Soledad tiene 66 años y lleva 36 viviendo en el número 107 de la calle San Luis, en pleno centro de Sevilla. A unos metros de la Plaza del Pumarejo, el ir y venir de turistas y maletas es notorio. Es una mañana cualquiera del mes de mayo en una zona de la capital hispalense que ha visto cómo se ha incrementado progresivamente el número de apartamentos para ser alquilados por las personas que visitan la ciudad, que no para de crecer y que responde a una “ideología turística” que se hace muy presente en los cascos históricos. En enero, un sorpresivo whatsapp advertía a Soledad de que no abonara la mensualidad hasta que los nuevos propietarios le comunicaran los nuevos datos bancarios. Estas semanas atrás ha ido recibiendo “presiones” para abandonar el piso, asegura. Le han ofrecido 5.000 euros para que se marche. Con una ayuda de menos de 500 euros y el pago del alquiler, apenas le llega para más. Lleva ya tiempo buscando otro hogar, pero no le da.
Es la única vecina del bloque de 13 viviendas que resiste. En el segundo piso vive otra mujer a la que, con un contrato de alquiler de renta antigua, “no pueden echar”, apunta el geógrafo Ibán Díaz, coautor del estudio multidisciplinar Turismo, desarrollo urbano y crisis en las grandes ciudades andaluzas y que acompaña a SevillaelDiario.es en la visita para conocer el piso de Soledad y la situación por la que está pasando desde hace unos meses. “Pinta pisos turísticos”, resume el experto acerca de la situación de Soledad. “¿Más pisos turísticos? Aquí hay mucha gente que se está haciendo multimillonaria pero a costa de la salud de los demás”, resume Soledad en alusión a otra vecina, puerta con puerta, fallecida recientemente con 72 años. Soledad aguanta la situación a base de pastillas, asegura haber recorrido “media Sevilla” buscando casa y clamando por asesoramiento legal, que viene recibiendo en el Punto de Información de Vivienda y Encuentro (PIVE) con la ayuda de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).
“Más tranquila” en los últimos tiempos “gracias” a ese asesoramiento, Soledad tiene una habitación llena de cajas por si se tiene que terminar yendo y que tiene preparadas desde la llegada de los nuevos propietarios, la empresa Pasaje Belter 33 S.L., dedicada a la compraventa de bienes inmobiliarios y que no querido atender a este periódico. Soledad quiere seguir en la vivienda, básicamente por una razón: “¿Y adónde voy ahora?”. Abogados de oficio y asociaciones de consumidores han sido otros de sus objetivos mientras le crecía “el miedo en el cuerpo”. “No podría salir hasta que no se le ofrezca una alternativa habitacional”, le tranquiliza Díaz, que aconseja que siga pagando los recibos, que avise a la Policía Local si advierte algún peligro por las obras y que acuda a la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda a exponer su situación.
Hasta 550 euros por un cuarto piso sin ascensor le han legado a pedir por un techo en La Algaba, a media hora de la capital, que le buscaron unos amigos del barrio a raíz de que, durante una Inspección Técnica de la Edificación a finales del año pasado, ella viera “cosas muy raras en una ITE” como que le midieran el balcón y la cocina, o escuchar que querían construir un ascensor llevándose por delante parte de una habitación. Soledad le viene pasando los recibos de alquiler desde febrero a la citada empresa, cuyo nombre descubrió a partir de los mismos porque “nadie me ha dicho quién es ahora la propiedad”, a la que ya ha cogido “en varias mentiras”, advierte. “Todo me sonó muy mal desde el primer momento”, añade.
No le da el dinero, insiste a las puertas del edificio, donde en 1927 murió el compositor Fernando Palatín, uno de los grandes músicos españoles del siglo XIX, a quien recuerda una placa en la fachada. Dentro del edificio señorial, un buen número de operarios hacen sonar trompos y martillos en las viviendas donde hasta hace poco residían sus vecinos y que, por diversas circunstancias, se han ido marchando del lugar tras el cambio de propiedad, que desde el pasado otoño ha dejado de alquilar. Están en desuso los bajos del edificio, que servían como peluquería y panadería a otros inquilinos, uno de los cuales también salió definitivamente del edificio a raíz de los movimientos. Esos bajos está previsto que también sean rehabilitados, pero “no tienen ventilación adecuada para servir de vivienda”, apuntan Soledad e Ibán.
La humilde vivienda de Soledad, por la que paga algo más de 200 euros al mes, refleja claramente el paso del tiempo. Las obras que le rodean desde primeros de años han ido haciendo también mella, relata. Grietas en las paredes y en el suelo han llevado a Soledad a tener “miedo” hasta de ducharse porque, según denuncia, el piso tiembla a veces y teme que se le caiga encima el termo. Los paneles de pladur en las viviendas en las que trabajan a destajo los operarios están recién colocados. Soledad asegura que la sociedad que ahora le arrienda su casa tiene otras propiedades en la zona, en concreto en el Pasaje de Valvanera.
Soledad estuvo el día anterior recogiendo en la Gerencia de Urbanismo una nota simple del lugar que habita por consejo de “la gente del PIVE”, desde donde insisten en que con una licencia de obra menor “no pueden hacer lo que están haciendo”. “Nos dijeron que las querían vender y nos metieron miedo diciéndonos que iban a empezar las obras por las escaleras y zonas comunes. Quedábamos ya cinco y de los cuatro que quedaban, aparte de mí, una se ha muerto y los otros tres se han ido yendo”, relata Soledad, que alude a cantidades muy superiores ofrecidas a otros inquilinos, tales como 60.000 euros o 19.000 euros. Un piso segundo del bloque se vende en un conocido portal inmobiliario por 195.00 euros.
“Aquí tienen oro puro”, comenta Díaz, que relata que viene siendo una operación habitual en la zona la adquisición de viviendas en este tipo de edificios para luego venderlas, señalando justamente el inmueble contiguo, resplandeciente tras una remodelación. “El centro de Sevilla está perdiendo entre 500 y 600 personas al año por estas operaciones. Esto es lo que está pasando, lo que conlleva un aumento en los precios de los alquileres”, resume el experto, quien recuerda que, según el padrón municipal de habitantes, el centro histórico de Sevilla ha perdido más de 4.000 habitantes desde 2012, cuando en la primera década del siglo XXI ganaba población.
Entre la información aportada por Díaz a este periódico, la modificación del PGOU de Sevilla no establece unos umbrales de saturación de viviendas turísticas por barrios, en algunos de los cuales del centro histórico de Sevilla las viviendas turísticas ya son más del 30% de la vivienda residencial.
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