibles consecuencias ambientales y sanitarias, alertando de que “el río se enfrenta a una crisis ambiental sin precedentes”.
Con este grito de alerta se han referido los riesgos que, a su juicio, entrañan los vertidos autorizados por la Junta para la nueva fase de actividad de la mina de Cobre Las Cruces, en Gerena, y para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, gestionada por Minera Los Frailes. Las organizaciones sostienen que ambos proyectos suman unos 130.000 millones de litros de aguas con metales pesados que podrían acabar en el estuario del Guadalquivir.
La preocupación no se limita al impacto ambiental. Los colectivos ecologistas advierten además de los posibles efectos sobre la salud pública, a tenor de los resultados de una investigación reciente que ha detectado concentraciones muy elevadas de metales tóxicos en peces de la zona del Guadalquivir en la que vierte la mina Cobre Las Cruces, con niveles de contaminantes que los autores califican de “récord mundial”. Los datos también apuntan a que se superan en un 100% los límites máximos de plomo fijados por la Unión Europea para el consumo humano.
Ante este escenario, las organizaciones convocantes han vuelto a reclamar una moratoria de los nuevos vertidos –que están autorizados, pero aún no se han puesto en marcha– y la creación de una comisión técnica y científica independiente que evalúe la contaminación acumulada en el estuario y los posibles efectos conjuntos de ambos proyectos. También piden a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que deniegue la concesión solicitada por Minera Los Frailes para evacuar las aguas de las cortas mineras de Aznalcóllar y Los Frailes hasta la zona de especial conservación del estuario, a través de una conducción de unos 30 kilómetros.
Objetivo: “salvar vidas”
Estas peticiones llevan sobre la mesa desde 2024 y por eso creen que ha llegado la “hora de que la sociedad hable alto y claro”, en palabras de Luis Berraquero, responsable de Greenpeace en Andalucía, quien ha celebrado el respaldo ciudadano que ha tenido la convocatoria. “Esperamos que la voz de la ciudadanía llegue pronto a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que se cumplan las exigencias de la plataforma”, ha reivindicado Berraquero al término de la convocatoria en declaraciones a SevillaelDiario.es.
Minutos antes, Antonia Herrero, presidenta de la asociación Salvemos el Guadalquivir, advertía de las consecuencias de los vertidos proyectados: “Con las toneladas de metales pesados que tienen autorizados, se terminaría con la vida en el río”, concluyó la bióloga, que aludió también al impacto que pueden tener en el ecosistema y las actividades económicas que dependen del río. “Estamos hablando de pesca, marisqueo, agricultura, incluso el turismo, además de la salud de las personas también se puede ver afectada por la ingesta de productos contaminados con metales tóxicos”, señaló Herrero.
En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Coria del Río, Modesto González, uno de los representantes municipales que respaldan la movilización: “Esto hay que pararlo porque tenemos que salvar las vidas de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas”, resumió el regidor. El Ayuntamiento de Coria del Río forma parte del grupo de municipios ribereños que apoyan la convocatoria, junto a los de Chipiona y Trebujena, en Cádiz, y Lebrija, Las Cabezas de San Juan y Los Palacios y Villafranca, en Sevilla.
La batalla por los vertidos mineros que contaminan el Guadalquivir trasciende el ámbito estrictamente ambiental, pues el estado del estuario condiciona actividades como la pesca artesanal, el marisqueo y el cultivo de arroz en el Bajo Guadalquivir, además de la conservación de los espacios naturales protegidos vinculados al río, entre ellos Doñana. Por ello, reclaman que cualquier evaluación tenga en cuenta no solo los efectos sobre los ecosistemas, sino también las posibles consecuencias para la seguridad alimentaria y la economía de los municipios ribereños, que ya expresaron su temor ante el impacto económico y en la salud que podrían tener los vertidos.
La Junta defiende las garantías ambientales de los proyectos
Frente a las advertencias de las organizaciones ecologistas, las empresas mineras sostienen que ambos proyectos cumplen “escrupulosamente” los requisitos legales y ambientales exigidos y recuerdan que han superado los procedimientos necesarios para obtener las autorizaciones, incluyendo condiciones y controles destinados a vigilar la calidad de las aguas y prevenir posibles impactos en el río.
Un día antes de la manifestación, la Junta de Andalucía anunció que el pasado julio había contratado a la Universidad de Sevilla para estudiar la situación ambiental del estuario del Guadalquivir. “Los primeros resultados obtenidos no evidencian afecciones a la calidad de las aguas ni a los sedimentos del estuario que sean motivo de preocupación”, señaló la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en una nota de prensa difundida el viernes, 24 horas antes de que se celebrara la multitudinaria manifestación que ha recorrido el centro de Sevilla contra los vertidos mineros.
El Gobierno andaluz viene defendiendo que las autorizaciones se sustentan en informes técnicos de las consejerías implicadas y que las explotaciones están sujetas a condiciones y controles ambientales. “Preguntar por los riesgos es legítimo, pero también es responsable explicar las medidas ejercidas para prevenirlos”, señaló al respecto la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Adolfina Martínez, durante la última comisión parlamentaria en la que se abordaron los vertidos mineros al Guadalquivir.
La consejera trató entonces de tranquilizar insistiendo en que el proyecto cuenta con garantías de seguridad. En el caso de la mina de Aznalcóllar, destacó que el proyecto prevé reciclar más del 80% del agua utilizada en el tratamiento del mineral, además de someter los vertidos a controles analíticos y contemplar su interrupción si fuera necesario.
Las organizaciones convocantes, sin embargo, cuestionan que las evaluaciones realizadas hayan tenido suficientemente en cuenta “los efectos acumulativos y sinérgicos” de los nuevos vertidos, así como la compleja dinámica del agua y los procesos fisicoquímicos del estuario. Por ello, reclaman que se aplique el principio de precaución y el de no deterioro recogido en la Directiva Marco del Agua para evitar nuevas descargas mineras en esta zona protegida.
El manifiesto con el que han cerrado la jornada de protesta ha recordado que el Guadalquivir ya presenta signos de contaminación por metales pesados que vinculan a la actividad minera desde 2009. Así lo denunciaron en una carta remitida al Gobierno andaluz hace año y medio. Desde entonces, la principal novedad ha sido la autorización para reabrir la mina de Aznalcóllar, prevista para 2028.
Con los vertidos todavía pendientes de comenzar, las organizaciones convocantes confían en que la presión ciudadana manifestada en las calles llegue a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y consiga que reconsideren las autorizaciones antes de que las descargas supongan un “riesgo irreversible” para el Bajo Guadalquivir y el espacio natural de Doñana, así como para los arrozales de la marisma sevillana y la reserva de pesca de la desembocadura.