El movimiento memorialista andaluz se une contra el “parón” en las políticas públicas para las víctimas del franquismo

El 14 de junio se conmemora el día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura, como señala el Art. 17 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Esta vez, como en aquella manifestación de noviembre de 2021, se ha logrado un consenso en el movimiento memorialista y se ha acordado un manifiesto y concentraciones en diferentes provincias para protestar contra el “parón” de las políticas públicas de memoria histórica y democrática, precisamente el año en que se cumple medio siglo de la muerte del dictador.

La fecha llega “un año más, con plena actitud reivindicativa, reclamando para nuestra tierra que se desplieguen desde las instituciones andaluzas políticas que permitan mantener la memoria de las víctimas y reivindicar los valores democráticos y la lucha del pueblo andaluz por sus libertades, así como avanzar en los objetivos memorialistas de verdad, justicia y reparación”, se apunta en el manifiesto, respaldado por la Federación Andaluza de Memoria Democrática (FAMD), entidades y colectivos locales defensores de la memoria histórica de las distintas provincias , que prevén como acto central una concentración este sábado a las 11.00 en la Plaza Nueva de Sevilla para el cual quieren hacer un llamamiento a la ciudadanía.

¿Con qué objetivo? Para “manifestar su absoluto rechazo al desmantelamiento de las políticas públicas de memoria, que paraliza las actuaciones emprendidas o proyectadas, incumple las leyes de memoria estatal y andaluza, reduce drásticamente las partidas memorialistas en el caso de la Junta o las deja en 0 euros en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, desmantelamiento que se evidencia desde la llegada de los gobiernos del Partido Popular tanto en los ayuntamientos –especialmente el de Sevilla– como en la Junta de Andalucía”.

Según recuerdan, la Ley de Memoria de Andalucía, aprobada en 2017 sin votos en contra, establece que se “garantiza el derecho de la ciudadanía andaluza a conocer la verdad de los hechos acaecidos, así como la protección, conservación y difusión de la Memoria Democrática como legado cultural de Andalucía, en el período que abarca la Segunda República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista y transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía”.

Con base en ello, “hacemos un llamamiento amplio, a toda la ciudadanía andaluza, y especialmente a la gente más joven, que no vivió aquellos años de represión, pero en cuyas familias se esconden miles de historias de torturas, represión y asesinatos impunes de sus abuelos y abuelas”. “Preguntad por ellas, que no caigan en el olvido, que la llama constante de la lucha por el reconocimiento y su dignidad nunca se apague, para exigir saber la verdad, reclamar justicia y trabajar por la reparación merecida”, sugieren.

“Incumplimientos e inacciones”

A modo de ejemplo, el movimiento memorialista ha detallado algunas de “esas muestras de paralización y abandono”, de las que vienen informando elDiario.es Andalucía y SevillaelDiario.es. Por parte del Ayuntamiento de Sevilla, “la desatención a las familias de víctimas de la represión franquista con el cierre de la Oficina de Memoria Histórica y cancelación del dispositivo de recogida de muestras de ADN o la paralización intencionada de la iniciación de los trabajos para la exhumación de la fosa Monumento, la de mayor importancia del cementerio de Sevilla -en la que se estiman 2613 víctimas -, que cuenta con la financiación de todas las administraciones menos las gobernadas por el Partido Popular”. Asimismo “la ralentización del proyectado Centro de la Memoria de Ranilla, la paralización del Consejo Sectorial de Memoria Democrática, el abandono de los programas educativos y divulgativos de memoria, la negativa a depurar el callejero de nombres y simbología franquistas, la supresión de honores, recompensas y distinciones a franquistas, así como resaltar que la Memoria Democrática brilla por su ausencia en el presupuesto municipal no asignándole ni un solo euro”.

Por parte de la Junta de Andalucía entre sus “principales incumplimientos e inacciones” apuntan los convocantes “los drásticos recortes en las dotaciones económicas destinadas a los planes de memoria democrática, la enorme tardanza en la realización de los cotejos genéticos y la nula información así como la escasez de resultados positivos, la paralización de declaraciones de Lugares de Memoria, la falta de desarrollo reglamentario de la Ley de Memoria Andaluza, su pasividad e inacción ante el incremento de actos de enaltecimiento del franquismo y de los discursos de odio, la no publicación del Censo de Victimas, la falta de promoción de actos de reconocimientos institucionales de las víctimas y el incumplimiento del currículum escolar sobre memoria democrática, entre otros”.

Ante este panorama, desde el movimiento memorialista se reafirman en “reclamar el derecho de las familias a saber donde están los restos de sus familiares, su derecho a conocer la verdad, a que se haga Justicia, al reconocimiento y reparación moral para todas las víctimas del franquismo, incluidas todas aquellas cuyos derechos fueron vulnerados después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, inmersos aún en las luchas que se dieron por la consolidación de la democracia, los Derechos humanos y los valores democráticos”.

La Memoria Democrática es – según marcan las leyes – una exigencia ética, una obligación legal para los gobiernos. Ahora más que nunca exigimos se observe escrupulosamente, especialmente en un momento político de auge de la ultraderecha a nivel internacional, con claras señales en nuestra tierra que pretenden trasladarnos a tiempos oscuros de nuestra historia pasada.